Procuraduría advierte rezagos en la implementación del Acuerdo de Paz 

En su tercer informe radicado ante el Congreso de la República la Procuraduría señaló que a pesar de los esfuerzos gubernamentales faltan resultados transformadores en los puntos relacionados con el Capítulo Étnico, la Reforma Rural Integral y las garantías de seguridad entre otros.

Sobre la Reforma Rural Integral, el Ministerio Público, encontró que de las más de un millón de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras, el 71% se concentra solo en 15 municipios del país, y las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia presentan la menor disponibilidad de tierra, por lo que no se estaría garantizando la democratización del acceso a la tierra.

Agregó el órgano de control, que si bien ya se cumplió con el proceso de formalización del 99.6% de las hectáreas de tierra previstas por entregar, tan solo el 0.4% han sido adjudicadas.

En cuanto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Ministerio Público informó que si bien ya existen 7.282 iniciativas con ruta de implementación activada, de un total de 32.808, los PDET no cuentan con un sistema de información público que evidencie los avances de esa ruta, el estado actual de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), sus resultados y los montos destinados desde todas las fuentes de financiación.

Con relación a la participación política, la Procuraduría dijo que se ha avanzado en solo el 32% de los compromisos, debido a la ausencia de reformas normativas como proyectos de ley para las garantías y promoción de la participación de organizaciones, movimientos, protesta social, entre otros.

Por otro lado Procuraduría reiteró la necesidad de una acción oportuna del Estado para fortalecer la seguridad en los territorios, teniendo en cuenta que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó que, desde 2016 hasta junio de 2021, han sido víctimas de homicidio 500 líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, y según la Misión de Verificación de Naciones Unidas, a junio de 2021 se han registrado 278 homicidios contra personas en proceso de reincorporación.

En materia de reincorporación el ente de control resaltó avances en la compra de nueve predios para la consolidación de siete Antiguos Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación (AETCR), pero informa que estos no han sido titulados para proyectos de vivienda, y que los reincorporados tampoco cuentan con rutas de acceso a tierras que les permita realizar proyectos agrícolas o agropecuarios

En lo que concierne a la solución del problema de drogas ilícitas, la Procuraduría alertó que 3.600 familias fueron suspendidas y 10.248 excluidas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), sin contar con un procedimiento que defina las causas de suspensión y retiro de los beneficiarios y una estrategia interinstitucional para la ejecución de los proyectos productivos.

Además, el Ministerio Público advirtió que las medidas de reparación integral a víctimas previstas en el Acuerdo de Paz aún no presentan el impacto esperado porque solo el 4% de los sujetos de reparación colectiva han finalizado su proceso.

Por último, el informe de la Procuraduría indicó que los mayores rezagos en el cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo están en el Capítulo Étnico, porque solo el 19.67% de los indicadores del Plan Marco de Implementación cuenta con ficha técnica en el SIIPO, y las comunidades siguen padeciendo condiciones de injusticia y afectaciones por el impacto desproporcionado del conflicto armado interno y la violencia a mano de todos los actores.