Coqueteos a la Corte Penal Internacional

No puede haber una paz duradera sin justicia. Esta semana quedó claro que la justicia ordinaria, no obstante su responsable interés, no puede avanzar en la investigación de los graves delitos ocurridos durante el conflicto armado. Mientras, por otro lado, después de tres años, la JEP no asume competencia formal respecto de ninguno de ellos. ¡El caos!

La JEP siempre quiso que la causa de los generales fuera el caso estrella de esa jurisdicción y que la Fiscalía no se inmiscuyera, citándolos a imputación. Así lo hicieron saber en una reunión oficial en Cartagena, hace tres años, los magistrados Linares y Cifuentes. El asunto se les facilitó con el fallo de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria de la JEP, que dispuso que la Fiscalía no podía citar a los actores del conflicto a diligencias judiciales.

El país recuerda que el presidente Duque objetó esta restricción y alertó sobre las consecuencias que ello podría traer para la paz, para la justicia y para los derechos fundamentales de las víctimas. De inmediato, la presidenta de la JEP –Patricia Linares– lideró una batalla para que el Congreso se opusiera a las objeciones, con la tesis falaz de que era un golpe a la paz y a la justicia transicional. No brillaron los argumentos, sino las pequeñeces de la política, gracias a lo cual hoy estamos metidos en un enredo muy gordo.

Porque a partir de ese momento, el fiscal encargado de la época instruyó a los fiscales, con estricto apego a la orden de la Corte Constitucional, para que se abstuvieran de llevar a cabo nuevas diligencias (directiva 003 de 2019). En ese instante la JEP entendió la gravedad de lo que había promovido y empezó a proferir providencias, a diestra y siniestra, para ordenarles a los fiscales, en casos concretos, que –en la práctica– desconocieran la directiva superior. Todo un desbarajuste.

Inclusive, mediante una decisión de tutela de finales del 2020, el Tribunal para la Paz de la JEP dispuso que las investigaciones debían seguir adelante en la justicia ordinaria y que su decisión debía ser acatada por todas las jurisdicciones, lo que resulta imposible porque un principio del sistema, recogido legalmente, es que la JEP no puede impartir órdenes a otras jurisdicciones y porque, según los tecnicismos penales, las investigaciones se formalizan con la audiencia de imputación, que precisamente no puede llevarse a cabo por la prohibición de realizar diligencias judiciales. La confusión generada fue tan grande que, inclusive, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indagó si la Fiscalía había dado cumplimiento a la sentencia de la JEP. Un estropicio.

Frente a este galimatías y ante el riesgo de que la Corte Penal Internacional (CPI) intervenga en Colombia, el fiscal Barbosa propuso responsablemente una solución, con base en nuevos pronunciamientos de la Corte Constitucional, lo que condujo a la diligencia del general Montoya. En ella, hasta los representantes de víctimas quisieron ayudar, con la tesis de que, a través de meros autos, la Corte Constitucional había “matizado” su sentencia original, la que descalificaron en todos los tonos.

Pero la Procuraduría y el Tribunal de Bogotá acaban de dictaminar, definitivamente, que no es posible llevar a cabo audiencias de imputación. Aunque, para no agravar la situación, se dijo que la justicia ordinaria sí podía continuar las indagaciones. Realmente esto es un espejismo, porque en la práctica es imposible investigar sin efectuar diligencias. Las víctimas son conscientes. Justo lo que se quiso evitar con las objeciones. Ojalá esta situación no nos ponga en las puertas de la CPI, ahora que está estrenando fiscal, quien podría concluir que nuestra justicia no pudo avanzar efectivamente contra los crímenes de guerra y de lesa humanidad, caso en el cual sus autores serían juzgados en sede internacional. El acabose. De llegar a ocurrir, habrían hecho trizas la paz.

Taponazo. Después de esto vendrá otro lío grande, porque decidieron que la JEP tampoco juzgará a todos los responsables de crímenes internacionales. ¿Quién responde?

*Exfiscal General de la Nación