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‘Tramposos, devuelvan la plata’

El contrato tenía como propósito llevar internet gratis por los próximos once años a cerca de 7.000 colegios rurales del país . 

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), Karen Abudinen, afirmó que las irregularidades en el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, por 1,07 billones de pesos, es “una de las trampas más grandes que se han presentado en contra del Estado”.

Así lo manifestó la funcionaria en medio de un debate de control político citado por la Comisión Sexta del Senado de la República, quien resaltó que la adjudicación del contrato se realizó con transparencia por parte del Ministerio de las TIC.

“Uno desafortunadamente se entera que, hoy en la calle, hay unos contratistas que nos quisieron engañar y nosotros en menos de seis meses pudimos, no solo caducar los contratos, sino trabajar en la recuperación de los 70.000 millones de pesos”, señaló la ministra.

El contrato tenía como propósito llevar internet gratis por los próximos once años a cerca de 7.000 colegios rurales del país en el Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle, Vichada y Bogotá.

De acuerdo con las denuncias conocidas, fue el Banco Itaú el que se percató que las garantías presentadas por los contratistas eran falsas. Por eso, la Ministra afirmó que el entramado de Unión Temporal Centro Poblados, conformado por cuatro empresas, “ tiene que llegar hasta las últimas consecuencias”.

“Aquí le quiero decir al país, mirándolo a los ojos, que tengo toda la tranquilidad, que como ministra, hicimos todos los controles que se debían hacer para que una situación  de una red de tramposos no llegara, pero desafortunadamente nos engañaron”, añadió.

La ministra anunció denuncias ante los entes de control, no solo contra los contratistas sino también contra la empresa SES Colombia, encargada de revisar las garantías y los riesgos, y contra el Comité fiduciario de BBVA, encargado de los controles y verificaciones de las órdenes de pago del anticipo de los 70.000 millones de pesos.

“Nosotros no entregamos 70.000 millones de pesos al contratista. Se desembolsaron 70.000 millones de pesos a la Fiducia. Nosotros no pagamos a los contratistas”, señaló Abudinen.

Entre las presuntas irregularidades por parte de Fiducia BBVA, la ministra afirmó que este comité aprobó un anticipo sin las tres previas cotizaciones requeridas (que hasta el día de hoy no han llegado al ministerio), y con un certificado de una cuenta bancaria de hace cinco años y no una certificación reciente como debió ser.

Por su parte, SES Colombia se deberá presentar el 27 de agosto en audiencia por presunto incumplimiento, “para que le digan al país y a este Ministerio cuáles fueron los argumentos para ellos aprobar las garantías de estos tramposos”.

Otra de las empresas implicadas por presunto incumplimiento, es la firma interventora Consorcio PE 2020 C Digitales, responsable de supervisar la ejecución del contrato y avalar los anticipos y giros.

En cuanto a los bienes embargados de Centros Poblados, que el Ministerio ordenó desde el pasado 20 de agosto para recuperar el dinero, la Jefe de la cartera de las TIC dijo que ya hay 15.000 millones de pesos en las cuentas del Ministerio, mientras que hay otro dos embargos por 25.000 millones de pesos. Además, el embargo de 21 cuentas bancarias de los integrantes de la UT Centros Poblados, dos inmuebles y 71 vehículos automotores de propiedad de ICM Ingenieros SAS.

Así pues, según la ministra, en los presuntos hechos de corrupción en el marco del contrato con Centros Poblados no está implicado ningún funcionario del Ministerio, por lo que también afirmó que “investiguen todo lo que tengan que investigar los entes de control. Seguimos con las puertas abiertas”.

¿QUÉ VIENEN EN EL CONTRATO?   

Frente a lo que sucederá con el propósito de llevar internet a los niños y niñas de las zonas rurales de Colombia, se conoció que la caducidad permite adjudicar nuevamente  el contrato, de aquí al 30 de septiembre, al segundo mejor preferente en el proceso, que en este caso es la Unión temporal ETB NET.

“Decidimos establecer un nuevo contrato con la empresa que obtuvo el segundo lugar en la licitación para la instalación de los 7.000 colegios: la Unión Temporal ETB NET”, explicó la jefe de cartera.

“ETB va a ser el operador que va a tener este proceso, porque cuando uno caduca, el siguiente (en el proceso de adjudicación), es quien tiene el derecho, eso es por ley, y debemos cumplir ese derecho que tiene ETB porque la acción que se tomó fue la caducidad”, explicó la funcionaria.

Así las cosas, ETB será la encargada de proveer de conectividad gratis a colegios de zonas apartadas del país. Este contrato fue adjudicado en diciembre de 2020 y tiene un valor de 1,07 billones de pesos para su ejecución.

CONTROL POLÍTICO 

Aunque el debate fue citado para conocer los avances del Ministerio TIC en los últimos tres años, tanto la ministra Karen Abudinen y los congresistas se concentraron en el contrato con Centros Poblados, que se adjudicó en diciembre de 2020, para ejecutar uno de los programas bandera del gobierno del presidente Iván Duque, el de conectar al 70 % del país antes de finalizar el año 2022.

La senadora Sandra Ramírez fue una de las primeras en cuestionar por qué el Ministerio no se dio cuenta de las irregularidades de las que solo se percató el Banco Itaú, como ya se ha dicho. “Todos los colombianos sabemos que los ministerios tiene un tren de asesores que son para evitar que ocurra este tipo de cosas”, dijo.

Este cuestionamiento también fue secundado por el senador Jhon Moisés Besaile, quien afirmó que es extraño que “lo que vieron las aseguradoras, el Ministerio no lo vio”. Añadió que “aquí hay omisión de parte del Ministerio para revisar bien todos los requisitos de Ley, que tienen que revisarse para poder cumplir los oferentes con este contrato”.

Adicionalmente, el congresista Jorge Guevara afirmó que faltaron más medidas para prevenir este tipo de irregularidades, dado que era un contrato de 1,2 billones de pesos.

Por su parte, la senadora Ana María Castañeda dijo que “lo que hizo Karen Abudinen, y hoy nos quedó claro en esta comisión, fue ser la primera en dar a conocer el ilícito, y no solo lo dio a conocer, sino que lo sancionó. Fue la Ministra quien llamó la atención y puso las denuncias ante los entes de control”.

El senador Julian Bedoya le dijo a la ministra que: “el hecho que usted esté aquí de frente a los colombianos dando las explicaciones del caso, preparándose para un segundo debate en la Cámara de Representantes, a mi me da tranquilidad”.

Cabe recordar que para el 3 de septiembre la mesa directiva de la Cámara de Representantes convocó la moción de censura contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen./Colprensa  

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