Detención preventiva a Salvatore Mancuso

Los asesinatos, desapariciones forzosas, secuestros y desplazamientos a que sometió a las comunidades de los municipios de Pivijay, Salamina, Chibolo, Sitionuevo, Pedraza, El Piñón, Cerro de San Antonio y Concordia en el departamento del Magdalena entre los años 1997 y 2006 en su condición de comandante del Bloque Norte, fueron los hechos criminales que llevaron al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a través de su sala de Justicia y Paz, a emitir medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez. 

De acuerdo con la justicia transicional, Mancuso habría participado en 703 homicidios, 124 hechos de desaparición forzada, 405 de desplazamiento forzado y 45 casos de violencia de género

Como se sabe Salvatore Mancuso Gómez  sigue recluido en una cárcel de Estados Unidos. En la reciente decisión judicial además del excomandante paramilitar hay otras 18 personas quienes deberán responder por más de 2.000 hechos cometidos entre 1996 y 2006 por las autodefensas.

La decisión se tomó tras la realización de audiencias los días 30 de julio y 6 de agosto del presente año y los hechos por los que se tomó la decisión corresponden a homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y otros delitos conexos, cometidos en los departamentos de Magdalena y Cesar.

A los 18 imputados se les investiga por 1.215 hechos cometidos entre los años 1996 y 2006 (solicitud radicada por la Fiscalía en el año 2018) y a Mancuso exclusivamente por 956 ilícitos perpetrados entre 1996 y 2004 (solicitud radicada por la Fiscalía en el año 2017).

En particular, en la macroimputación contra los frentes Pivijay, Víctor Villareal, Bernardo Escobar y William Rivas, de las Auc, se relaciona a Mancuso con 1.117 hechos criminales cometidos por las cuatro estructuras entre 1996 y 2006, que dejaron 2.798 víctimas; y en segundo lugar, el exjefe paramilitar está vinculado con otros 956 crímenes perpetrados solo por el frente Pivijay entre 1996 y 2004, en los que fueron victimizadas 2.471 personas.

Estas medidas de detención preventivas se suman a otras que este mismo tribunal ha impuesto “por otros lamentables y masivos hechos”.

Por otro lado, la Sala de Justicia y Paz hizo un llamado al Gobierno nacional por el peligro de reincidencia de algunas de estas personas, “debido a que algunos desmovilizados no reportan actividad económica, denuncian estigmatización (lo que incide negativamente en el acceso a un empleo digno), y han venido recibiendo presiones por bandas emergentes para retomar las armas”.

La Sala ordenó instar a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para que revise sus políticas, de cara a la realidad actual de los postulados, a efectos de generar espacios reales de reintegración social y laboral, y

proporcionar un efectivo acompañamiento, además exhortó al Ministerio de Justicia y del Derecho para que, como líder de este proceso de Justicia Transicional, coordine la creación de políticas efectivas de regreso al seno de la sociedad.

Sobre el brazalete electrónico, el Tribunal rechazó las presiones que ha venido recibiendo por la incomodidad que genera en algunos desmovilizados tener que afrontar un dispositivo de monitoreo satelital.

Al respecto, la entidad precisó que se ha decretado la vigilancia electrónica para todos los procesados que han sido beneficiados con sustitución de medida de aseguramiento por haber cumplido 8 años físicos de detención en una cárcel, “figura que, si bien permite deambular por las calles, no equivale a una absolución o al cumplimiento de la pena”.

Para finalizar añadió que las víctimas deben recibir un mensaje de no impunidad “y los procesados deben captar esa señal psicológica que les recuerde sus compromisos con aquellos a los que agredieron y con la sociedad en pleno”.

/Colprensa

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