Lo que dicen los abogados

Iván Cancino, quien representa como víctima al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, respaldó las pretensiones de la Fiscalía y aseguró que sí se configuró el delito de falsedad en documento privado, por cuanto las garantías que se presentaron para la adjudicación del contrato fueron falsas.

“Lo que no tiene ninguna discusión es que el hombre de atrás de algunas compañías de Centros Poblados sí era el señor Emilio Tapia, está comprobado con reuniones en al menos dos partes de Colombia, en Medellín y Bogotá, está establecido desde la parte probatoria que sí tuvo conocimiento del tema de la producción de las garantías”, dijo Cancino.

Miguel Antonio Carvajal, representante de la Procuraduría, en la audiencia aseguró resulta entendible para cualquier persona del común que se puede, en remplazo de la póliza de seguros, presentar una garantía bancaria que asegure un eventual requerimiento del contratante, no obstante, “los bancos no las otorgan gratuitamente, tendría mayores requerimientos que imponen el tráfico comercial, sin embargo, se consiguieron estas garantías sin mayores requerimientos”, aseguró.

Entre tanto, Alejandro Sánchez, abogado de Emilio Tapia habló sobre la inferencia razonable, aseguró que hay tres coatuores y que Tapia no conoce a Jorge Enrique López, ni hizo compromisos con él y tampoco se comprometió a pagar con él ninguna suma de dinero y que la Fiscalía no presentó ninguna prueba para que presente lo contrario. Añadió que Tapia se ofreció de manera voluntaria a colaborar con la justicia desde el 13 de septiembre.

Por su lado, Omar Cabarcas, apoderado de Juan José Laverde, pidió que fuera negada la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, pues no está clara la inferencia de autoría en los delitos imputados y que, en el caso de Laverde, no se consideraron medidas subsidiarias como la casa por cárcel.

Además, aseguró que Laverde no tiene un papel importante en estos hechos por cuanto solo es un corredor de seguros, que se conoció con Jorge Alfonso Molina solo para conseguir unas pólizas, que hubo una relación comercial en la que fue Molina quien le habló de la existencia de un lote en Santa Marta que era lo que le permitía conseguir las garantías, pero que en ningún momento él conoció que serían falsas.

Julián Quintana, abogado de Luis Fernando Duque, aseguró que el representante de Centros Poblados, no tiene nada que ver con los hechos, que actuó de buena fe y que no conocía que las garantías fueran falsas, pues actuó bajo los principios de confianza.

Así mismo, dijo que Duque no actuó en la conformación de Centros Poblados, que llegó posterior a la estructuración que hizo Cáceres y que este ya había hecho la estructuración del proyecto y había constituido la oferta para presentar a Mintic.

El abogado dijo que fue Alfredo Amín, de confianza de Cáceres, quien subió los documentos al Secop y no Duque, como lo ha señalado la Fiscalía, además que Duque llegó al proyecto por invitación de Cáceres, por lo cual no tuvo nada que ver con la consecución de las garantías bancarias./Colprensa