En el Inpec se ‘tumbaron’ $ 1.800 millones

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Ante las demoras de la USPEC para solucionar los requerimientos de infraestructura, el INPEC, sin tener la competencia para ello y posiblemente extralimitando sus funciones, ha destinado para este fin recursos propios y celebró convenios con entidades territoriales.

 

El órgano de control fiscal denunció que se agrava incumplimiento de las metas de generación de cupos carcelarios.

 

Con 11 Hallazgos fiscales por $1.800 millones de pesos y 8 traslados a la Fiscalía General de la Nación, concluyeron las Auditorías de Cumplimiento que efectuó la Contraloría General de la República a las entidades encargadas de la prestación de servicios de Alimentación, Vigilancia Electrónica, Infraestructura y Atención en Salud a la Población Privada de la Libertad a cargo del Inpec.

Estas Auditorías confirman la incapacidad de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para llevar a cabo su objeto misional.

En materia de infraestructura física, la Auditoría evidenció que la respuesta a los planes de necesidades del Inpec no ha sido oportuna.

Así mismo se encontró rezago en el cumplimiento de las metas de generación de cupos, lo cual se agrava con la decisión de la Uspec de ejecutar los recursos destinados para ampliación y mantenimiento de infraestructura a través del contrato interadministrativo 216144 de 2016 suscrito con Fonade, que pospuso nuevamente la puesta en marcha de los planes de mantenimiento de los establecimientos de reclusión.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios reconoce un rezago en el cumplimiento de las metas de generación de cupos, situación evidenciada tanto en el control a la ejecución contractual, como en las visitas efectuadas por la Contraloría a infraestructura carcelaria inaugurada pero que para la fecha de la auditoría, se encontraba pendiente de recibo, como es el caso del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué “Coiba”.

La demora de la Uspec en la puesta en marcha del Plan de Mantenimiento, así como en la solución oportuna de los requerimientos de reparaciones locativas y atención de necesidades prioritarias en materia de infraestructura, han motivado a que el Inpec, careciendo de competencia legal para ello, destine recursos propios y celebre convenios con entidades territoriales, con el fin de intervenir la infraestructura de los Establecimientos de reclusión, lo que además de generar posible extralimitación de funciones, lleva a que se puedan estar efectuando duplicidad de inversiones.

En 2016 el INPEC suscribió 8 convenios por valor de $130 millones, y 38 convenios en 2017 por valor de $2.009 millones, para realizar intervención a la infraestructura carcelaria a nivel nacional, competencia que ahora corresponde a la USPEC, lo que lleva a la configuración de una presunta extralimitación de funciones.

 

El contralor Edgardo Maya dijo que la Contraloría verificó el recibo y pago de obras carcelarias no realizadas, o trabajos que no corresponden con la especificación contratada.

 

FALLAS EN EL SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA

En cuanto al servicio de vigilancia electrónica, se evidenció que lo contratado solo cubre a un porcentaje aproximado del 10% del total de la población con medidas de aseguramiento o penas privativas de la libertad extramural.

En materia de Sistemas de Vigilancia Electrónica (SVE), la Auditoría concluyó que la USPEC no contaba con un control efectivo de las sumas entregadas a título de anticipo, ni se pactó la obligación de generación ni devolución de rendimientos financieros sobre los recursos entregados a dicho título, por parte del vendedor.

Así mismo se modificaron las características del objeto de la Ficha Técnica del Negocio y el valor de la prestación del servicio diario pasó de $17.556,10 a $20.093,8, con posterioridad a la adjudicación en rueda de negocios. Tal modificación implicó que se incrementó el valor de facturación mensual, una vez adjudicada la operación en Bolsa.

Tal como se planteó la negociación en Bolsa, USPEC debe pagar la suma diaria pactada por los dispositivos efectivamente recibidos y con capacidad de generación de señal, al margen de que los mismos hayan sido instalados a los destinatarios, con lo que se podría estar cancelando sumas de dinero por servicios no recibidos.

Sobre este particular, la Contraloría observó que este tipo de condiciones de negociación se pactaron en detrimento de los intereses de la entidad y la población destinataria de los servicios.

 

OTROS HALLAZGOS

En igual sentido, la Contraloría objetó la cláusula octava del convenio 216144 suscrito entre USPEC y FONADE, por entregarse incondicionalmente la propiedad de los rendimientos financieros de las sumas entregadas de manera anticipada a FONADE, en detrimento de los intereses patrimoniales del Presupuesto General de la Nación.

Con corte a Junio 30 de 2017, se habían causado rendimientos superiores a $2.500 millones, habida cuenta del volumen de recursos de cuatro vigencias fiscales comprometidos en este convenio ($430.000 millones) para la contratación de nuevos cupos, planes de mantenimiento y dotación de 56 establecimientos de reclusión

 

SERVICIOS DE SALUD

En Auditoría de Cumplimiento efectuada a la prestación del servicio de atención en salud a la población privada de la libertad, la Contraloría estableció que se destinaron recursos apropiados a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios por concepto de “Implementación del Sistema Integral de Salud en el Sistema Penitenciario” con destino al Fondo Nacional de Salud para Personas Privadas de la Libertad, en gastos y contratos por fuera de la destinación específica para lo cual fueron presupuestados, por más de $6.200 millones.

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