Procuraduría está de acuerdo con la pérdida de investidura de la Presidenta de Asamblea

  La diputada fue denunciada por un presunto conflicto de intereses al querer ser juez y parte en una sanción emitida contra el diputado Rafael Noya, negándole el derecho de voz y voto en las sesiones de la Duma. 

En una audiencia celebrada en el Tribunal Administrativo del Magdalena, la Procuraduría General de la Nación, avaló la solicitud de pérdida de investidura contra la presidenta de la Asamblea, Claudia Patricia Aarón.

El procurador Judicial número 2, Manuel Mariano Rumbo, en una audiencia en la que asistieron las partes involucradas en la acción presentada por el también diputado Rafael Noya, indicó que su colega incurrió en una falta grave que demanda ser castigada con la “pérdida de investidura”.

La acción fue impetrada por un presunto conflicto de intereses al sancionar al diputado Noya a través de la resolución 006, negándole el derecho de voz y voto al interior de la Duma departamental.

Indicó que Aarón al sentirse presuntamente agredida por unas posturas del diputado, solicitó su sanción a través de la mesa directiva que ella misma preside, siendo juez y parte en la sanción.

LA SANCIÓN A NOYA 

El pasado 24 de marzo, en la Asamblea del Magdalena, se confirmó que la Mesa Directiva emitió una sanción contra el diputado Rafael Noya, que consiste en 20 días sin voz y voto en las sesiones ordinarias de la Duma.

Ante los hechos  la Duma emitió la Resolución número 24 de marzo de 2021 “por el cual se impone una sanción en materia administrativa a un diputado del departamento del Magdalena”.

Artículo 1°. Imposición de medida administrativa sancionatoria. imponer medida administrativa sancionatoria contra el diputado Rafael Emilio Noya García, consistente en la restricción del derecho a intervenir en los debates de la corporación durante un periodo de veinte (20) días a partir de la fecha, por las consideraciones previamente anotadas en el presente acto administrativo.

Como consecuencia de ello, Noya acudió a la justicia a la que le pide decretar la muerte política de su colega y compañera.

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