Los grupos armados agudizan el desplazamiento forzado en Colombia

En su más reciente informe sobre las emergencias humanitarias reportadas en Colombia, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), reportó un incremento en el número de personas desplazadas en el primer semestre de 2021 de un 193 % en comparación con el mismo periodo de 2020.

Según el informe, en junio aproximadamente 3.052 personas fueron desplazadas en nueve eventos masivos ocurridos en Antioquia, Nariño y Cauca, consolidando cerca de 44.647 personas desplazadas en el primer semestre de 2021.

Esto quiere decir que el número de personas desplazadas en lo que va corrido de este año, ya sobrepasó el total de personas desplazadas en eventos masivos reportados en todo el año 2020.

El informe también resalta que los grupos afectados por desplazamiento masivo, son en un 56 % afrocolombianos y 11 % indígenas, además que de los 44.647 desplazados, 5.553 son mujeres, 3.745 niños y niñas y 4.390 son hombres.

Esta información concuerda con la entregada por la Defensoría del Pueblo, que en su último reporte también alerta sobre el aumento dramático del desplazamiento forzado en Colombia. Según esta entidad, 44.290 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado y 36.101 fueron confinadas entre enero y junio de 2021.

“Hemos observado un incremento tanto por razones de seguridad y también conforme a la dinámica que nos ha traído la pandemia, donde los actores ilegales han hecho o se han valido de esta situación de confinamiento para poder apoderarse o lograr el control de rutas y de la explotación de minerales”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Para la Defensoría del pueblo, la cifra es aún más alta, pues registra un aumento en un 256 % en número de víctimas afectadas (44.290), entre enero y junio de 2021, en comparación con el mismo periodo del año anterior (13.912).

Los departamentos más vulnerados por este flagelo, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, corresponden a Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Risaralda y Arauca.

Solo en junio, se presentaron seis casos de desplazamiento masivo en Argelia (Cauca), Roberto Payán y Maguí Payan (Nariño) y Dabeiba y Frontino (Antioquia), en donde 1.729 personas de 643 familias tuvieron que dejar sus hogares y 379 personas de 643 familias se encuentran confinadas.

En Ituango, Antioquia, esta semana el número de desplazados alcanzó niveles preocupantes: 4.040 personas, entre estos 385 niños hasta los cinco años y 495 adultos mayores, en donde también hay afectados indígenas embera, se desplazaron de sus veredas, tras recibir amenazas de disidencias de las Farc. 30 veredas presentaron un éxodo sin precedentes en el municipio.

La mayoría de los campesinos cuentan haber dejado atrás cultivos como frijol, listos para cosecha, y animales en plena cría, lo cuales temen encontrar muertos cuando regresen. Para las víctimas, esta situación solo puede compararse con desplazamientos masivos sufridos en medio del recrudecimiento del conflicto en el año 2004.

Adicionalmente, hay una alerta temprana sobre el riesgo que enfrentan los habitantes de las veredas Zabaletas, Río Bravo, Porterillo, San Pablo y Río Grande, y la cabecera del municipio de Restrepo (Valle del Cauca), por la presencia de disidentes de la antigua guerrilla de las Farc, que le advirtieron al ELN que debe desocupar el territorio, lo cual también ha generado desplazamiento.

“La situación por la presencia de estos grupos, sumado a los asesinatos que se han reportado en los últimos dos meses, han generado miedo y zozobra en la comunidad y han aumentado los desplazamientos entre la población del municipio”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Así mismo, esta semana se encendieron de nuevo las alertas en el Cauca por el desplazamiento de más de 80 familias, quienes han abandonado sus hogares en el municipio de Buenos Aires.

Los enfrentamientos armados serían la causa principal de que cerca de 300 personas resultaran desplazadas, principalmente del sector conocido como Mazamorreros, ubicado en los límites de Buenos Aires y el municipio Santander de Quilichao.

OCHA resalta la afectación en los departamentos del Pacífico (Cauca y Nariño), en donde se concentraron el 91 % de las personas desplazadas en junio. Particularmente, Roberto Payán y Magüí Payán (Nariño), concentran el 66 % de personas afectadas durante este mes.

“Las administraciones municipales de Roberto Payán, Magüí Payán y de municipios receptores como Tumaco y Barbacoas ya han informado sobre el desborde de capacidades para la atención integral a la población afectada por la violencia y el conflicto armado, mientras las organizaciones humanitarias reportan falta de condiciones adecuadas de seguridad (ante la presencia y accionar armado activo de los Grupos Armados Organizados), para proveer atención humanitaria complementaria en las zonas afectadas”, se lee en el informe.

En el caso del desplazamiento masivo de más de 2.300 personas, en su mayoría indígenas, desde zona rural de Tierralta hacia Montería (Córdoba), desde inicios de mayo, se destaca que, la población continúa ubicada en el parque principal de la ciudad, sin acceso a alojamientos temporales con condiciones dignas de habitabilidad, e inclusive se evidencian condiciones deplorables en cuanto al acceso a agua, saneamiento e higiene y servicios de salud de la comunidad desplazada.

También se destaca que al menos 287 personas pertenecientes a comunidades indígenas, quienes se desplazaron a inicios de mayo desde Bagadó (Chocó), hacia Pueblo Rico (Risaralda), tras amenazas directas de un Grupo Armado.

Tanto las autoridades como las organizaciones humanitarias del Chocó reportaron dificultades de atención a la población de Chocó desplazada y, posteriormente, confinada en Risaralda, dada la cobertura geográfica.

Por otro lado, este jueves, el Observatorio Comunitario de Derechos Humanos ‘Pedro Vaca’, informó que más de 152 familias fueron desplazadas por enfrentamientos armados en Argelia, Cauca, entre los cuales hay más de 50 menores de edad.

¿QUÉ ESTA GENERANDO ESTE PREOCUPANTE FENÓMENO?

Estás preocupantes cifras de desplazamiento, de acuerdo con expertos consultados por COLPRENSA, se desprenden del accionar de los grupos armados ilegales, quienes por cuenta de amenazas, homicidios, reclutamientos forzados, instalación de artefactos explosivos, restricciones a la movilidad y disputas por el control territorial y social, tienen amedrentados a la población; especialmente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y los campesinos que siguen siendo los más afectados.

Diana Marcela Agudelo, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia, afirma que el aumento del desplazamiento forzado responde a una reconfiguración de los grupos armados y a la falta de cumplimiento de los acuerdos de la Habana.

“Las manifestaciones que estamos viendo en distintos lugares, y especialmente en Ituango con este desplazamiento masivo, es una reconfiguración en los territorios de espacios que están en disputas y que vienen desde hace muchos años. La promesa del acuerdo de paz y una serie de elementos que deberían operar de manera articulada, no se cumplen en muchos de estos territorios y eso ha permitido que haya una reconfiguración de actores nuevos y viejos que hacen presencia en distintos territorios”.

Para Agudelo, las disputas que se presentan entre la fuerza pública y los grupos armados, terminan teniendo un impacto muy alto que repercute en las comunidades.

“En los lugares en donde las guerrillas se desmovilizaron hay nuevos actores disputándose esas zonas de control que son muy fuertes, en otros lugares donde la movilización no fue tan efectiva lo que vemos es un rearme de estas guerrillas que nunca se fueron de los territorios y hoy tienen nuevas fuerzas… La ciudadanía está quedando en medio del fuego”.

Agrega que el desplazamiento se está volviendo un problema estructural y de ninguna forma corresponde a hechos aislados.

“Esto no es un fenómeno aislado, sino que hay una escalada sistemática en distintos territorios en el país, en donde estamos viendo el resurgimiento y la reconfiguración de estas confrontaciones en los que solamente pierde la ciudadanía”, dice.

Andrés Cajiao, investigador del área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, explicó que en los estudios que han hecho en esa organización, han visto un preocupante crecimiento en el desplazamiento en Antioquia, Chocó, Nariño y Cauca.

“El tema del desplazamiento forzado es una expresión de las dinámicas de disputa de actores armados. Hemos encontrado en Antioquia, en municipios como Cáceres e Ituango, que hay disputas activas de los grupos armados, así mismo en Cauca, Nariño y Santander, el desplazamiento se vuelve una expresión de la continuidad de los grupos al margen de la ley”.

Los motivos que para él refuerzan el desplazamiento, es el aumento de los combates que generan miedo y zozobra en las comunidades que se desplazan como forma de proteger su vida y su integridad, “esta, podríamos decir, que es una repercusión indirecta, es producto de la confrontación. No obstante, también hemos encontrado que hay amenazas directas por parte de los grupos armados a las comunidades que en muchos casos los obligan a irse”.

Cajiao resalta también la importancia de los líderes sociales y cómo la comunidad responde a los ataques contra ellos. “Los líderes sociales son una figura muy importante y este tipo de amenazas contra ellos también generan desplazamientos comunitarios”, resalta.

¿QUÉ BUSCAN ESTOS GRUPOS ARMADOS CON EL DESPLAZAMIENTO?

Según explica Diana Marcela Agudelo, las dinámicas de desplazamiento permiten que haya un control de recursos en los territorios.

Al tener el control territorial, “pueden controlar los proyectos de extracción de recursos naturales, como pueden ser metales o madera (como pasa en Chocó), pero también ganan cadenas de rutas de la ilegalidad, que tienen que ver con suministros y distribución de narcotráfico. Estas dinámicas implican una búsqueda sistemática del control territorial”.

La docente asegura que las políticas que vienen desde el Gobierno son insuficientes para darle cara a esta problemática. “Es preocupante el descuido en el reconocimiento de las garantías de los derechos de estas poblaciones, estamos hablando de un país en donde existe la jurisdicción para la protección especial de las personas que sufren desplazamiento forzado y, sin embargo, no solo no tenemos la posibilidad de atender y garantizar los derechos de esta población, sino que ahora están siendo expulsados… Parece que se desconocen las causas de los desplazamientos”.

Cajiao asegura que como los grupos armados que no tienen las capacidades militares para mantener un control territorial, “lo que hacen es desplazar a la gente como forma de facilitar el control que tienen en los territorios. Es más fácil controlar un territorio desolado que un territorio donde hay comunidades”.

Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), señala que el fenómeno del desplazamiento requiere someter a la población, tenerla bajo miedo.

“Hoy en día hay un uso más extendido de las amenazas de que en el pasado, estos grupos tienen una capacidad de generar el desplazamiento forzado mucho mayor a la de antes… En el desplazamiento que hemos visto en el curso de este año, la política de seguridad en esas regiones de disputas no responden o no incluyen las consecuencias en materia humanitaria para las comunidades. Eso debería hacerlo y es lo que está ocasionando el problema”.

El experto concluye asegurando que “lo que estamos viendo en Ituango es una táctica que tienen los grupos armados cuando tienen presión de la fuerza pública de desviar las capacidades de la Fuerza pública, para que así atiendan a la población y se olviden de la confrontación”.

BOGOTÁ (Colprensa).

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