Centros Poblados anuncia millonaria demanda por caducidad a la Nación

Se realizó ayer una rueda de prensa en la que la Unión Temporal Centros Poblados, presentó al país los avances que realizaron en la ejecución, planeación y ejecución del proyecto Centros Digitales con el Ministerio de las Tic, mismo que hoy los tiene en aprietos ante la opinión pública, por la supuesta pérdida de un anticipo superior a los 70 mil millones. 

El abogado Jorge Pino Ricci apoderado de Centros Poblados y Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión, aseguraron que no es cierto que no se estuviera ejecutando el contrato que pretendía llevar internet a las zonas más apartadas del país y reconocieron que se presentaron retrasos que les dieron a conocer al ministerio público.

Luis Fernando Duque explicó los detalles del proceso de adjudicación del contrato para conectar a internet por 11 años a 7.277 Centros Digitales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Duque dijo en principio, el contrato buscaba dar una solución de conectividad, no solo a las escuelas, sino alrededor de ellas, lo que representó un reto, dado que hay zonas en las que no hay electricidad.

Así mismo, aseguró que el volumen de insumos para hacer las instalaciones y las labores de logística, representaron retos para llevar a cabo el contrato, dado que la pandemia y el paro nacional terminaron en problemas de escasez en diferentes insumos, lo que en principio, sería la razón por la cual se retrasó la ejecución del proyecto.

No obstante, aseguró que Unión Temporal cumplió con varias metas que se trazaron en el contrato, como la entrega de los documentos de planeación de instalación y los estudios de campo que tenían que ser realizados antes de la instalación de los puntos digitales.

“Decir que Centros Poblados no ha ejecutado el contrato no es cierto. Hicimos una tarea de acuerdo con lo fijado por Mintic. Se entregaron los estudios de campo en los tiempos establecidos y cuando empezamos a presentar inconvenientes por los temas de suministros se lo comunicamos al ministerio, porque eran problemas que podía presentar cualquier contrato”, aseguró Duque.

Así mismo, el representante de la entidad, aseguró que, al día de hoy, 1002 centros digitales han sido instalados, por lo cual se estaban ejecutando las acciones hasta que se declaró la caducidad del contrato.

Por otro lado, el representante legal reveló que la Contraloría hoy se encuentra realizando las inspecciones a los insumos en las bodegas de la Unión Temporal y que el dinero del anticipo que se realizó desde el ministerio, está representado en 20 mil millones en equipos en las bodegas y “26 mil millones de pesos de lo que se compró y tenemos equipos pendientes de nacionalización por 20 mil millones en las aduanas”, detalló.

Duque hizo hincapié en que el proyecto apenas estaba comenzando y que hasta el momento se ha ejecutado solo el 6,56 por ciento del presupuesto del proyecto, “hasta hoy hay un avance del 5 por ciento del tiempo de las obras… En los estudios de campo, en la planeación, en los informes de seguimiento Centros Poblados ha cumplido y de nuestros bolsillos han salido más de 15 mil millones para la ejecución del proyecto que no estaban en el anticipo”.

INTERPONDRÁ RECURSOS  

Jorge Pinno Ricci, apoderado de Centros Poblados, anunció en la Rueda de prensa, que de no prosperar la acción de tutela que la entidad interpuso ante un juez promiscuo de Puerto Colombia (Atlántico), para amparar sus derechos al debido proceso luego de que se decretara la caducidad del contrato, interpondrán una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso del Consejo de Estado.

Pino Ricci indicó que el contrato con Mintic no podía tener cláusula de caducidad por ser atípico, por lo que según él, el ministerio incurrió en varias inconsistencias al presentar esa nulidad, además dijo que la ministra Karen Abudinen actuó como jueza en el proceso y negó las pruebas que les garantizaban a ellos su derecho al debido proceso.

“El ministerio actuó de forma indebida, de forma apresurada y se equivocó. No decretó las pruebas necesarias para verificar que la garantía bancaria es irregular y en el afán cometió gravísimos errores”, dijo el abogado./Colprensa

Notas Relacionadas