Las pretensiones de Nicaragua

Se llevó a cabo esta semana la primera audiencia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, correspondiente a nuevas demandas de Nicaragua con relación al archipiélago de San Andrés y Providencia. Cuando se creía que con el fallo del 2012 todo había quedado resuelto, y que ya era definitivo que Colombia conservaba la soberanía sobre los territorios insulares, el gobierno nicaragüense, liderado por el polémico Daniel Ortega, viene ahora con todo para tratar de obligar a los pobladores de las islas a que no hagan uso de las zonas marítimas en las que han pescado toda la vida. Dicen los abogados del país centroamericano que Colombia ha incumplido de manera “flagrante” el fallo de la CIJ, por lo que se le debe obligar a brindar “garantías certeras de no repetición” para que Nicaragua pueda ejercer soberanía sobre la zona marítima que le otorgó la Corte.

La argumentación del gobierno colombiano desde la administración de Juan Manuel Santos ha sido que los cambios en las fronteras nacionales, de acuerdo con la Constitución Nacional, solo se pueden determinar por un nuevo tratado internacional refrendado por el Congreso de la República y con la respectiva sanción presidencial, situación que no se ha dado. Para Ortega resulta muy conveniente volver a hinchar los sentimientos nacionalistas en su país ahora que se acercan las elecciones amañadas en las que él será, prácticamente, el único candidato con posibilidades de ganar.

Ya es conocido cómo se encargó de anular uno a uno a sus posibles contrincantes en las urnas, de la manera más descarada y antidemocrática. Adicionar el ingrediente de su pelea territorial con Colombia como una lucha justa que él está dispuesto a dar, buscando extender incluso a 200 millas la plataforma continental, hará que los nicaragüenses se olviden de todas sus triquiñuelas para eternizarse en el poder. Para el  22 de septiembre, estába  previsto que Colombia respondería  a los exagerados reclamos nicaragüenses, por lo que hay expectativa acerca de la reacción que tendrán luego los magistrados de la CIJ, en medio de los alegatos que se extenderán hasta el 1 de octubre.

Los togados tendrán varios meses para estudiar el asunto y en el 2022 se estarán pronunciando, en busca de dirimir el conflicto. Lo cierto es que desde 1803 (en esa época Virreinato de la Nueva Granada) Bogotá tiene soberanía en el archipiélago y, si no fuera porque luego Colombia regaló la Costa de Mosquitos para conformar Nicaragua, ese país no tendría el más mínimo derecho a reclamar nada. Desde la primera Constitución colombiana (firmada en Cúcuta en 1821) el archipiélago aparece como parte de nuestro país. Por el contrario, es el gobierno de Ortega el que, sin derecho a hacerlo, viene otorgando concesiones a empresas petroleras para explorar y explotar reservas que habría en los subsuelos de áreas marítimas que pertenecen a Colombia.

Es algo que perjudica el medio ambiente, pero también a la pesca que ejercen en toda esa zona los habitantes de las islas. Ahora bien, las promesas incumplidas a los isleños en diferentes gobiernos, y hasta los compromisos fallidos de recuperar a Providencia en 100 días después de los estragos del huracán Iota, el año pasado, juegan en contra de los sentimientos de los raizales frente a Colombia.

*Internacionalista 

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