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Las razones de la Corte para capturar al senador Aguilar

En las últimas horas, el país conoció la captura del senador de Cambio Radical Richard Aguilar, luego de una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia, que lo sindica como presunto determinador de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, autor de interés indebido en la celebración de contratos y coautor de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propia y de terceros. 

Tras la detención, el senador permanece en el búnker de la Fiscalía, hasta que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), designe un centro de detención al cual será remitido.

El congresista, tras la captura, confirmó su renuncia al Congreso de la República y en una carta enviada al presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, aseguró que la decisión “obedece a la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que me impide continuar con el normal desarrollo de mis deberes y funciones como congresista”.

Con la renuncia, lo que busca la defensa de Aguilar es que el proceso de investigación pase a manos de la Fiscalía, pues según se expondrá, los hechos por los que investigan al senador ocurrieron de 2014 a 2015, cuando fue gobernador del departamento de Santander, por lo que las presuntas actuaciones no tendrían nada que ver con su actividad como congresista.

El penalista Camilo Iván Pizza, en conversación con Colpresa explica que el proceso de investigación sí podría terminar en manos de la Fiscalía, pero el juzgamiento del caso seguirá estando en manos de la Corte Suprema de Justicia, que también es la entidad que juzga a los gobernadores.

“El fuero Constitucional señala que cuando se es congresista, investiga la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y juzga la Sala de Juzgamiento, que si bien son dos salas separadas, siguen siendo la misma Corte. Cuando se es gobernador (como pasa con Aguilar cuando ocurrieron los hechos), esto implica que investiga la Fiscalía General de la Nación y acusa ante la Corte Suprema, es decir, quien juzga es la Corte, pero investiga la Fiscalía”.

El abogado agrega que “ahora, al renunciar, la Corte no puede seguirlo investigando, lo tendrá que investigar la Fiscalía, porque los hechos ocurrieron cuando él era gobernador. Eso significa que sigue juzgando la Corte, pero posiblemente cambiará el investigador. Ahora investigaría la Fiscalía, porque él ya no ostenta el título de congresista…».

El senado deberá definir si acepta la argumentación de Aguilar y si le dan el sí a su renuncia. Luego, la Corte tendrá que entrar a revisar la competencia y allí se define si el proceso continúa en esta instancia o si se remite todo el proceso a la Fiscalía.

¿POR QUÉ ACUSA LA CORTE A AGUILAR? 

Este proceso se abrió el pasado 20 de mayo, cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema acusó a Aguilar por posibles irregularidades en contratos suscritos entre 2014 y 2015, cuando fue gobernador de Santander.

Presuntamente, el congresista realizó una adjudicación de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Además, lo acusaron de peculado e interés ilícito en celebración de contratos y, adicionalmente, de la comisión de delitos contra la administración pública.

El senador es investigado puntualmente por un contrato en el reforzamiento del Estadio Alfonso López, en la Villa Olímpica de Bucaramanga, en 2015, por un valor superior a los 24.000 millones de pesos.

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