Crece incertidumbre por fallo de la Corte sobre reglas para las elecciones del 2022

El próximo 13 de noviembre abre el período de inscripción de candidatos al Congreso de la República en las elecciones del próximo año, de igual forma desde principios de 2021 han arrancado otros procesos que establece el respectivo calendario. Sin embargo crece la incertidumbre porque la Corte Constitucional no ha emitido un fallo sobre la exequibilidad o no de la reciente reforma al Código Electoral, por lo que en este momento no se sabe si para esa cita con la democracia operará esta o la ya obsoleta norma de 1986. 

Tanto la Misión de Observación Electoral (MOE) como en el Congreso y algunos partidos han manifestado su preocupación por este tema, pues señalan que al día de hoy existe inseguridad jurídica frente a los comicios del próximo año, que arrancarán en marzo con la elección de Legislativo y continuarán en mayo con la primera vuelta presidencial,  que de ser necesario una segunda se realizará en junio.

El calendario para las elecciones de Congreso de la República prendió fuegos el pasado 13 marzo, con el inicio del tiempo para la inscripción de comités de candidaturas así como la inscripción de cédulas por cambio de domicilio o residencia.

Este lunes arranca la designación de mesas de votación, es decir, donde las van a ubicar a lo largo y ancho del territorio nacional; mientras que el 13 de noviembre, como se dijo, inicia el periodo de inscripción de las listas de partidos y movimientos significativos de ciudadanos con los candidatos para ocupar el Senado de la República y la Cámara de Representantes durante el período 2022-2026, el cual se desarrollará durante un mes.

También, entre otros eventos previstos en el calendario electoral en lo que resta del presente año, el 13 de noviembre se suspende la incorporación al censo electoral de cédulas de primera vez y vence el plazo para el registro de comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales y comités promotores del voto en blanco.

El 13 de diciembre próximo inicia la propaganda electoral empleando el espacio público; en esa misma fecha la organización electoral solicitará las listas de jurados de votación; además se hará la publicación del censo electoral.

También el 13 de diciembre vence plazo para excluir a los miembros de la Fuerza Pública del censo electoral; mientras que el 14 de diciembre inicia la propaganda electoral a través de los medios de comunicación social.

LA REFORMA 

La reforma al Código Electoral es el resultado de un trabajo que llevaron a cabo el Gobierno, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral para actualizar la norma de 1986, ya desactualizada frente a los avances que se han dado en materia de elecciones, pues incluso es anterior a la actual Constitución.

La iniciativa fue radicada en agosto de 2020 con suficiente tiempo de antelación con la intención de que la mayoría de sus disposiciones entraran a operar en las elecciones del 2022.  Incluso el Gobierno nacional le dio mensaje de urgencia para acelerar su trámite en el Legislativo y blindarse en este propósito.

El Congreso aprobó este proyecto de ley estatutaria en diciembre pasado, y luego de ser enviado a la Corte Constitucional el texto estaba en febrero pasado en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez,  quien fue designado como ponente y debe presentar un proyecto de fallo a la sala plena para tomar una decisión sobre la exequibilidad o no de esta reforma.

Sin embargo al tiempo que se toma la Corte Constitucional para el estudio de este tipo de normas que aprueba el Congreso,  se suma que se han impetrado varias recusaciones, primero a la procuradora General, Margarita Cabello, quien debe presentar un concepto sobre la constitucionalidad o no de la reforma, y posteriormente a varios magistrados de este alto Tribunal. Lo que ha conspirado para una decisión pronta y que permitiera tener hoy claras las reglas de juego para las elecciones del próximo año.

En tres oportunidades fue recusada la procuradora Margarita Cabello ante la Corte Constitucional, las cuales al final fueron rechazadas por el alto Tribunal al considerar que no había mérito.

Uno de los motivos por los que fue recusada la procuradora Cabello fue porque en una reunión que sostuvo en marzo pasado con el registrador Nacional, Alexander Vega, se hizo referencia al proyecto de reforma al Código Electoral, cuando el texto aprobado por el Congreso de la República ya estaba en manos de la Corte Constitucional.

Según el demandante, que como prueba aportó un video, Cabello “manifestó su apoyo al Código Electoral, luego de que el primero (Vega) le explicara sus bondades (…) consta el beneplácito de la Procuradora”.

Luego en agosto pasado fue radicada por cuatro ciudadanos una recusación en contra de los nueve magistrados, invocando sus derechos al amparo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La recusación buscaba que todos los integrantes de esa alta Corporación se declararan impedidos para actuar en varios procesos, dos de los más conocidos el Código Electoral y la llamada ‘ley de borrón y cuenta nueva’.

Uno de los argumentos de la demanda señalaba que el magistrado Alberto Rojas Ríos no puede seguir actuando en esos procesos porque según ellos su período constitucional ya terminó, a pesar de que sigue en la magistratura.

Sin embargo la Corte Constitucional rechazó esta recusación que afectaba el estudio de al menos 60 procesos.

URGEN DECISIÓN 

La directora Ejecutiva de la MOE, Alejandra Barrios, indicó que “es muy importante que la Corte haga la revisión de constitucionalidad del Código Electoral, y que no solo emita un comunicado sino que ojalá esté acompañado de una vez con la sentencia.  Estamos a seis meses de las elecciones y hoy no sabemos con qué reglas diferentes de anteriores elecciones vamos a ir a este proceso electoral».

Agregó que esto incluye una gran cantidad de aspectos a tener en cuenta, este mes “deberían los partidos políticos poder empezar la auditoría a los software de la Registraduría, lo que es testigos electorales, el proceso de inscripción de cédulas y al software de transmisión de los datos el día de las elecciones.  Eso está en el nuevo Código».

Por su parte el presidente del Colegio Electoral Colombiano, Hollman Ibáñez, dijo a este Diario que “hay un vacío muy grande porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar,  si a un Código que es el del 86, vigente hoy, o si la Corte Constitucional va a pronunciarse antes de diciembre por la revisión que está haciendo de la ley que tramitó el Congreso, que reformó este Código”.