Llamado a proteger la vida de excombatientes y líderes sociales

 Los excombatientes de las Farc insistieron en la implementación, en el menor tiempo posible, de las acciones para contrarrestar la estigmatización y las acciones violentas contra los desmovilizados y líderes sociales en el suroccidente del país.

“Denunciamos la violencia que se registra en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, exponiendo esta situación ante la JEP, porque desde la firma de los acuerdos de paz, en esta región del suroccidente del país se han registrado 104 asesinatos de reincorporados, además se registra el mayor porcentaje de acciones violentas contra aquellos que aceptaron la dejación de armas en comparación con otras zonas del país”, manifestó Pablo Catatumbo.

Este anunció se realizó en el marco del refugio humanitario que se adelantó en Popayán, durante estos últimos días, en medio de un ambiente marcado por graves hechos violentos, como la masacre en Santander de Quilichao, los combates en la zona rural de Argelia y el asesinato del líder universitario Esteban Mosquera, en pleno centro histórico de Popayán.

“Este anunció lo realizamos porque suceden hechos gravísimos contra la vida, no en zonas alejadas del país, sino en ciudades como Popayán o Santander de Quilichao, que es un municipio ubicado cerca de Cali, entonces uno se pregunta si en verdad hay garantías para la vida de nuestros excombatientes y de los líderes sociales”, agregó Catatumbo.

Mientras tanto, el también representante de los desmovilizados, Francisco González, indicó que aplauden el anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de ordenar la implementación de un plan piloto en el municipio de Argelia, Cauca, para la generación de esperanza entre los campesinos y desmovilizados asentados en este punto del departamento.

“Esta es una propuesta surgida desde quienes viven y padecen la violencia en los territorios, más como un municipio de Argelia, sabemos que esta iniciativa nos permitirá avanzar en un ejercicio de transformación social desde el trabajo comunitario y la presencia institucional, propuesta que debe ser replicada en zona como el Cauca”, explicó Francisco González.

También indicaron que la JEP ordenó al Ejército y a la Policía adelantar una campaña mediática para contrarrestar la estigmatización contra los desmovilizados de las Farc, a través de sus emisoras y oficinas de prensa.

“La JEP ordenó además que, en un plazo de 30 días, la fuerza pública colombiana diseñe e implemente un plan especial para garantizar la vida en departamentos como Cauca, Valle y Nariño, sabemos que el Ejército y la Policía ya adelantan unas acciones para este fin, pero los resultados no han sido lo mejores, entonces deben cumplir con su función constitucional de proteger la vida de los colombianos que habitan en el suroccidente del país”, sostuvo Pablo Catatumbo.

Por último, estos líderes políticos indicaron que los excombatientes de las Farc se mantienen firmes en su compromiso de apostarle a la paz del país, participando en los diferentes proyectos productivos apoyados por ONG, la empresa privada y la comunidad internacional.

/Colprensa