Tras crisis de Hidroituango, en Puerto Valdivia no recuperan la cotidianidad

Cuando Amalia Múnera regresó a Puerto Valdivia no encontró vecinos. Las calles estaban vacías. Ni las gallinas que cacareaban al pie del Cauca, en el sector de La Arrocera, emitieron su peculiar ruido. Aunque nunca olvidará el desastre por la avalancha que causó Hidroituango, al volver, cuenta ella, fue feliz. Su familia es una de las 2.225 que retornaron a ese corregimiento de Valdivia.

Los Múnera —como les llaman en el barrio— regresaron en noviembre de 2020. Su partida, similar a la del resto de afectados por el destaponamiento de uno de los túneles del proyecto hidroeléctrico, se dio el 12 de mayo de 2018. Ese sábado no hubo tiempo para mirar atrás. Una avenida torrencial se llevó lo que encontró a su paso y puso en riesgo a 5.626 familias de Valdivia, Cáceres y Tarazá.

Aunque 934 de estas regresaron al Puerto en octubre del mismo año, pasaron dos años y cinco meses más para que concluyera el Plan Progresivo de Retorno planteado por EPM, según Ana Milena Joya, gerente Social y Ambiental de Proyectos de la empresa. Eso significa que, aunque muchos volvieron tras la emergencia, el retorno para algunos todavía es inviable.

Son 123 las familias que adelantan acciones jurídicas en contra de EPM, pues no llegaron a un acuerdo previo al cierre legal del plan. De ello dan cuenta una treintena de casas en poder del abandono en sectores como La Platanera y Remolinos, a donde sus antiguos moradores se resisten a volver, pese a tener que rebuscarse el arriendo.

El paisaje lo completan las ausencias. En estas coinciden quienes volvieron y quienes no. Aunque EPM avanza en su reconstrucción, en el Puerto extrañan el puente peatonal que se llevó la borrasca, la escuela que ya no funciona y el hospital que hoy no existe. Y ni se diga de la tranquilidad: el sonido de las alarmas, ante una nueva emergencia, martilla con fuerza en la cabeza de todos en el corregimiento.

A pleno mediodía, Carlos, el mayor de los Múnera, custodia la puerta de la casa que un día desocupó, sentado en una silla plástica, refugiándose del sol bajo las alas amplias de un sombrero. Absorto, percibe algunos detalles del recuento que hace Amalia, su hija, sobre el día en que el río colapsó un túnel de Hidroituango.

Ella, lúcida y vital, suelta una ráfaga de hechos que ni los vecinos que hacen corrillo en su sala alcanzan a digerir. Habla de la zona urbana de Valdivia, donde pagó arriendo para ella, su papá y dos de sus nietos durante casi dos años, y del fogón y el juego de loza que dejó en su casa como promesa de retorno.

“¿Qué otra cosa podíamos hacer, después de tanto tiempo pagando arriendo?”, se pregunta Amalia más tarde, mientras evita que la brisa arrastre con la cobija que colgó temprano en el tendedero.

A ella, dice, EPM no le compró su propiedad, por eso regresó al mismo punto del que salió. Y aunque reconoce que remodeló parte de su casa con un aporte que recibió en la negociación con la empresa, no oculta lo duro que fue volver al corregimiento.

“¡Muerta! Así lucía esta calle. Solo una señora, que volvió dos semanas antes, nos acompañó”.

Además de los vecinos, los Múnera no encontraron el puente Simón Bolívar, que conectaba a La Arrocera, Remolinos, La Bomba y El Matadero con el sector de La Iglesia. Por eso volver a misa dejó de ser sencillo, relata Amalia. El camino para llegar al templo se duplicó.

Las ausencias que enumeran los Múnera también fueron evidentes para José de Jesús Barrera y su familia, quienes volvieron al Puerto, pero en calidad de arrendatarios y no de propietarios como alguna vez lo fueron. Su barrio, La Platanera, permanece vacío. Por lo menos 30 familias se resisten a volver a ese sector, por considerarlo de alto riesgo.

Pero el dictamen que emite EPM es distinto. Según la empresa, el 100% de los evacuados en el Puerto cuentan con garantías para volver a sus hogares. Los 123 que no han accedido a firmar el acta de retorno —como José y su familia—, “lo han hecho por razones ajenas a la contingencia”.

En esto difiere José, quien no se fía del río y menos de la presa que está en construcción. Aunque la circular que fija los niveles de alerta de evacuación del proyecto hidroeléctrico —la número 032 del 26 de julio de 2019— pinta de naranja el corredor de Puerto Valdivia, Tarazá y Cáceres, la presa se mantiene en alerta roja.

Por esa razón, EPM debería comprar las casas afectadas en La Platanera, propone José, al pie de la canoa que usó en sus años mozos para pescar. “Así la gente se acomoda en otro barrio”, sin tener que arriesgar la vida al retornar a los muros que el tiempo y el desuso han maltratado.

Lo que dice EPM, respecto a las inconformidades de José y de otros propietarios en la zona, es que las viviendas estaban en riesgo previo a los trabajos en la presa. “Allí construyeron sin respetar la zona de retiro del río”, afirma Joya, de la gerencia Ambiental y Social de Proyectos de la entidad.

Desde la casa de los Múnera puede atisbarse el sector de La Iglesia, donde operaba la sede primaria de la escuela Marco A. Rojo y el hospital del corregimiento. Esas construcciones, sumadas al puente, integran la deuda que todavía no salda EPM en el Puerto, según esta y otras familias.

Pero dos hechos reconfortan: “¡Han abierto negocios nuevos! Eso nos tiene contentos. Y las obras del puente, que tanta falta nos hace, por fin empezaron”, afirma Amalia.

Los trabajos para reconstruir el paso peatonal debieron comenzar en 2020, pero entonces la comunidad no permitió que se formularan las actas de vecindad, según EPM. Con un nuevo contratista, hoy los trabajos avanzan para que un cruce de 97 metros de longitud y 3,07 metros de ancho vuelva a conectar al corregimiento en 2022.

Entre las tareas claves para lograrlo, la empresa habla del salvamento del antiguo puente, y trabaja en una inspección subacuática para identificar, con precisión, la ubicación de la estructura metálica y evaluar sus condiciones.

Estas últimas, precisamente, son las que todavía impiden el retorno a la vida de uno de los vecinos del puente.

Avanzada la tarde, nadie escucha las risas de los pequeños que asistían al preescolar de la escuela Marco A. Rojo, ni los gritos de los más grandes, quienes ya veían próxima a concluir su primaria.

Aunque hay tableros empotrados en las paredes y en algunos salones sobreviven un par de carteles de cumpleaños, la humedad y el calor son ahora los únicos inquilinos de esa construcción de dos plantas. Fernelix Palacios, natural del Chocó y quien ajusta 20 años como rector de la institución, no llegó a imaginar que tal cosa pasaría.

Ante la falta de llaves, este decide trepar por una escalera y adentrarse en la escuela como un intruso. De camisa blanca y pantalón formal, recorre algunos salones y se introduce en el corredor. Parece que fuera a una cita con su pasado, con los colegiales que ya no están.

Al fondo, contiguo a un aula múltiple que se congeló en el tiempo, se topa con una ventana. ¡Tremendo palco! ¡Cuán maravillosa vista! Allí se pierde. Fija su mirada en el río Cauca, que está a pocos metros, y recuerda que allí donde pisa no habrá lugar para más funciones escolares.

“En este momento, damos todas las clases en la sección secundaria. Allá están los de primaria e, incluso, los adultos”, aclara el rector. Aunque en el lugar no se dictarán más clases, hay un plan para salvarlo y convertirlo en un centro cultural, pero este todavía no se concreta.

El proyecto para recuperar los cupos perdidos tras la evacuación de la escuela sí avanza, según EPM. Sin embargo, su cronograma también se retrasó. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) solicitó un seguimiento geotécnico del predio, el cual se tomará seis meses.

Solo una parte de esa escuela aún vive. En aquel salón de preescolar y por donde pasó uno de sus hijos, Rosemberg Hurtado pudo recuperar la cerrajería que la creciente le arrebató. Allí, acompañado por bártulos que alguna vez fueron escolares, recompone los metales rotos y asume los encargos del sector.

Su retorno difiere del de los Múnera y los Barrera. Este se quedó en el Puerto, pero envió a su esposa e hijos para Yarumal. Partidos en dos, así sobreviven los Taborda desde entonces. Rosemberg prefiere viajar todos los días de un lado a otro, para que su hogar tenga un mejor futuro.

Mientras ordena herramientas, recuerda el hospital que ya fue demolido y se pregunta por la fecha en que estará listo uno nuevo. Aunque se habilitó un espacio de atención temporal, asegura que no alcanza a suplir las necesidades del corregimiento. Y el nuevo centro de salud tiene retrasos de cronograma. Como en el caso de la escuela, se surten varios procesos ante la Anla.

Esta situación llevó a que el cuerpo de Bomberos se volviera imprescindible. Sara Moreno, quien apoya las labores de transporte asistencial, describe que la gente se ha entregado por completo a ese organismo. “Las personas buscan todo el tiempo a los bomberos… se convive con la zozobra y la gente necesita ser escuchada”.

El equipo de Sara, además del transporte asistencial, le mide el pulso al río. Y aunque EPM instaló 133 estaciones de alarmas para alertas tempranas en los frentes de obra de la presa, la vía a Puerto Valdivia y en los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, ello no ha sido suficiente.

Basta con un rumor sobre la subida del río para que el Puerto se desmorone, describe la joven. Basta con que una alarma suene en algún equipo de sonido para que la fe de los vecinos que volvieron y el ruido de las gallinas que hoy cacarean al pie del Cauca se evaporen.

/Colprensa

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