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Si Hidroituango no cumple, BID cobraría toda su deuda

Los acreedores de EPM tienen entre ojos una fecha: junio de 2022, momento en que la primera turbina de Hidroituango generaría energía, hito de confianza para el sector bancario y el país. Sin embargo, ahora con la incertidumbre de un posible cambio de contratista, el BID Invest —ala privada del Banco Interamericano de Desarrollo— se reunió la semana pasada con emisarios del Gobierno Nacional y advirtieron que en caso de que dicho hito no se cumpla, EPM deberá pagar el total de la deuda que tiene con el banco en menos de 45 días.

A la fecha, el saldo de ese crédito es de 450 millones de dólares, equivalente a $1,7 billones, de acuerdo con la TRM vigente. El crédito consta de dos partes con plazos de 8 y 12 años respectivamente. Justo el 30 de marzo de 2021, ambas entidades firmaron un otrosí al contrato de crédito, por los efectos de la emergencia de 2018, lo que introdujo nuevas cláusulas.

Esta no es la primera vez que el BID Invest presiona para que EPM marche a toda máquina con el proyecto, pues el año pasado hubo una fuerte presión para que la empresa pagara la totalidad de la deuda en tan solo ocho días. Fue tal la magnitud de la misma, que el presidente Iván Duque tuvo que mediar para que desistieran en dicha intensión.

Fuentes cercanas al caso indicaron a EL COLOMBIANO que este es un modo de presión del banco para que EPM no cambie de contratista a último momento, como se ha venido rumorando desde que ocho empresas nacionales e internacionales visitaron el proyecto hace quince días para estudiar el tamaño de la obra y lo que estaría pendiente en caso de asumirla.

El problema de que dicho cobro se haga efectivo, es que los demás acreedores que tiene EPM también cobrarían su cartera, lo que significaría una crisis sin precedentes para el conglomerado, que debería pagar rápidamente más de 22 billones de pesos.

Según EPM, el contrato se viene ejecutando acorde con lo establecido en las cláusulas. “A la fecha, la compañía no ha sido notificada acerca de ningún evento de incumplimiento en que hubiese incurrido”, indicó la empresa.

El BID le dijo a EL COLOMBIANO que sigue muy de cerca los avances del proyecto y está en cercana comunicación con su cliente. “Reiteramos nuestro compromiso con EPM, las autoridades colombianas y las comunidades de Antioquia para impulsar las obras de este proyecto, siguiendo las prácticas internacionales ambientales, sociales y de gobierno”.

Crisis energética
De otro lado, el suministro de energía nacional, independiente de si hay o no nuevos retrasos en Hidroituango, está garantizado hasta 2023. Hasta ese año alcanza el saldo a favor que tiene el sistema energético, el cual se podría gastar si el megaproyecto de generación, que promete suministrar el 17% de la demanda nacional, no prende sus dos primeras turbinas antes de que termine noviembre de 2022.

La incertidumbre llegó con el posible arribo del Plan B, que metería un nuevo contgratista en la obra. Sin embargo, aún con esa posibilidad pendiente de resolución, no hay riesgo de racionamiento en el corto plazo. Eso lo confirmó Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, que le dijo a EL COLOMBIANO que conscientes del panorama que planteaba el proyecto, en febrero de 2019 se realizó una subasta de cargo por confiabilidad que tenía como objetivo garantizar el suministro de energía así Hidroituango tuviera retrasos adicionales.

Esa subasta incluyó incentivos para que los proyectos pudieran entrar de forma temprana y eso permitió que Termoyopal operara un año antes de lo previsto en el contrato.

Por eso ese análisis de oferta y demanda de energía en firme (es decir, con la que se cuenta en los momentos complicados cuando hay temporadas climáticas extremas) advierte hoy que no hay posibilidad de un apagón porque la demanda está cubierta.

Sin embargo, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, propuso que si ese cronograma se sigue apretando por Hidroituango, el Gobierno debería convocar una nueva subasta por cargo por confiabilidad para que se ataque de frente la preocupación latente por los interrogantes que aún plantea el proyecto Ituango.

EPM, por su parte, le respondió a este diario que el eventual cambio de alguno de los contratistas no es una situación a su voluntad, sino que sería consecuencia en el caso de que los actuales no tengan la capacidad de continuar por los efectos que se podrían presentar en el escenario de que quedara en firme el fallo de responsabilidad fiscal.

Reiteró que concentra sus esfuerzos para lograr entrar sus primeras dos unidades en el segundo semestre de 2022 (se encendería en julio y octubre, según plantea EPM).

/Coprensa

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