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Tribunal del Magdalena admite acción popular por agua ‘sana’
El abastecimiento de agua en algunos sectores de Santa Marta todavía se hace en pimpinas a pesar de que Santa Marta por su ubicación geográfica cerca a la Sierra Nevada, no aprovecha el agua que ella fabrica naturalmente.
La persistencia del ingeniero Jaime Socarrás Maestre fue avalada por una decisión de la magistrada Maribel Mendoza Jiménez que ampara el derecho colectivo a gozar de la salubridad pública.
El Tribunal Administrativo del Magdalena a través de la magistrada Maribel Mendoza Jiménez admitió la acción popular impetrada por el ingeniero Jaime Socarrás Maestre que indica la vulneración de los derechos a la salubridad de los habitantes de Santa Marta ante el inminente riesgo que representa el abastecimiento que se haga del Río Magdalena.
En ese orden de ideas el ingeniero afirma que por fin la ciudad de Santa Marta podrá disfrutar del agua por gravedad ya que desciende directamente de la Sierra Nevada. ‘‘Esta ciudad tiene otras opciones distintas al río Magdalena como lo es el río Don Diego ya que es el más caudaloso de la Sierra Nevada, ese río tiene 36.1 metros cúbicos por segundo promedio cuyo volumen de agua no lo consume ni la ciudad de Bogotá’’, indicó.
El ingeniero explicó que la captación del agua se hace a 460 metros de altura sobre el nivel del mar, de forma directa, sin requerir de bombeo ni almacenamiento porque eso lo garantiza el propio nevado que siempre producirá agua ya que para ello deje de darse tendría que secarse el mar, que se oscurezca el sol, que reverdezca el desierto del Sahara o que la Tierra dejase de girar y esto no sucederá.
‘‘Todas nuestras aguas provienen del mar. Santa Marta tiene una ubicación geográfica única y privilegiada porque estamos a 40 kilómetros del nevado, tenemos entre 10 y 12 horas de sol diarias lo que genera evaporación del agua marina y que los vientos arrastran hacia el bosque húmedo tropical que está en el Resguardo Indígena Kogui-Arsario-Malayo que preservan nuestros hermanos mayores y es una fábrica natural de agua’’, enfatizó el ingeniero Socarrás.
El río Don Diego cuenta con un caudal considerable de donde se podría captar el agua para abastecer a la población de Santa Marta.
Se mostró contento con el fallo de la magistrada Maribel Mendoza Jiménez quien decidió admitir la demanda presentada contra la Alcaldía Distrital de Santa Marta, Nación-Ministerio de Vivienda, Departamento Nacional de Planeación, Findeter, Cormagdalena y Corpamag en ejercicio del medio de control de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos.
‘‘El artículo 5 de la Ley 472 de 1998 consagra que la obligación del juez natural de impulsar oficiosamente la acción luego de haber sido promovida la misma; es por ello, que en consonancia con el artículo 7 de la Ley 472 de 1998, el legislador le otorga al juez la facultad de interpretar los derechos e intereses protegidos por la acciones populares de acuerdo al artículo 4 de la ley en cita, y asimismo, observará y aplicará lo definido por la Constitución, leyes y tratados internacionales ratificados por Colombia’’, señala el fallo del Tribunal Administrativo del Magdalena.
Atendiendo armónicamente lo dispuesto tanto en la Ley 472 de 1998 como en la Ley 1437 de 2011 el Tribunal dispuso: ‘‘Notifíquese personalmente la admisión de la demanda a la Alcaldía Distrital de Santa Marta a través de su representante legal, alcalde Rafael Martínez, o quien haga sus veces, en los términos de los incisos 1 al 4 del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011… así mismo se notificará a la Nación-Ministerio de Vivienda, Ciudad y Terrirorio; a la Nación-Departamento Nacional de Planeación; a la Financiera de Desarrollo Territorial –Findeter; a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena –Cormagdalena; a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena –Corpamag; a la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado a través de su Director General Luis Guillerno Vélez Cabrera, o quien haga sus veces en los términos de los incisos 1 a 4 del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011…’’.
