HRW pide ayuda inmediata a los casi 90.000 desplazados mozambiqueños

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha pedido al Gobierno mozambiqueño que ponga en marcha inmediatamente una operación de asistencia a las decenas de miles de personas afectadas por el conflicto contra la organización yihadista Ansar al Suna en la provincia de Cabo Delgado.

HRW calcula en más de 88.000 mozambiqueños los desplazados por los combates derivados del ataque lanzado el 24 de marzo de este año por este grupo, vinculado a Estado Islámico, en la localidad de Palma; un asalto que provocó la dispersión de la población a las cercanas localidades de Quitunda — onde los civiles denuncian falta de bienes de primera necesidad y abusos de las fuerzas de seguridad mozambiqueñas– y Pemba, la capital de la provincia.

Quienes han conseguido llegar a la capital tras un arduo viaje han denunciado que los militares han impuesto un bloqueo total tanto en Palma como en la cercana Quitunda, a cinco kilómetros de distancia, donde carecen de comida y agua, padecimientos que atraviesan también quienes intentan llegar a la capital.

“Las fuerzas gubernamentales tienen la obligación legal internacional de ayudar a las personas amenazadas por los combates y la escasez de alimentos a trasladarse a zonas más seguras”, ha declarado el director para África de Human Rights Watch, Mausi Segun. “Las autoridades de Mozambique deberían permitir que los civiles abandonen inmediatamente las zonas de combate de Cabo Delgado y garantizar que la ayuda humanitaria llegue a los que la necesitan”, ha añadido.

El caso es que las zonas de Palma y sus alrededores todavía no están aseguradas a pesar de que las fuerzas del Gobierno garantizaron que habían conseguido despejar la amenaza a principios de mayo. “Los militares no nos dejan salir de Quitunda aunque allí no hay nada. No hay comida, no hay medicinas, y el agua está sucia”, explica un evadido de la localidad, bajo condición de anonimato.

Los propios militares han confirmado el bloqueo, impuesto para impedir la llegada de infiltrados yihadistas a otros núcleos urbanos. “Si les dejamos salir, pueden causar el mismo tipo de desorden en otras ciudades”, según un oficial. “Imagínense si van a Pemba o Montepuez. Lo mismo se aplica a las agencias y trabajadores humanitarios. Si permitimos que los extranjeros comiencen a ir a Quitunda, estos bandidos aprovecharán la oportunidad para avergonzar a nuestro gobierno como lo hicieron [en Palma]”, añadió esta fuente.

Este residente acusa a militares mozambiqueños de propinarle latigazos en todos y cada uno de sus tres primeros intentos infructuosos de fuga. Finalmente, consiguió escapar tras entregar su ropa de civil a un militar que también quería abandonar la localidad.

La inseguridad reinante ha provocado que el ayuda esté paralizada. Médicos sin Fronteras lleva semanas denunciando que la burocracia se ha convertido en otro factor que está obstaculizando la llegada de bienes de primera necesidad, mientras que el Programa Mundial de Alimentos indicó que la ayuda lleva suspendida desde el 1 de julio por los riesgos en las regiones afectadas.

Así pues y por todo ello, “el Gobierno de Mozambique debe garantizar que las fuerzas de seguridad desplegadas en Palma respeten los derechos de las personas atrapadas en medio de los combates”, ha solicitado la organización.

/COlprensa

Notas Relacionadas