De La Calle y Sergio Jaramillo se oponen a la amnistía de Uribe

En primer lugar destacaron que la amnistía lo único que lograría es vulnerar los derechos de las víctimas del conflicto armado, que desde un comienzo fueron priorizados en el acuerdo, esto con el fin de que se les haga justicia en cada uno de los actos perpetrados durante años en el país. 

“Una amnistía general como propone Álvaro Uribe daría al traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones. Y con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, afirmaron en un comunicado.

De la Calle y Jaramillo aseguraron que la posibilidad de una amnistía se cerró aproximadamente hace nueve años en la jurisprudencia de las Cortes, cuando el Congreso de la República, presidido por el partido Conservador, expidió el Marco Jurídico para la Paz, en donde se concluyó que la combinación de aspectos judiciales y extrajudiciales garantizarían los deberes de las investigaciones y sanciones.

Destacaron que esta norma constitucional permite la investigación y judicialización de los máximos responsables de los crímenes perpetrados durante el conflicto armado, y fueron enfáticos en afirmar que durante los acuerdos hubo momentos difíciles porque se mantuvieron en no hacer la amnistía general.

“La Constitución Política, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema exigían la investigación y sanción de estos crímenes. Y, ante todo, los colombianos y las víctimas en particular esperaban que el fin del conflicto se lograra con justicia y verdad. En lo posible, teníamos que estar a la altura de sus expectativas”, afirmaron por medio de un comunicado los políticos.

También destacaron la creación de la Justicia Especial para la Paz, JEP, donde según ellos, son asegurados los derechos de las víctimas. Según análisis, esta justicia ha logrado confrontaciones entre víctimas y victimarios en territorios como Caicedo y Sonsón, en Antioquia; Ortega y Roncesvalles, en el Tolima; Palestina, en el Huila; Caldono, en Cauca; Miravalle, en Caquetá; y en ciudades como Tumaco, Popayán, Valledupar y Riohacha, entre otras.

Además, aseguraron que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha logrado en poco tiempo judicializar a excombatientes y personalidades públicas, ser imputados por los delitos perpetrados y comunicar la verdad de cada uno de los hechos.

“Nunca antes una guerrilla había aceptado comparecer ante un tribunal y reconocer su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad, ni tampoco habían aparecido miembros de fuerzas militares, luego de un conflicto, dispuestos a contarles a los jueces la verdad de lo que pasó y a someterse a penas alternativas”, manifestaron los representantes.

De la Calle y Jaramillo aseguraron que la propuesta lo único que lograría es derrumbar el trabajo realizado durante años, que afectaría principalmente a las víctimas, integrantes de las fuerzas militares y agentes de Estado que ya están compareciendo ante esta entidad.

Le hicieron un llamado a Uribe para que, sí él quiere, contribuya con información para la satisfacción de los derechos de las víctimas acudiendo a esas instituciones.

Finalmente, le hicieron un llamado al senador Gustavo Petro, quien también está promoviendo la amnistía general: “En lugar de estar promoviendo la impunidad, deberían estar acudiendo a la Comisión de la Verdad o, si es el caso, a la JEP, a explicar por ejemplo la relación entre el partido Comunista Colombiano y los crímenes cometidos por las Farc. Es la hora de la responsabilidad”.

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