Corte envía a la fiscalía investigación contra Edwin Ballesteros

Tras renunciar a su curul a la Cámara de Representantes, la Corte Suprema de Justicia ordenó remitir a la Fiscalía el expediente de la investigación que adelantaba en contra de Edwin Ballesteros, por su presunta participación en un entramado de corrupción para direccionar contratos a cambio de millonarias coimas.

Lo anterior, por hechos que presuntamente ocurrieron entre 2014 y 2016 cuando Ballesteros fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), y que hoy tienen privado de la libertad al exsenador Richard Aguilar, quien también está acusado de direccionar contratos a su favor.

La decisión la tomó la Sala de Instrucción, al señalar que los hechos por los cuales se investiga a Ballesteros no tienen relación con sus funciones como congresista, por lo que la Corte perdió la competencia para investigar el caso.

Ballesteros, cabe recordar, habría hecho un acuerdo con Richard Aguilar, quien para ese momento era gobernador del departamento, en el que supuestamente acordaron adjudicarle la construcción de los acueductos de Chiapatá y Barichara a Octavio Reyes Sarmiento, a cambio de 600 millones de pesos por “comisiones”.

Dicho negocio no se concretó porque Ballesteros renunció a su cargo a comienzos de 2016, por lo que el contratista reclamó la devolución de ese dinero.

Lo anterior, lo dijo ante las autoridades Lenín Pardo, testigo estrella de este caso y quien llegó a un principio de oportunidad con la Fiscalía que le representará beneficios a cambio de testimonios.

La exsecretaria de infraestructura de Santander, Claudia Yaneth Toledo, y su esposo Lennin Darío Pardo, considerados los dos principales testigos en este caso, vincularon a Ballesteros con el recibimiento de sobornos.

Ballesteros es señalado por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.

Para la Corte, la información suministrada por testigos en el proceso de Aguilar “adquiere consistencia probatoria en este caso”, por lo que el CTI de la Fiscalía tendrá que realizar un análisis de los contratos presuntamente irregulares que se celebraron en Norte de Santander.

Dentro de los contratos que se presentaron está una consultoría entre la Empresa de Servicios Públicos de Santander y la firma Ingream SAS, por más de 1.188 millones de pesos en 2014, para las obras de rehabilitación y mantenimiento del acueducto del municipio de Sucre.

Así mismo, se investiga las supuestas irregularidades en el contrato firmado con la empresa Unión Temporal Enciso Potable por valor de 471 millones de pesos.

La alta Corte también investiga si Ballesteros tuvo que ver en actuaciones aparentemente irregulares en el contrato celebrado en diciembre de 2015 con la Unión Temporal Acueducto de Landazuri. En dicha contratación los investigadores encontraron en una inspección realizada en marzo de este año que la obra fue suspendida y abandonada, después de recibir un anticipo de 1.738 millones de pesos.

/Colprensa

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