Fiscalía habría negado el traslado del proceso de Vives a Bogotá

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La procuradora delegada, Gloria Guzmán, había solicitado a la Fiscalía trasladar el proceso investigativo de Enrique Vives a la seccional especializada de Bogotá para garantizar un avance rápido y sin dilaciones.

Ayer 13 de octubre, cuando se cumplió un mes de la tragedia en Gaira, que dejó como saldo seis jóvenes muertos, entre ellos dos adolescentes de 17 de años, y un menor de 14 herido, único sobreviviente, se conoció que la Fiscalía habría negado el traslado del proceso de Enrique Vives Caballero a la ciudad de Bogotá.

Así lo confirmó el Rodrigo Martínez, abogado de víctimas, quien contó que el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, habría negado la solicitud que hizo la delegada de la Procuraduría, Gloria Guzmán, con el fin de garantizar que el proceso avance con rapidez y no vuelva a haber dilaciones por parte de la defensa del empresario.

“Había una solicitud de que el proceso se trasladará a Bogotá, pero entiendo que el Fiscal general no acogió la solicitud”, señaló Martínez. Así mismo contó que realizarán los apoderados de víctimas para seguir en el proceso. “Habrá un escrito de acusación aquí en Santa Marta y ver cómo va a calificar la conducta la Fiscalía”, anotó.

El empresario Enrique Vives Caballero,  permanece recluido en un pabellón de la cárcel San Sebastián ‘La Ternera’ de Cartagena, centro penitenciario a donde fue trasladado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC – después de conocerse por labores de inteligencia que los reclusos de la cárcel de Santa Marta pretendían atentar contra su vida.

GAIRA RECORDÓ A LAS SEIS VÍCTIMAS 

Con nostalgia, lágrimas en su ojos, pero reviviendo los mejores momentos vividos, familiares y amigos de María Camila Martínez Mendoza, de 24 años; Laura Valentina De Lima Ordóñez, de 18 años, y Juan Diego Álzate Ordóñez, de 17; Camila Romero Troncoso, de 18 años, y Elenoir Romero Troncoso, 17 años; fueron recordados en su primer día de fallecidos.

Los parientes de cada una de las víctimas hicieron saber los deseos que tenían a futuro, de Laura De Lima se conoció que quería ser maestra de educación especial y su primo, Juan Álzate, quería ser un futbolista profesional. Del mismo modo, se supo que la pequeña hija de Camila Romero pregunta por ella y su tío, sin embargo sus abuelos no saben qué contestarles.

ASÍ VA EL CASO 

Tras las complicadas diligencias judiciales desarrolladas de manera virtual, la jueza Olmis Cotes, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el empresario Enrique Rafael Vives Caballero, sindicado de ser el presunto responsables de haber arrollado y ocasionado la muerte a seis jóvenes en el sector de Gaira, en la carretera Troncal del Caribe el pasado 13 de septiembre.

Las víctimas en su momento celebraron la orden de la juez de enviar a la cárcel al señalado responsable y pidieron a la Fiscalía no olvidarse del caso de cara a una condena ejemplar por lo que consideraron una actuación criminal de parte de Vives Caballero. “El ejercicio que realizó es muy importante para que la gente siga creyendo en la tarea que nosotros hacemos como Fiscalía y cómo Judicatura”, dijo el fiscal Barbosa.

Dicha decisión, que fue aprobada por los representantes de las víctimas, la Fiscalía y la Procuraduría, fue apelada por el abogado Álex Fernández Harding, apoderado de Vives, y se espera en unos meses sea un juez de segunda instancia quien defina si revoca la medida de aseguramiento que envió a la cárcel al hombre señalado de provocar está tragedia.

Por otro lado, la Procuraduría le solicitó a la Fiscalía que traslade el caso a Bogotá con el objetivo de tener mayores garantías durante el proceso, sin embargo este habría sido negado en las últimas horas por el ente acusador.

Entre tanto, Vives Caballero, que se encuentra recluido en la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena, fue imputado por el delito de homicidio en concurso homogéneo y sucesivo en la modalidad de dolo eventual, deberá permanecer en este centro carcelario mientras se resuelve su situación judicial. Por el delito imputado, la pena va entre 208 meses y 450 meses, es decir entre 17 años y tres meses y 37 años y 5 meses de cárcel.

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