Inevitable 

La renuncia de la ministra de Tecnologías de Información para las Comunicaciones, TIC, era inevitable, independiente de la moción de censura que la precipitó. Es más, debió hacerlo antes, pues lo sucedido con el contrato de conectividad con la Unión Temporal Centros Poblados, es aberrante. No podía continuar en el cargo más allá de si conocía o no el tramado de corrupción que empieza a develarse y de su nivel de responsabilidad.

La génesis del contrato se remonta al periodo de la ministra Sylvia Constaín. En enero de 2020, el Ministerio inició el proceso de licitación pública FTIC-LP-01-2020, por valor de $2 billones de pesos, previsto a ser adjudicado en marzo 30 de 2020. Dicho proceso no se llevó a cabo.

En abril de 2020 renunció la Ministra en medio de una polémica por la licitación del dominio .CO y en mayo de ese mismo año se posesionó Karen Abudinen.

En agosto de 2020 se abrió una nueva licitación, la FTIC-LP-38-2020, con mayor alcance (14.000 instituciones en vez de 10.000) y se dividió el contrato en dos regiones, cada una un contratista. El Ministerio adujo que evitaría riesgos en su ejecución y permitiría una mayor participación al tener “condiciones más flexibles para cada región, haciendo que los posibles interesados cumplan con la experiencia y capacidad necesarias”.

En diciembre 7 de 2020, la Ministra suspendió el proceso de adjudicación al conocerse que un asesor del despacho era apoderado de uno de los contratistas. Dos días después, se adjudicó el contrato. La Región A, a Comcel y la Región B, a la Unión Temporal Centros Poblados.

“La adjudicación de este proyecto fue un proceso serio y transparente que se desarrolló en estricto apego a la contratación estatal”, dijo la funcionaria a los medios.

Todo iba bien hasta que, a finales de junio, en una reunión de seguimiento, se evidenció que mientras Comcel ya había instalado más de 700 puntos, Centros Poblados, ninguno. Se encendieron las alarmas y se indagó por pólizas y garantías bancarias, encontrando que la de Centros Poblados, era falsa. Para ese momento y como le correspondía, por tener un mandato fiduciario, el BBVA ya había girado los $70.000 millones del anticipo.

Luego se conocería, que días antes de la licitación, las empresas de Centros Poblados, ampliaron su objeto social para encajar en el establecido en los términos de referencia y que detrás habría hampones de la calaña de Emilio Tapia, condenado por el Carrusel de la Contratación en Bogotá. Y como es usual en este tipo de escándalos, se especula si detrás del contrato hay intereses políticos asociados a quienes respaldan a la Ministra.

La Ministra Abudinen hizo bien en declarar la caducidad del contrato por falsedad en la garantía, en interponer las respectivas denuncias penales ante la Fiscalía y en informar a la Contraloría y la Procuraduría y atender sus requerimientos. Igual con la decisión de adjudicarle el contrato a la ETB NET, que obtuvo la segunda calificación en la licitación, para no dilatar su ejecución y evitar afectar a las instituciones educativas beneficiadas.

No hizo bien en atornillarse al puesto: debió renunciar tan pronto decretó la caducidad y no exponer al Gobierno y al presidente a semejante desgaste político. Seguro actuó de buena fe creyendo que desde adentro sería más efectiva en desentrañar lo sucedido. Pero olvidó que ella también está cuestionada. Si sirvió de gancho ciego o conocía del entuerto, la justicia lo dirá. Ojalá sea lo primero, y que con su caída no pierda relevancia el caso, para recuperar el dinero y desmantelar la organización criminal que hay detrás.

*Exministro de Estado 

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