Esta es la orden judicial para acabar con carromulas

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En Cartagena el uso de animales como “motores” de vehículos, también llamados de tracción animal, se convirtió en un tema que cohesiona a distintas personas y entes.

Una gran mayoría de la ciudad solicita, hace muchos años, que se acabe con esta práctica anacrónica, obstáculo a la movilidad y que recrudece el maltrato animal.

Luego de sonados casos de caballos que perecen sobre el asfalto caliente en distintos barrios de la ciudad; de observar burros demacrados que cargan con escombros con un peso multiplicado al de ellos; y ante la carestía de controles y políticas específicas por el Distrito, la justicia ha intervenido.

El pasado 28 de septiembre el Juzgado Administrativo Contencioso de Cartagena falló con una serie de obligaciones que el Distrito, representado en el tema por el Datt, la Umata y el Dadis, deberá estructurar y hacer cumplir para erradicar este problema.

Firmado por el juez Enrique Antonio Del Vecchio Domínguez, el documento enumera una serie de estrategias con las que el Distrito impactará a los conductores de carretillas, zorras y carruajes rudimentarios que, normalmente, transportan residuos sólidos y escombros de construcción.

La motivación es a lo que se apela. Alicientes relacionados con nuevas oportunidades de negocio, capacitación, tecnificación y legalización.
El Tribunal Administrativo instó al Distrito a organizar, con el apoyo de otras entidades, empresariado y cooperación internacional, a los conductores en cooperativas solidarias o asociaciones para que puedan recibir formación integral con relación a emprendimientos dignos.

El fallo instaura la necesidad de que esta lucha no la combata solo el alcalde William Dau, convidando al Gobierno central a incluir dentro del erario distrital los recursos necesarios para desarrollar políticas de protección animal, programas y proyectos de sustitución de Vehículos de Tracción Animal (VTA).

Las empresas podrán fomentar el empleo a los conductores de VTA en labores que puedan cumplir según escolaridad, edad y rasgos socioculturales”.
Juzgado Administrativo de Cartagena

Compensaciones económicas
El elemento inédito del fallo es la estructuración de un plan distrital de incentivos económicos para motivar a los conductores de VTA para que decidan abandonar definitivamente esta actividad.

Para ello, la Alcaldía podrá destinar de cada vigencia fiscal los recursos necesarios, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal y las líneas de inversión establecidas en sus planes de desarrollo territorial.
Mesas de trabajo
Anderson Blanquicett, subcomandante del Grupo de Protección Ambiental de la Policía, señaló que “el Distrito se encuentra planificando cómo abordará la sentencia, a través de unas mesas de diálogo en las que participa la Policía y varias dependencias distritales, e implementar, paso a paso, las medidas con el apoyo de los gremios de la ciudad”.

Medidas de cumplimiento
El Juzgado Administrativo además de impartir las obligaciones a cumplir por el Distrito, también le recomendó el establecimiento y ejecución de un comité de verificación para aplicar medidas, estrategias y planes para lograr la completa sustitución de vehículos de tracción animal, siempre y cuando se garantice el bienestar de los animales, pertenecientes a las familias de los equinos y bóvidos que son utilizados para este fin.

Quienes no accedan a esta reconversión sociolaboral, como la llamó el Juzgado, se arriesgarán a sanciones y contravenciones.

/Colprensa

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