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Procuraduría ya investiga doce denuncias por delitos electorales

Fernando Carrillo Flórez, procurador General de la Nación.

 

En 8 municipios de Atlántico se reportó un incremento injustificado de la cantidad de cédulas inscritas para las próximas elecciones legislativas y presidenciales, superando incluso en uno de ellos el 200 por ciento de los electores que se registraron en las últimas elecciones.

De acuerdo con la información reportada por la Registraduría a la Procuraduría, en ese departamento de la costa Caribe el número de posibles votantes creció: en Puerto Colombia, 55 por ciento; en Campo de la Cruz, 210 por ciento; en Candelaria, 117; en Juan de Acosta y Repelón, 85 por ciento; en Santa Lucía, 30; en Suan, 31; y en Piojó, 57 por ciento.

Esas son algunas de las denuncias a las que le está haciendo seguimiento el Ministerio Público como parte de su estrategia de control electoral, y que a partir de hoy se fortalecerá con la presencia de comisiones electorales en las 52 seccionales de la Procuraduría en todo el país.

De hecho, dentro de los 10 departamentos priorizados se encuentra el Atlántico, por las quejas reiteradas sobre irregularidades en las campañas. Las regiones fueron seleccionadas de la lista de 18, en las que la Misión de Observación Electoral (MOE) denunció que había 82 municipios con más votantes que habitantes. Aparte del Atlántico, los departamentos priorizados son Norte de Santander, Córdoba, La Guajira y Valle del Cauca.

El crecimiento de inscripción de cédulas también se estaría presentando en Cúcuta, donde, de acuerdo con la Procuraduría, habría cerca de 80.000 documentos de identidad más que los registrados en el 2015, cuando se llevaron a cabo las elecciones de alcaldes y gobernadores.

El sistema de recepción de quejas de la Procuraduría tiene en total 12 solicitudes de investigación, entre ellas una violación de la ley de garantías por parte de la Empresa Social del Estado Hospital San Jerónimo de Córdoba, donde en diciembre fue modificada la planta de personal.

El Ministerio Público anunció una investigación contra la gerente de la entidad y otros directivos, pero evalúa la posible extensión de un proceso disciplinario al suspendido gobernador Edwin Besaile, pese a que en la reunión en la que se aprobaron los cambios se encontraba una persona delegada por el mandatario departamental.

Según el reporte de la Procuraduría, en Barranquilla se han presentado otras situaciones irregulares como el registro, en una mesa de votación, de 50 personas con una misma dirección de domicilio.

La lupa está puesta también sobre Antioquia y Córdoba, departamentos donde se estarían inscribiendo cédulas de personas que realmente viven en Chocó.

Además de las comisiones de seguimiento y la rotación de procuradores delegados por un periodo de dos meses, para extremar los controles, el jefe del organismo, Fernando Carrillo, anunció que se instalarán mesas electorales especiales en Sahagún (Córdoba), Villavicencio (Meta), Chaparral (Tolima), Yarumal (Antioquia), Ocaña (Norte de Santander) y Florencia (Caquetá), y se realizarán foros regionales en Cúcuta, Barranquilla, Medellín, Cali y Pasto.

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Pacto por la transparencia electoral

La Comisión de Política Criminal Electoral acordó, este lunes, firmar un pacto con movimientos y partidos políticos para asegurar el compromiso de adelantar unas elecciones legislativas y presidenciales limpias. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, uno de los integrantes de la Comisión, aseguró que las autoridades están concentradas en vigilar que se respeten los topes electorales y en combatir la financiación ilícita de campañas.

“Queremos posicionar la lucha contra la criminalidad electoral y en particular contra los carteles electorales como un asunto de seguridad nacional y de orden público”, dijo el jefe de la cartera de Justicia.

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