General (r) Montoya será imputado por el caso de falsos positivos

Andrés Garzón, abogado del general retirado Mario Montoya, aseguró que el uniformado comparecerá este miércoles 25 de agosto a la imputación programada en su contra por el escándalo de los falsos positivos, porque su intención nunca ha sido evadir la justicia. 

No obstante, la defensa dejó en claro que en este caso no es procedente la imputación que prepara la Fiscalía porque en la actualidad el juez competente para el oficial retirado es la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP).

“El general Mario Montoya ha ido a todas las audiencias que lo han citado ante todas las autoridades, siempre ha estado presente, por lo tanto lo único que se demuestra es que no evade la justicia”, dijo Garzón.

Así mismo, sostuvo que “frente a los señalamientos de la Fiscalía y de las víctimas, pues Mario Montoya a contado su verdad, tiene como demostrarlo y será en un momento más adelante en la JEP, donde habrá una etapa de confrontación probatoria que demostrará que la versión que él está dando es la verdad”.

Por su parte, la Fiscalía General reveló que cuenta con suficientes elementos de prueba que vinculan presuntamente al excomandante del Ejército Nacional, con al menos 104 casos de ejecuciones extrajudiciales, reportados como resultados operacionales exitosos entre 2007 y 2008.

“De acuerdo con los elementos de prueba, el oficial (r), mientras se desempeñó como comandante del Ejército Nacional, habría desconocido una directiva emitida por el entonces comandante general de las Fuerzas Militares en noviembre de 2007, en la que ordenó a todas las unidades privilegiar las desmovilizaciones colectivas e individuales, así como las capturas, sobre las muertes en combate”, advirtió la Fiscalía.

Según los fiscales a cargo del proceso, el oficial retirado supuestamente ejerció presión a todos los jefes de divisiones, brigadas y batallones para que cumplieran una estrategia diferente que, al parecer, premiaba y otorgaba condecoraciones a los comandantes y grupos que reportaban muertos.

Las investigaciones de la Fiscalía dan cuenta de que el modelo de medición de resultados y estímulos impuesto por el excomandante del Ejército Nacional, distinto al definido por sus superiores, supuestamente auspició un total de 104 homicidios de civiles, cinco de ellos menores de edad.

De acuerdo con los investigadores, se estableció que las víctimas en este caso no pertenecían a organizaciones criminales y por el contrario, fueron puestas en estado de indefensión y presentadas en diferentes zonas del país como ‘bajas’ en enfrentamientos armados.

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