El futuro de la paz, el ‘cartel de la toga y Odebrecht’, retos de la justicia en 2018

La justicia colombiana no puede seguir siendo ciega y sorda ante sus propios escándalos. Todo el país reclama una profunda reforma en la que se acabe la impunidad para las altas cortes

 

Los retos para este año para las Altas Cortes incluyen el compromiso adquirido de lograr una reforma a la justicia que se construya desde las propias Corporaciones, con discusión con las bases judiciales, en medio de un año que se caracterizará por la contienda electoral.

Así, en medio de la coyuntura, cuando se conocen ya propuestas de los precandidatos presidenciales para hacer un referendo al respecto, implica la organización de las Altas Cortes que, a su vez, adelantan reformas internas de reglamentos en procura de la transparencia, medidas todas surgidas tras el bochornoso espectáculo de corrupción judicial que el país conoce como ‘El Cartel de la Toga’.

Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado necesitan de los recursos económicos que les permita poner en marcha las reformas que crearon la doble instancia para el juzgamiento penal de altos funcionarios del Estado y para los procesos de pérdida de investidura.

El caso de la Corte Suprema es tal vez el más urgente. La reforma constitucional se promulgó al finalizar la semana pasada, por lo que en teoría ya podría ser aplicada. No obstante, para la Sala Penal es claro que mantiene todavía la competencia para seguir con todos los procesos que lleva de única instancia a congresistas, gobernadores, magistrados, entre otros.

Así lo hizo saber el jueves pasado al inicio de una nueva sesión del juicio a Jorge Pretelt. No obstante, se espera una avalancha de peticiones de abogados pidiendo que sus clientes puedan contar con la doble instancia. Fuentes de la Corporación explicaron que el criterio por ahora es solo uno: la reforma no puede operar hasta que materialmente sea posible, es decir, cuando se nombren y se elijan a los nuevos magistrados que integrarán la Sala que se encargará de la primera instancia, ya que la Segunda estaría a cargo de la actual Sala Penal.

Para esto, se necesita además recurso y probablemente una nueva sede, ya que en el Palacio de Justicia actualmente no cabe nadie más. Además de estos retos estructurales, explica cuáles son las principales decisiones que cada Corporación tiene y que deben conocerse este año.

 

 El Fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez le ha prometido al país resultados en investigaciones claves como Odebrecht, ´el cartel de la toga´, Reficar y el desangre a las finanzas territoriales.

 

LA PAZ EN LA CORTE CONSTITUCIONAL

Tal vez el escenario más trascendental para el futuro del proceso de paz y su implementación está en la Corte Constitucional, que tiene todavía por fallar 18 procesos, entre los cuales están siete leyes y actos legislativos y 11 decretos.

Ahora, el proceso más esperado es del proyecto de ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que está en manos del magistrado Antonio José Lizarazo, y de cuyo estudio depende el inicio de esa justicia especial y de la posesión de algunos de sus integrantes que se negaron a hacerlo hasta no saber con claridad si están plenamente facultados para ser magistrados.

Además, todavía debe fallar la Ley de Amnistía e indulto (Ley 1820 de 2016) y el decreto que la reglamenta, el 277 de 2017. En ambos casos ya hay ponencia y habría condicionamientos para los beneficiados. Incluso, se pide tumbar el artículo que suspende las investigaciones a guerrilleros amnistiados y a trasladados a zonas veredales.

La Corte igualmente debe fallar todavía el Estatuto de Oposición, y la reforma que permite a las FARC tener partido político y le asigna curules (Acto Legislativo 93 de 2017).

Igualmente, debe estudiar la Ley 1865 de 2017, que permite la ampliación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección para la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC y el Acto Legislativo 04 de este año, que reforma al sistema de las regalías y asegura recursos para financiar los proyectos necesarios en el posconflicto.

Entre los decretos que hacen falta está la reglamentación de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, el decreto que establece un tratamiento especial para miembros de la Fuerza Pública, el que permite poner habeas corpus por demoras en la aplicación de la Ley de Amnistía, y el decreto que modifica la Fiscalía para el postconflicto y crea la unidad contra el paramilitarismo.

 

‘LA TOGA’ Y ODEBRECHT EN LA SUPREMA

Sin duda la Corte Suprema de Justicia debe continuar el camino de ‘limpiar’ la casa y renacer, como lo advirtió su presidente saliente, magistrado Rigoberto Echeverri, quien en pocos días será reemplazado por el jurista José Luis Barceló, según pudo establecer Colprensa.

La tarea de cambiar la imagen de la Corte ante el escándalo de corrupción del ‘Cartel de la Toga’ pasa precisamente por continuar las investigaciones al respecto que actualmente tienen próximo a acusación al senador Musa Besaile e investigados a Álvaro Ahston, Nilton Córdoba, Argenis Velásquez, Hernán Andrade, Julio Manzur, entre otros.

El caso más avanzado es el de Musa Besaile, quien está a la espera de que sea llamado a juicio; mientras que los otros procesos están en indagación. Todavía no se ha definido si Luis Gustavo Moreno tendrá que ser llamado para declarar en el caso de Córdoba y Velásquez, quienes fueron los últimos a quienes se les abrió investigación.

Precisamente, una de las decisiones más esperada es la condena a Moreno por los delitos de concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada que aceptó haber cometido en su condición de jefe Anticorrupción de la Fiscalía General, por direccionar grandes investigaciones de corrupción que llevaba en contra del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, por el robo a las regalías del departamento y por el denominado ‘Cartel de la Homofilia’.

Con la aceptación de cargos, la Corte deberá este año dar a conocer la sentencia y determinar si tendrá una rebaja del 30 o del 50% de la pena.

Entre tanto, se espera que, para febrero, la Corte resuelva otro asunto crucial: el futuro del magistrado Gustavo Malo Fernández, investigado por el ‘Cartel de la Toga’, quien presentó una nueva incapacidad médica que le impidió a la Sala Plena poder hacer la sesión en la que se esperaba poder separarlo de sus funciones. Malo estaría esperando que en la Comisión de Acusaciones de la Cámara se resuelva su situación lo más pronto posible.

Eso sí, en cuestión de semanas se definirá un asuntó que marcará un hito para la Corte Suprema: la colaboración eficaz que ofreció Musa Besaile a cambio de beneficios judiciales, luego que la Corporación diera un giro y permitiera estos mecanismos que no son propios de la Ley 600 del 2000, que es la que rige para los congresistas.

El ventilador de Musa se sumará al ventilador del también suspendido senador Bernardo Miguel Elías Vidal, conocido como ‘Ñoño’, quien tendrá la otra semana la primera audiencia al respecto y quien dijo a la Corte que recibió dinero de la multinacional Odebrecht para impulsar campañas políticas “orientadas a poner fin a la confrontación armada”. En la diligencia, se espera que la Corte decida si acepta o no esa colaboración que ofrece Elías con respecto de dos delitos, ya que aceptó su responsabilidad por otros dos.

De hecho, la condena a ‘Ñoño’ Elías, que se espera se conozca antes de medio año, será la primera contra un senador por el escándalo de los multimillonarios sobornos que Odebrecht pagó para hacerse a contratos de obras en el país.

Y en ese ámbito, la Corte tiene mucho por hacer: tiene investigaciones abiertas contra Arleth Patricia Casado López, Plinio Olano Becerra, Antonio Guerra de la Espriella, Armando Benedetti, Sandra Elena Villadiego, Martín Emilio Morales, Álvaro Ashton, Alfredo Ape Cuello Baute, Musa Besaile y Ciro Rodríguez.

Como si fuera poco, la Corte deberá resolver este año varios procesos que tiene pendientes: definir si absuelve o condena a Luis Alfredo Ramos por ‘parapolítica’; terminar y emitir sentencia en el caso de Jorge Pretelt, investigado por corrupción; y definir casaciones importantes como el futuro del general Jesús Armando Arias Cabrales por el Palacio de Justicia y de Ferney Tapasco, condenado por el homicidio del periodista Orlando Sierra.

 

EL GALEÓN EN EL CONSEJO DE ESTADO

Y en el Consejo de Estado, además de implementar la doble instancia para los procesos de pérdida de investidura, hay varias tareas y procesos pendientes como el asunto del Galeón San José.

La Corporación estudia una demanda que busca anular la resolución 354 de la Dirección Marítima, máxima autoridad marítima nacional, del 3 de junio de 1982, que le dio el carácter de denunciante del Galeón San José a la empresa Compañía Glocca Morra, que tiene como cesionaria a la Sea Search, lo que le dio derechos de exploración y de propiedad sobre los hallazgos del Galeón.

La ponencia que estudia la Sala Plena del magistrado de la Sección Segunda, William Hernández, señala que el Galeón no es un “tesoro”, sino Patrimonio Cultural Sumergido y es propiedad de la Nación. Se espera que este año sí sea el de esta decisión, ya que el litigio está desde el 2002 sin resolverse y el galeón fue hallado en el 2015 en aguas de Cartagena.

En esta Corporación también se encuentra el estudio de una demanda que se presentó en contra del pronunciamiento del Secretario y del Presidente del Senado que declararon que no había sido aprobado la reforma que crea las Circunscripciones de Paz para las víctimas del conflicto. Este litigio podría resolver el debate sobre si las curules se aprobaron o no, si bien las víctimas ya no pudieron inscribirse a la contienda de este año./Colprensa