¿Qué viene después de la decisión del tribunal sobre santurbán?

El Tribunal de Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) reconoció que la prohibición a Eco Oro para hacer actividades de minería en páramos es una manifestación del derecho a regular que tiene el Estado colombiano.

Según el organismo, la medida adoptada por el país no fue discriminatoria para los inversionistas de la minera y además buscaba proteger un objetivo legítimo, como lo es la protección del medio ambiente.

Entre tanto, la minera afirmó que se destruyó el valor justo de mercado de sus inversiones en el sector minero colombiano y se le privó de sus derechos en el contrato de concesión que comprendía un depósito de oro y plata en la región.

Cabe recordar que la multinacional tenía en Santander la concesión minera del proyecto de Angostura. Sin embargo, con la delimitación del Páramo de Santurbán durante el 2014 se hizo inviable su proyecto minero, con el que pretendían extraer oro y plata. Por esto le reclama al estado US$ 736 millones, cerca de $2,8 billones. Al parecer, esta indemnización no tendría que pagarse.

Carlos Sotomonte, alto comisionado para la defensa del Páramo de Santurbán, dijo que la decisión anunciada por el Ciadi libraría al país de pagar una indemnización económica a la multinacional.

“El tribunal de arbitramento internacional Ciadi le dio la potestad al Estado colombiano del uso de mecanismos de protección del Páramo de Santurbán, argumento basado en la producción de agua de este ecosistema para 2.5 millones de personas y en el marco del cambio climático”, dijo Sotomonte.

Para los ambientalistas, la decisión es un espaldarazo a la defensa de la soberanía de Colombia.

“Más allá de que el Tribunal haya sentenciado que Colombia no debe pagar a Eco Oro sus pretensiones económicas, se sienta un precedente del cual el Estado debe tener un gran aprendizaje: la Anla ni siquiera debe dar trámite a proyectos mineros en páramos y sus ecosistemas circunvecinos, para que luego Colombia tenga que acudir a hacer su defensa jurídica en los tribunales internacionales, con los altísimos costos asociados a esto, entre ellos el riesgo jurídico, por presuntas ‘falsas expectativas’ generadas en las mineras al no poder satisfacer sus objetivos extractivistas”, aseguró Erwing Rodríguez-Salah, ambientalista e integrante del Comité para la Defensa del Agua y Santurbán.

EL PLEITO NO TERMINA

El litigio continúa después de esta decisión, pues el Tribunal encontró responsable a Colombia por no aplicar correctamente el estándar de ‘trato justo’ y equitativo; por ello determinó que el trámite se mantendrá sólo en lo relacionado con el análisis de eventuales daños.

En la demanda instaurada por Eco Oro también argumentó que se vulneró las disposiciones del Tratado de Libre y Comercio (TLC) con Canadá.

“Esto debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de reformas serias al Código de Minas. Puesto que se ha convertido en un negocio demandar al Estado aludiendo supuestos derechos adquiridos con tan solo el título minero”, reiteró Sotomonte.

Para el alto comisionado, esto ha motivado que exista un modelo o hueco en la normativa que “permite que multinacionales hagan uso de la especulación financiera para embolsillarse multimillonarias sumas en bolsas de valores, así no tengan la base financiera para adelantar sus proyectos”.

A su turno, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, aseguró que “la protección de los páramos es una prioridad y una apuesta de país. Continuamos, en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la construcción colectiva de procesos de gestión y conservación de estos ecosistemas estratégicos para la provisión de servicios y bienestar para las comunidades que los habitan”.

Al mismo tiempo manifestó que el país viene liderando una agenda mundial de cara a la salvaguarda de los ecosistemas de alta montaña, y que, con apoyo de la cooperación internacional avanza en proyectos encaminados a la gobernanza, la conservación de la biodiversidad, las actividades de reconversión productiva y la implementación de negocios verdes en estos ecosistemas.