María Andrea, Sitionuevo y los órganos de control 

Si los organismos de control y judiciales se tomaran en serio el trabajo de evitar casos de clientelismo y manejos extraños en los entes territoriales, estoy seguro de que el país sabría a ciencia cierta hasta dónde llega la corrupción en municipios y departamentos, especialmente en aquellos territorios que desde Bogotá parecen no tener importancia.

Tal es el caso del municipio de Sitionuevo en el departamento del Magdalena, en donde el alcalde, según dicen sus habitantes, es ficha del exsenador Eduardo Pulgar, el mismo que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por tratar de presionar a un juez de la costa Atlántica para favorecer a un tercero, hecho que da un indicador de lo que puede ocurrir si no se vigila con ojo de águila.

En Sitionuevo se encuentra la finca María Andrea, que hoy es motivo de disputa entre sus propietarios y la señora Luz Dary López Trillos, quien alega tener derechos sobre el terreno, para lo cual interpuso una querella policiva ante la inspectora de Policía Maryuris Pereira Beltrán, quien es servidora pública del municipio, jerárquicamente dependiente de la Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en cabeza de Lucía López Trillos, hermana de quien hace el reclamo.

¿Puedo uno confiar en la decisión que se tome cuando la persona que debe emitirla depende de un familiar de la querellante? Lo lógico sería que, teniendo en cuenta la relación que existe entre la persona que exige el reconocimiento de sus derechos sobre la propiedad y la línea de mando de la funcionaria de quien depende la decisión final, se emita la declaración de impedimento o el alcalde de Sitionuevo exija la debida separación del tema, pero una cosa es cómo se piense desde un mundo ideal y otra lo que ocurre en los diferentes municipios del país, donde la acción de los órganos de control es casi nula, por no decir que totalmente nula.

Este caso puede ilustrar claramente el insignificante papel que cumplen entidades como la Procuraduría, por ejemplo, porque esto es algo que ocurre a la vista de todos en Sitionuevo, sin que hasta el momento exista un pronunciamiento que evite torcidos y malos procedimientos en la administración local, especialmente cuando los procesos tienen que ver con futuros proyectos de infraestructura que involucran terrenos de fincas como la de María Andrea, porque no falta el que aparezca de la nada reclamando supuestos derechos sin aportar pruebas contundentes que soporten los alegatos.

Para colmo, cuando se pide información que permita ilustrar los hechos, solapadamente se la niega. Debo decir que quedé bastante sorprendido con la respuesta al derecho de petición que dirigí al municipio, donde se me dijo que debía cancelar un monto de $156.000 pesos por las copias escaneadas (312 copias a $500 cada una). Ignoraba que en la función pública de Sitionuevo tenían montado un negocio de fotocopias y servicio de scanner.

Este tipo de hechos ponen a dudar de la eficiencia de los entes de control que deben vigilar las actuaciones de la función pública en todos los rincones del país, para que siquiera exista un mínimo de transparencia en quienes ejercen cargos en los que se toman decisiones delicadas, como esta, por ejemplo, que al igual que muchos otros casos puede desembocar en investigación judicial en la Fiscalía./El Espectador

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