Curules a la brava 

Es cierto que el acuerdo de paz con las Farc, suscrito en 2016, incluyó la creación de 16 curules para las víctimas y que para su incorporación legal e institucional el gobierno anterior presentó un proyecto de reforma constitucional, que se hundió en el Congreso. Desde entonces generó una polémica que se acentúa ahora que la Corte Constitucional, en un fallo que causa controversia, revive las curules, a pocos meses de las elecciones.

Iniciemos por la discusión legal. La primera duda es, si la tutela era o no el instrumento idóneo para pedir la revisión de la votación de una iniciativa legal en el Congreso. Los jueces de primera y segunda instancia establecieron que no, pues no se vulnera ningún derecho fundamental y existen mecanismos para dirimir un asunto de procedimiento. Pero la Corte seleccionó la tutela para revisión y además sentenció a favor del tutelante.

El fallo también ha causado revuelo pues quien instauró la tutela fue el senador Roy Barreras, quien no es víctima y no es claro cuál fue su derecho fundamental vulnerado, como lo indican los tres magistrados que salvaron el voto. Pero más allá de la discusión legal, pues los cinco magistrados que votaron a favor también presentan sus razones, está la del alcance y conveniencia de esas curules y, por supuesto, la discusión política.

Respecto del alcance, de manera mentirosa se le ha dicho al país que son las “curules de las víctimas”. Eso no es cierto o por lo menos es inexacto, pues la forma como quedaron diseñadas las mismas no permite una representación significativa de las víctimas, pues se circunscribe a 16 zonas conformadas por unos pocos municipios y solo podrán elegir y ser elegidas víctimas rurales certificadas habiendo vivido tres años en ciertas veredas.

No podrán entonces postularse ni votar, ni estarán representadas, miles de víctimas de secuestro y familiares de quienes fueron vilmente asesinados o murieron por cuenta de la violencia y el terrorismo. El objetivo de darle mayor espacio en el Congreso a regiones olvidadas donde la violencia asociada a las Farc fue feroz es plausible pero insuficiente, pues la mayoría de los nueve millones de víctimas no están en las nuevas jurisdicciones.

Hay también una discusión política pues son territorios donde las Farc tuvo -y aún tiene a través de las disidencias- capacidad de poner candidatos y de hacerlos elegir, o con una presencia creciente del Eln. Y donde los defensores de las curules -principalmente de centro e izquierda- seguramente ya se han organizados para elegir a víctimas afines a su ideología. Por eso, agregarle al Congreso 16 miembros más no es un asunto menor.

Y no lo es, además, porque el acuerdo con las Farc cuenta con una legitimidad precaria. Es inevitable entonces, que las nuevas curules se lean como otra concesión a la guerrilla, que capitaliza la oposición. Por eso, la contorsión de la Corte Constitucional para revivir las curules, al aceptar la tutela con el argumento de que estaban pactadas en el acuerdo de paz y que el conteo de los votos en el Congreso se hizo mal, genera dudas y sinsabor.

Si lo anterior fuese poco, le echa leña al fuego a la polarización que subsiste por cuenta del acuerdo de paz, que tuvo mucho de acuerdo y poco de paz. Se equivocan quienes se empecinaron en revivir esas curules a la brava y es discutible el proceder de la Corte. Pero es una decisión judicial y debe respetarse. Siendo así, lo mínimo a pedir es que no le sigan mintiendo al país diciendo que son “las curules de las víctimas” cuando la mayoría no estará representada. Es una verdad a medias, es decir, una gran mentira.

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