Juez rechazó la tutela de Centros Poblados

El Juzgado Octavo Civil de Barranquilla rechazó la tutela interpuesta por la unión Temporal Centros Poblados en contra del Ministerio de las TIC, en el marco del contrato que tenía como objetivo brindarle conectividad gratis a niños y jóvenes de zonas apartadas del país, tras declararla improcedente. 

“Se declaró improcedente el amparo solicitado por la UT Centros Poblados. Trabajamos en equipo con la @AgenciaDefensaJ para ganar esta tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y efectivo acceso a la administración de justicia”, informó este viernes la ministra Karen Abudinen, a través de su cuenta de Twitter.

Esta decisión la tomó el juzgado tras determinar que la Unión Temporal cuenta con otros medios judiciales, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para pedir la nulidad de la declaratoria de la caducidad del millonario contrato.

Esto se da luego de que el pasado 25 de agosto un juez de Puerto Colombia (Atlántico), que había suspendido el proceso de caducidad y embargo del contrato entre MinTic y la unión Temporal Centros Poblados, decidió cambiar de opinión y dar vía libre al proceso.

El juez rechazó la tutela interpuesta por la unión Temporal y de esta manera reactivar las medidas decretadas por el Ministerio. Además, el juzgado remitió la tutela a un juez del circuito de Barranquilla, que sería el competente para conocer esta acción.

Este escándalo tiene su génesis en diciembre de 2020, cuando se adjudicó el contrato por más de un billón de pesos a Centros Poblados, para proveer conectividad gratis a niños y jóvenes en zonas apartadas del país.

Centros Poblados debía suministrar el servicio a zonas apartadas de los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Sin embargo, en junio, pasados seis meses de adjudicado el proyecto, Centros Poblados había incumplido con los tiempos estipulados en el cronograma de la contratación.

Al revisar qué era lo que estaba ocurriendo y la razón por la cual no se había avanzado, se encontró que, al parecer, el consorcio registrado con el nombre Unión Temporal Centros Poblados, presentó garantías falsas dentro del contrato. Además, dicha Unión no contaba con la experiencia ni la capacidad técnica y financiera para cumplir a cabalidad el contrato.

La empresa registrada presentó una garantía que aseguró que había sido expedida por el banco Itaú, pero que se comprobó que en realidad era falsa, como lo certificó la entidad financiera al aseverar que de ninguna de sus oficinas había salido tal documento.

Así las cosas, el pasado 29 de julio, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, declaró la caducidad del contrato 1043 de 2020. No obstante, el Gobierno ya había realizado un anticipo de 70.000 millones de pesos, recursos que hay quienes afirman van a ser difíciles de recuperar.

La Unión Temporal Centros Poblados está integrada por cuatro empresas: Ingeniería, Seguridad e Innovación (35 %), que sería la compañía con experiencia en el sector tecnológico; las tres restantes son ICM Ingenieros S.A.S (35 %), Intec de la Costa S.A.S (15 %) y Omega Buildings Constructora S.A.S (15 %), las tres empresas tienen experiencia en la construcción de carreteras y edificios, y dos de ellas están domiciliadas en Barranquilla.

COLPRENSA

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