Nicaragua exige libertades democráticas

El pasado 19 de julio, Daniel Ortega terminó el discurso de celebración de los 42 años de la Revolución sandinista con la siguiente frase: “un pueblo armado jamás será aplastado”; y esa pareciera la sentencia que guía su mandato en estos últimos tiempos, caracterizados por el miedo, la persecución y la cárcel, en especial para sus opositores políticos de las próximas elecciones. Es curioso que las revoluciones del siglo pasado en América Latina terminaran en regímenes autoritarios, hegemónicos y represivos que buscaran, a través de distintos medios, eliminar la democracia representativa como forma de organización y gobierno.

Ese es el camino por el que ha optado el dictador en ejercicio Ortega: mantenerse en el poder a toda costa e indefinidamente, tras cuatro períodos consecutivos, utilizando una dura represión y buscando sacar de la contienda democrática a todos sus contrarios; lo que Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea, ha llamado “la espiral represiva” y Sergio Ramirez, exsandinista y exvicepresidente, “el viejo sueño revolucionario convertido en una pesadilla de represión despiadada”.

Es necesario preguntarse si los mecanismos multilaterales acordados entre países, tales como el sistema de las Naciones Unidas o el de los Estados Americanos, son eficaces en ayudar a promover condiciones más democráticas, con mayor justicia, menos represión y reglas de juego claras para el desarrollo y florecimiento de la democracia.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por ejemplo, en sesión de junio pasado para tratar precisamente el tema de Nicaragua, tan solo pudo expedir una resolución que expresa su preocupación por la no implementación de las reformas electorales y condena “enérgicamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes”, de tal forma que solicita la inmediata liberación de precandidatos presidenciales y presos políticos y, finalmente, “insta enérgicamente” al gobierno a que, sin demora, implemente medidas legislativas a fin de promover unas elecciones transparentes, libres y justas este próximo mes de noviembre.

Las dificultades para que dichos organismos obren eficazmente conllevan entonces que los Estados Unidos tengan que recurrir, por su parte y de manera propia, a restringir las visas a jueces, fiscales y diputados de Nicaragua; a que Alemania exija la liberación inmediata de todos los presos políticos en ese país y a que la Comunidad Europea tenga que echar mano a mecanismos como la reciente ampliación de sanciones a varios funcionarios gubernamentales, a la vicepresidenta Murillo —esposa de Ortega—, y a su hijo, director de uno de los principales canales de televisión del país y dirigente sandinista.

Estas sanciones conllevan, para ellos como personas, el veto de entrar a la Comunidad Europea, el congelamiento de bienes en ella y la prohibición de recibir recursos financieros de la misma. América Latina no puede ser pasiva frente al derrumbe de los principios democráticos y de las garantías para elecciones libres, transparentes y justas en varios de sus países. Se conocen muy bien en el vecindario las consecuencias nefastas que todo lo anterior trae en cuanto las libertades esenciales de los individuos y la sociedad, incluyendo, obviamente, las de prensa e información, así como en términos de progreso y desarrollo.

Por eso ya es hora, y urgente, de que los distintos organismos internacionales, al unísono y de manera coordinada, adopten todas las acciones diplomáticas para que Nicaragua tenga un proceso electoral transparente y se restablezcan las libertades democráticas y los derechos ciudadanos. Es también tiempo de hacer más eficaces y modernos los mecanismos multilaterales.

 * Internacionalista