Las pruebas que pidió la corte en el caso contra el gobernador Anibal Gaviria

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia realizó este lunes la primera audiencia preparatoria en el proceso que se realiza en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por presuntas irregularidades en contratos para las obras de un tramo de la troncal de la Paz.

El gobernador, quien se encuentra con medida de aseguramiento que se surte bajo la detención domiciliaria, es investigado por la posible incursión en actos de corrupción relacionados con el contrato de infraestructura, cuyo objeto fue el mejoramiento y la pavimentación de la troncal de La Paz tramo La Cruzada-Caucasia, en el año 2005.

La Fiscalía lo llamó a responder en juicio como probable coautor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y reprochó la falta de vigilancia por parte del gobernador en el proceso contractual.

El gobernador emitió un comunicado de prensa en el que aseguró que “como es sabido, en este proceso no se investigan actos de corrupción ni detrimento patrimonial, mala calidad de la obra, impertinencia del proyecto, ni obras inconclusas. La propia Fiscalía ha aceptado que no hubo pérdida de dineros públicos, pero lo que afirma es que en su opinión en ese proceso contractual se desatendieron principios de la contratación pública”.

La Sala de Primera Instancia debía determinar cuáles nuevas pruebas practicar entre las pedidas y debidamente sustentadas por las partes. “Dado que este proceso penal se refiere en todo a temas del derecho público administrativo, mi equipo defensor espera que se reciban y escuchen los informes y conceptos de connotados expertos en esa área del derecho”, dijo Gaviria en el comunicado.

Así mismo, en la jornada se debía determinar si se aceptaba o no la solicitud de nulidad interpuesta por la defensa, quien argumentaba que hubo una errada aplicación de la ley 600 de 2000 y no que el ente acusador no utilizó la ley 906 de 2004, desde que inició esta investigación en 2019.

No obstante, la Sala negó la nulidad del proceso y aseguró que no hay ninguna irregularidad en el sistema procesal que eligió la Fiscalía para llevarlo a esa alta Corte y que con esa elección no se le ha vulnerado ninguna garantía.

Las pruebas que presentó la Fiscalía en el proceso, inician con un contrato que se firmó en 2004 por un valor que alcanza los 43.000 millones de pesos, en los que, según el ente acusador, se realizaron unos anticipos por más de 8.900 millones de pesos por la compra de equipos que debieron correr por cuenta de los contratistas y no del departamento de Antioquia.

Igualmente, a Gaviria se le acusa por la suscripción del ‘Otrosí 2’, en el que se buscaba la construcción de un puente sobre el río Nechí, que conectara la cabecera de El Bagre con la Troncal la Paz. El valor de este contrato sería de más de 16 mil millones de pesos.

De acuerdo con la investigación,  el contrato se pactó inicialmente por 41.663 millones de pesos con dos adiciones; una de 3.995 millones y la segunda por 16.334 millones más la ampliación del plazo en 22 meses.

El escrito de acusación también dice que la Gobernación en cabeza de Gaviria pagó tres anticipos al contratista así: “i) El 22 de diciembre de 2005, $10.375.000.000, equivalente al 29% del valor inicialmente contratado; ii) El 21 de diciembre de 2006, $2.100.000.000, por el incremento del anticipo del contrato principal en el 5,95%; iii) El 28 de diciembre de 2007 en cuantía de $6.980.000.000, equivalente al 50% del valor adicionado en el otrosí 2”.

La Fiscalía estableció que hubo irregularidades en las adiciones a ese contrato inicial, que, en su criterio, “significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación, selección objetiva, publicidad e igualdad en la contratación pública”.

Adicionalmente, la Fiscalía lo cuestionó por la falta de vigilancia en el proceso, pues cuando se realizaron los anticipos, la cuenta designada a su depósito no tenía inscripción de la firma de la interventoría.

Como pruebas documentales, la Corte revisará los contratos de obra pública celebrados, también los contratos de interventoría celebrados en enero de 2006 que contienen los informes mensuales de ejecución de la obra y el informe final.

La Corte también ordenó que se realice una práctica en el juicio oral, de los testimonios de Luz Elena Gaviria y Juan Fernando Meza, esto después de que la defensa solicitara que los exsecretarios de Hacienda de la Gobernación, expliquen el rol que ejerce un representante legal en una entidad pública de categoría especial en los trámites de pago y supervisión de anticipos.

Igualmente, hablarán sobre el conocimiento que tienen sobre el manejo de las autorizaciones y pagos de anticipos a favor de los contratistas.

Se escuchará a Jesús Antonio Ruiz, profesional universitario adscrito a la Dirección Administrativa y Contractual de la Secretaria de infraestructura de la Gobernación de Antioquia para la época de los hechos y que avaló el contenido del contrato en cuestión.

En el juicio también declarara Óscar España, para que informe sobre los fundamentos de la adición y ampliación del objeto del contrato correspondiente al diseño y construcción del puente del rio Nechil y a Luis Fernando Solarte Viveros, representante legal del consorcio Troncal de la Paz.

Además, serán escuchados José Ignacio Narváez Mora, gerente administrativo del proyecto Mejoramiento y Pavimentación de la Troncal de la Paz Juan Diego Londono Correa, director de interventoria, y Nadia Maryori Maya Lopera, exdirectora de Desarrollo y Evaluación Contractual de la Secretaria de Infraestructura Fisica para la Integración y Desarrollo de Antioquia.

A petición de la defensa del gobernador, la Corte acepto como pruebas igualmente varios decretos que dan cuenta de la asignación de la planta de cargos del personal, así como de las funciones y requisitos de los cargos de nivel directivo de los diferentes organismos de la Administración, y de la estructura administrativa de la Gobernación.

BOGOTÁ (Colprensa).