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Justicia de Cabo Verde pronto tendría dictamen sobre envío de Álex Saab
Alex Saab fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 mientras se dirigía a Irán en una misión del Gobierno de Caracas.
El Tribunal Constitucional (TC) de Cabo Verde prevé tener pronto su veredicto sobre los recursos aún por resolver presentados por la defensa del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en contra de su extradición a Estados Unidos.
Según fuentes judiciales consultadas las decisiones del TC sobre los recursos pendientes en el caso Saab -quien fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 mientras se dirigía a Irán en una misión del Gobierno de Caracas- llegarán en los «próximos días o semanas».
En concreto, el TC estudia aún una solicitud que defiende la inconstitucionalidad de la detención de Saab (Inspección Concreta de Constitucionalidad), tanto en lo relativo a la actuación de la Policía como de la Justicia caboverdiana.
Este proceso, junto con un recurso de amparo presentado también ante el TC, es actualmente una de las pocas estrategias procesales restantes para evitar la extradición del empresario colombiano.
El martes pasado, el propio TC rechazó ya otra solicitud de la defensa para que Cabo Verde aceptara y cumpliera una recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) pidiendo suspender provisionalmente el proceso de extradición.
El CDHNU había solicitado a Cabo Verde que se abstuviera de ejecutar la entrega e instaba a permitir a Saab el acceso a «atención médica adecuada» después que el colombiano, de 49 años, interpusiera una denuncia ante ese organismo que alegaba «tortura y malos tratos» en el momento de su arresto, así como «condiciones inhumanas y degradantes de la detención debido a la falta de cuidados médicos».
Pese a ello, máximo tribunal caboverdiano rechazó el martes pasado la petición alegando que las decisiones de ese comité ni tienen fuerza de ley, ni el país está obligado a acatarlas.
Más concretamente, el fallo argumentaba que «la recomendación del CDHNU es administrativa y no judicial» y que «sólo los actos jurídicos que emanan de órganos judiciales competentes» supranacionales «vinculan a Cabo Verde».
