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‘El embargo al Distrito es legal’
El agente interventor de la Supersalud, Óscar Galves, afirmó que todo se ha hecho conforme a la ley y con la intención de prestar un mejor servicio a los usuarios y que el embargo del Hospital contra el Distrito tiene garantías jurídicas.
La entidad de salud afirma que con los recursos recuperados se ha venido dando oportuna atención a la población más pobre y vulnerable, y a la población migrante.
Tras las afirmaciones hechas por la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson Salcedo, quien aseguró que el embargo promovido y mantenido hasta ahora por el Hospital ´Julio Méndez Barreneche´ era ilegal y arbitrario, la institución asistencial respondió rechazan do esos señala mientos afirmando que la plata ha sido para cubrir los servicios a la población más vulnerable de la ciudad.
La mandataria había afirmado que jurídicamente el Distrito se encuentra en varios procesos legales para recuperar los dineros embargados “que afectan la inversión social en la ciudad”.
Así mismo consideró ilegal dicho cobro coactivo porque están cobrando facturas que no han terminado el proceso de cobro administrativo, lo que significa una violación al debido proceso y el estado actual del proceso se encuentra en que los bancos están reuniendo el dinero del monto total del embargo para que llegue a las cuentas del Hospital Julio Méndez Barreneche´, señaló la alcaldesa.
ACCIONES SON LEGALES
Por su parte, el Agente Especial Interventor del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche E.S.E., Óscar Galves, por medio de un comunicado, precisó que, “el cobro coactivo hacia el Distrito de Santa Marta, se adelantó por concepto de la prestación de servicios de salud a población pobre, vulnerable y a población migrante, ejerciendo todas las garantías Jurídicas que la misma ley le concede”.
Del mismo modo, la entidad señaló que, “contrario a lo que afirma la Alcaldesa, el Hospital no ha amenazado el derecho fundamental al debido proceso y ningún otro, tal como lo confirman, en fallos de tutela, los Juzgados Segundo Civil Municipal y Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta, en Primera y Segunda Instancia respectivamente”, dice el oficio.
De acuerdo con el HUJMB las autoridades Judiciales también determinaron que la medida de embargo decretada, tiene como finalidad, sufragar los gastos en materia de salud que se le adeudan al Hospital, protegiendo el derecho fundamental a la vida y a la salud.
“Con los recursos adeudados por el ente territorial y recuperados por el Hospital se ha venido dando oportuna atención a la población más pobre y vulnerable, y a la población migrante, respetando de esta manera el derecho fundamental a la vida y conexo a la salud”, añade el comunicado.
Por último, el centro asistencial resalta que sigue comprometida con la salud de la población y pese al reiterado no pago del Distrito, la Institución ha prestado, y continúa prestando, el servicio de salud a la población más pobre, de manera integral, con una atención de calidad, interrumpida y sin dilaciones.
