Tapias, Duque, Rave a la cárcel, y la implicada mayor para cuándo?

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Con tres de los principales protagonistas del escandaloso contrato que celebró la exministra TIC Karen Abudinen con la Unión Temporal Centros Poblados y donde finalmente apareció la estrella de la corrupción de la contratación pública en Colombia, Emilio Tapia, la opinión pública se pregunta, ¿cuándo va la Fiscalía por la exfuncionaria responsable de este descalabro?

LA MEDIDA 

Para sustentar la medida de aseguramiento, el juez aseguró que la Fiscalía demostró que sin las pólizas falsas nunca se hubiera adjudicado al contrato y que este mismo terminó afectando a las personas que viven en las zonas rurales que serían beneficiadas por el contrato.

Pero además el juez advirtió que “Jorge Alfonso Molina siempre advirtió que la garantía era falsa, él lo advirtió a los intervinientes y que Enrique López las tuvo en cuestión de dos días. Evidentemente ni Duque, ni Laverde suben las pólizas a Secop, porque ya lo había hecho ‘Alfredito’, testigo de la Fiscalía”

“La situación del señor Tapia es nefasta en este momento, él representa un peligro para la sociedad, tanto así que se perdieron 70.000 millones de pesos, es el fraude más grande que ha conocido este despacho”, sentenció.

NO SON DE  BUENA CONDUCTA: JUEZ 

Pero el juez tuvo además unas consideraciones demoledoras para rechazar la solicitud de detención domiciliaria. El togado dijo: “¿cómo me van a hablar a mí de buena conducta? Son personas que están delinquiendo, son personas preparadas, que delinquen con conocimiento, no podemos poner un policía para cuidar a cada uno, no alcanzan los policías ni a cubrir la delincuencia para que los pongan de niñera”, afirmó.

Cabe mencionar que los tres detenidos fueron imputados por los delitos de falsedad en documento privado por la garantía que presentaron del Banco Itaú, además de fraude procesal por las garantías de cumplimiento y acta de inicio del contrato, por lo cual la Fiscalía pidió que fueran enviados a la cárcel.

Mientras tanto, ayer se agravó más la situación de este ´corrupto contrato, tras conocerse, que la empresa Rave Seguros tiene sede en Medellín y que ha estado salpicada en el escándalo de contratación del Ministerio TIC, aseguró que lleva 45 años de experiencia en ofrecer pólizas de seguros y obtener su renovación a título de intermediario y nunca ha expedido “garantías bancarias”, lo cual es ajeno a su objeto social.

Alejandro Archila, abogado de Rave,  afirmó que la compañía está comprometida en entregar la información a las autoridades competentes.

“Al parecer, hay unas garantías bancarias falsas que las personas de Centros Poblados o vinculadas a ellas, que se intermediaron por parte de Rave Agencia de Seguros. Podemos dar absoluta fe de que Rave nunca ha intermediado ni nunca ha expedido una garantía bancaria”, señaló.

Juan José Laverde, quien fue capturado, solicitó a la Rave Agencia de Seguros una licencia no remunerada para adelantar su defensa y desde el 28 de julio dejó de ser el representante legal suplente, confirmó el abogado Alejandro Archila.

“Él, por supuesto, tendrá que dar las explicaciones pertinentes a la justicia. Por lo pronto, solicitó una licencia de tres meses y, al término de ella, se podrán tomar determinaciones por parte del señor Laverde o la compañía”, puntualizó.

Sobre el presunto cambio de nombre, el abogado explicó que se trata de una marca comercial que sigue asociada a Rave, con la cual tuvieron inconvenientes para su registro e indicó que el proceso se venía haciendo desde tiempo atrás, por recomendación de los asesores jurídicos.

En el contrato adjudicado por el Ministerio, Rave afirmó que se limitó a tramitar “la póliza de responsabilidad civil extracontractual Nº 12537 con valor de 178’500.000  pesos, siguiendo un riguroso proceso de verificación de más de 150 folios, de acuerdo con los lineamientos legales. Respecto a la misma, no hay reparos”.

La investigación está relacionada con el anticipo por  70´000.000.000 de pesos que entregó el Ministerio por el contrato para llevar Internet a 14.000 escuelas del país.

PIDEN  INVESTIGACIÓN 

El juez 53 de control de garantías de Bogotá ordenó investigar disciplinariamente a Adriana Vanessa Meza Consuegra, exsecretaria general MinTIC y a Sandra Orjuela Méndez, exsubdirectora de Gestión Contractual del Ministerio, por las irregularidades que se presentaron en el proceso licitatorio del billonario contrato que le fue entregada a la Unión Temporal Centros Poblados.

El funcionario judicial indicó que es clave determinar si las dos funcionarias incurrieron en una falta disciplinaria al no revisar todos los documentos presentados por la Unión Temporal en el proceso de licitación y darle el visto bueno a la entrega del contrato avaluado en 1.2 billones de pesos.

En su extensa intervención el juez determinó que es necesario identificar todo lo que ocurrió con ese proceso licitatorio el cual resultó bastante afectado con la entrega de documentos falsos como certificados bancarios y pólizas de seguro.

Considera que las funcionarias estaban en la obligación de verificar que los documentos presentados por los oferentes debían ser revisados minuciosamente puesto que esta era su responsabilidad. “Eso está cartilla o régimen de contratación de cada entidad”.

“Eran quienes debían supuestamente vigilar la garantía de seriedad que se aportaba al proceso en principio. Si se hubieran dado cuenta que esta garantía era falsa nunca hubiera habido anticipo”, precisó el juez al considerar que no se puede omitir la premisa que las dos exfuncionarias fueron inducidas al error por los representantes.

Para justificar la compulsa de copias el funcionario puso de presente un hecho hipotético en su propio despacho. “Si mi oficial mayor o mi secretaria se le olvida por x o y motivo hacer algo con una tutela y me compulsan copias disciplinarias a mí  pues adivinen quién tengo qué  hacer yo. Cuando los funcionarios públicos cometemos un error pues para eso está la acción disciplinaria”.

OTRA ´PATA A LA MESA´ 

La Procuraduría General de la Nación reconoció que hubo amenazas de muerte, chantajes y eliminación de información clave dentro de la investigación que se adelanta por el escándalo de corrupción en el contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal.

Al mismo tiempo, solicitó que sean enviados a la cárcel Emilio Tapia (condenado por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá); Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y Juan José Laverde, directivo de Rave Agencia de Seguros, procesados por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.

EL INVESTIGADOR 

El jefe de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, tendrá a su cargo la investigación instaurada por la Red de Veedurías de Cartagena en contra de la exministra de las TIC Karen Abudinen por la suscripción del polémico contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, en el que al parecer se perdió un anticipo que supera los 70 mil millones de pesos.

Tras esta designación Jaimes deberá estudiar la demanda y determinar si existe mérito alguno para abrir una investigación penal en contra de la exministra.

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