Supersociedades condena a Mauricio Suárez a pagar más de $7.000 millones

La Superintendencia de Sociedades tras una compleja investigación sancionó al expresidente del Puerto de Santa Marta Mauricio Suárez a pagarle a la empresa Carbosan más de 7 mil millones de pesos a manera de indemnización, como consecuencia del escándalo suscitado por el cobro y pago de unas facturas que resultaron falsas.

El doctor Francisco Hernando Ochoa Liévano superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles dio a conocer la sentencia con la cual se pone fin a una controversia que se había iniciado entre la empresa Operadora de Carbón Ltda (Carbosán) y quien la representó como gerente, Mauricio Suárez Ramírez, en medio de un escándalo que dio a conocer por el cobro de unas facturas por viáticos y gastos en el exterior

El pleito fue llevado ante el órgano de control luego que la Junta Directiva de Carbosan contrató los servicios de la compañía Kroll Associates Colombia, una empresa de auditoría y revisoría fiscal que tuvo a su cargo la parte forense de las actuaciones del entonces gerentes Suarez tras descubrirse las irregularidades.

El Superintendente investigador concluyó que el informe realizado por la auditora forense, Kroll Associates Colombia S.A., se menciona la existencia de correos electrónicos en los que el señor Suárez Ramírez y el señor Javier Enrique Prada Sánchez, en su condición de accionista y administrador de OPL Carga S.A.S., manifiestan tener una estrecha relación de amistad. Incluso se menciona que, para la época que antecedió a la celebración del contrato, Javier Enrique Prada Sánchez “organizó y propició” un viaje para Mauricio Suárez Ramírez en la República de Costa Rica”, consigna la sentencia de la Supersociedades

Al desatar la controversia, la Supersociedades resolvió “declarar que el señor Mauricio Suárez Ramírez infringió el régimen de deberes fiduciarios de los administradores sociales con ocasión de la utilización ilegítima del esquema de compensación flexible”.

En consecuencia decidió condenar a Mauricio Suárez, por un lado, a pagar 142 millones 381 mil pesos por los perjuicios asociados a la utilización ilegítima del esquema de compensación flexible, un sistema que se utilizaba en la Sociedad Portuaria para saldar las facturas personales presentadas por los empleados, pero que operaba exclusivamente para los empleados de la empresa Sociedad Portuaria, y no para Carbosan, que es una empresa distinta. De igual manera lo condenó a pagar 6.975 millones por los perjuicios generados a la empresa Carbosan por la extralimitación de funciones.

LA DECISIÓN 

En su decisión, el Superintendente Delegado consignó que ´una vez analizadas las circunstancias que se han puesto de presente en relación con la existencia de un contrato de backoffice entre SPSM S.A. y Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda., así como algunas precisiones atinentes a la relación laboral del administrador demandado, este despacho estima procedente declarar responsable al señor Suárez Ramirez por los perjuicios ocasionados en torno a la utilización del esquema de compensación flexible´.

Consideró que ´efectivamente, la utilización del beneficio de compensación flexible, con independencia de la veracidad o licitud de las facturas o comprobantes que se presentaran para el efecto, constituye una infracción a los deberes del administrador social por parte de Mauricio Suárez Ramírez. Lo anterior, por cuanto resulta claro para el despacho que la remuneración laboral del demandado constituía un asunto de competencia exclusiva de SPSM S.A. y no de Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda. Es por ello que la presentación de facturas y/o comprobantes a instancia de Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda. resulta ser a todas luces ilegitima pues esta, según se estableció, únicamente tenía por obligación pagar una suma fija mensual a favor de SPSM S.A. por los servicios de administración integral´.

Agregó el fallo que ´debe resaltarse que el señor Mauricio Suárez Ramírez no negó la utilización del esquema de compensación flexible frente a Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda. Por el contrario, según se desprende de su escrito de contestación de la demanda, éste lo afirmó y defendió bajo el argumento de la teoría de los actos propios, cuestión que, en todo caso, no fue acreditada por la parte demandada con suficiencia. Lo que sí se acreditó fue que el representante legal de la demandante, Mauricio Suárez, recibió pagos de la sociedad que él administraba, pero que debieron haber sido efectuados por SPSM S.A., quien tenía el carácter de empleadora.

En su demanda la junta directiva de Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda., acusó a Suárez de haberse valido de múltiples circunstancias que, a su juicio, puede ser calificadas como engañosas. Particularmente, la demandante explicó que el informe de auditoría forense practicado por Kroll Associates Colombia S.A. reveló que las tarifas inicialmente negociadas por Mauricio Suárez Ramírez se encontraban por debajo del punto de equilibrio de Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda. y que dicha información fue ocultada a la junta directiva conforme con sus instrucciones.

En este mismo sentido, se resaltó que el administrador demandado habría informado a la junta directiva sobre costos relacionados con la operación del Proyecto Murray, los cuales resultaron, a la postre, inferiores a lo que realmente valían en el mercado. Se destaca al respecto la adquisición de un equipo succionador y la contratación de servicios de transporte marítimo por el doble del precio informado a la junta directiva.

Finalmente, se resaltó que el señor Suárez Ramírez habría fundamentado la necesidad de reducir tarifas en razones cuestionables. En especificó, manifestó que el administrador expresó dicha necesidad dada una amenaza de pérdida del cliente CNR S.A.S. frente al competidor “Puerto Drummond”, lo cual estaría infundado dado que este último es un operador de carbón privado que, salvo excepciones, no puede prestar o dar acceso a sus servicios a terceros.

Consignó igualmente el Superintendente que ´ahora bien, la defensa del señor Suárez Ramírez se centró en refutar las consideraciones de la parte demandante en torno a límite de 100 SMLMV para la celebración de operaciones por parte del representante legal. No obstante, cualquier consideración que pueda realizarse en torno a dicho límite no desvirtúa la competencia exclusiva de la junta directiva para la aprobación de tarifas.

En este punto debe indicarse que, con el escrito de la demanda, Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda. ha aportado el memorando de entendimiento  suscrito con CNR S.A.S. el 15 de diciembre de 2015, en el que puede  evidenciarse la fijación tarifaria realizada por el administrador Mauricio Suárez Ramírez.29 Aun cuando la prueba allegada no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 251 del Código General del Proceso al no haber sido aportada junto con su correspondiente traducción oficial, este hecho se encuentra plenamente acreditado en el proceso al haber sido aceptado por el demandado en su escrito de contestación de la demanda. Como resultado de lo anteriormente expuesto, este despacho declarará responsable al señor Mauricio Suárez Ramírez por los perjuicios ocasionados a Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda. con ocasión a la negociación tarifaria realizada con CNR S.A.S. en extralimitación de sus facultades estatutarias.

LOS PERJUICIOS 

En cuanto a la cuantía de los perjuicios, la providencia dice que debe indicarse que en el  presente proceso se encuentra un dictamen pericial practicado y controvertido, en el cual se estudió el monto de los perjuicios que pudiera generar la conducta del administrador, en caso de encontrarse responsable. Por lo anterior, este despacho estima procedente declarar responsable al señor Suárez Ramírez en una cuantía equivalente a $5.940.137.590, los cuales deberán ser pagados debidamente indexados de conformidad con el IPC. Para el anterior efecto se precisa que, de acuerdo al dictamen pericial aportado por la parte demandante, el valor actualizado con corte al 31 de mayo de 2021 corresponde con $6.975.206.669, cifra que a su vez deberá ser actualizada desde el 31 de mayo de 2021 y hasta cinco días después de la fecha de ejecutoria de esta sentencia o hasta el pago de la obligación, lo que ocurra primero.

Lo anterior se fundamenta en que la infracción reconocida por el despacho se centra en la extralimitación de las funciones ejercidas por el demandado, en su calidad de antiguo presidente y representante legal de Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda., hecho que constituye una violación de los estatutos sociales que no fue desvirtuada ni justificada válidamente, siendo ello suficiente para declarar su responsabilidad por los perjuicios ocasionados y condenarlo al pago de la indemnización de los mismos.

En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley:

RESUELVE 

Primero. Declarar que el señor Mauricio Suárez Ramírez infringió el régimen de deberes fiduciarios de los administradores sociales con ocasión de la utilización ilegítima del esquema de compensación flexible.

Segundo. Condenar al señor Mauricio Suárez Ramírez a pagar a Operadora de Carbón de Santa Marta Carbosán Ltda. los perjuicios asociados a la utilización ilegítima del esquema de compensación flexible por un valor de $142.381.161, los cuales deberán ser pagados íntegramente por el demandado, indexados de conformidad con el IPC, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

Transcurridos cinco días desde la fecha de ejecutoria de esta sentencia, se calcularán intereses moratorios a la máxima tasa legal permitida, sobre las sumas así indexadas, hasta que se efectúe el pago.

Tercero. Declarar que el señor Mauricio Suárez Ramírez infringió el régimen de deberes fiduciarios de los administradores sociales con ocasión de una extralimitación de funciones por ajustes tarifarios al contrato de CNR S.A.S.

Cuarto. Condenar al señor Mauricio Suárez Ramírez a pagar a Operadora de Carbón de Santa Marta Carbosán Ltda. los perjuicios asociados a la extralimitación de funciones por ajustes tarifarios al contrato de CNR S.A.S. por un valor de $6.975.206.669, los cuales deberán ser pagados debidamente indexados de conformidad con el IPC, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

Transcurridos cinco días desde la fecha de ejecutoria de esta sentencia, se calcularán intereses moratorios a la máxima tasa legal permitida, sobre las sumas así indexadas, hasta que se efectúe el pago.

Quinto. Desestimar las demás pretensiones de la demanda.

Sexto. Condenar en costas y fijar agencias en derecho de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

La decisión se encuentra firmada por Francisco Hernando Ochoa Liévano superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles

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