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Juez admitió tutela para retorno a presencialidad
La acciòn impetrada busca que un juez ordene el retorno a las actividades académicas, por lo que se solicitó el amparo del derecho fundamental, por la vulneración al derecho de la educación de los niños.
En aras de un regreso progresivo de los estudiantes a las aulas se impetró una acción de tutela a través de la cual se está reclamando una mejor adaptación de los colegios para afrontar el proceso y brindar mejores herramientas para enriquecer el aprendizaje de los estudiantes.
Y es que si bien, en las instituciones de educación, especialmente en las oficiales, hay carencias básicas que dificultan el reintegro de los estudiantes y cuerpo docente en medio de la pandemia.
Sin embargo, se conoció que el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta, admitió la tutela de la Veeduría Ciudadana contra la Alcaldía Distrital de Santa Marta y la Secretaría de Educación, por la presunta vulneración del derecho a la educación de los niños.
El documento señala que los entes territoriales responsables no se encuentran organizando el retorno a clase de los niños de Santa Marta, refirió además que en el Distrito de Santa Marta, el 70% de los docentes que prestan sus servicios se encuentran vacunados.
A su vez, el tutelante precisó que el Ministerio de Educación ha realizado el giro de los dineros por mitigación, encaminados al reingreso a las clases presenciales, mediante la aplicación de todos los protocolos de bioseguridad.
Lo anterior se puede constatar de acuerdo a las respuestas entregadas por el Ministerio, en donde señala que de los recursos distribuidos mediante el documento SGP-56-2021 le correspondió al Distrito de Santa Marta la suma de $13.421.025.107 desagregados así: calidad matrícula la suma de $6.714.003.968 y Gratuidad $6.707.021.139.
En el informe de la Cartera de Educación Nacional, a la fecha se le ha transferido directamente a la Cuenta Maestra de Calidad, que administra la entidad territorial, la suma de $3.916.502.317 correspondientes a 7/12 (enero a julio) del valor asignado mediante giros mensuales de $559.500.331.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
El accionante en defensa del derecho fundamental a la educación de los niños de la ciudad de Santa Marta y, a razón de ellos “solicita a los entes territoriales Alcaldía de Santa Marta y Secretaría de Educación Distrital, que procedan a realizar las gestiones del caso para suministrar a los colegios del Distrito, de los insumos y/o herramientas para cumplir con los protocolos de bioseguridad y de esa manera poder retornar a clases presenciales, atendiendo que ya fue girado el rubro necesario para tales efectos y, a la fecha de hoy no se está haciendo nada al respecto, vulnerando de esa manera el derecho fundamental a la educación de los niños del distrito”, dice el oficio.
Al respecto, tanto la Alcaldía de Santa Marta como la Secretaría de Educación Distrital, refirieron ser cierto que cuentan con los elementos de bioseguridad y que están resguardados en las instalaciones del Colegio I.E.D. Simón Bolívar.
Del mismo modo, se le solicita colocar los lavamanos, dispensadores para el uso de los antibacteriales, los cuales se encuentran a la intemperie en una pequeña bodega de la mencionada institución educativa desde hace más de un mes.
De igual manera, se solicita a la Alcaldía Distrital y la Secretaría de Educación contratar más aseadoras en cada institución educativa para realizar con mayor rigurosidad los procesos de desinfección; que se ordene el regreso a clases en las instituciones que cuenten con todos los protocolos de bioseguridad.
En ese orden de ideas, el Despacho Judicial considera que, resulta necesario amparar el derecho fundamental a la educación de los niños del Distrito de Santa Marta. Consecuencialmente a ello, se ordenará a la Alcaldía de Santa Marta y/o Secretaría de Educación Distrital, que en un término de 5 días hábiles, procedan a informar al actor, sobre las fechas de entrega de los elementos de bioseguridad correspondientes, a los Colegios del Distrito de Santa Marta, así como, de la instalación de equipos de lavado de ser necesarios, para garantizar la comunicación del proceso de cumplimiento de la Resolución No. 777 del 2 de junio de 2021, y de esa forma, lograr con el objetivo del reingreso a clases presenciales.
