Los argumentos a favor y en contra de la despenalización del aborto en Colombia

Con camándulas en mano, arrodillados y unidos en la oración, el Colectivo Provida de Colombia se reunió este jueves a las afueras de la Corte Constitucional para exigirle al alto tribunal que no despenalice el aborto en Colombia.

El plantón porque en la Corte este tema estaba en la agenda para discutir la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, quien ante la Sala Plena pide que se retire del Código Penal el aborto como un delito, a razón de que este discrimina a las mujeres y, bajo la óptica de su argumento, ellas son perseguidas y criminalizas al interrumpir el embarazo.

Rojas considera que es inconstitucional que en Colombia exista un delito que explícitamente se refiere a las actuaciones de una mujer y no de un hombre, por lo que pide que se declare inexequible el artículo 122 del Código Penal, que establece una pena de entre 16 y 54 meses de prisión a “la mujer que causare su aborto o permitiera que otra se lo cause”.

El debate no es sencillo en un país con creencias profundamente conservadoras y con opiniones divididas en torno a esta práctica. No obstante, Rojas pediría que el fallo de 2006; en donde la Corte determinó que el aborto es legal en caso de abuso sexual, malformación del feto incompatible con la vida y riesgo de salud física para la mujer, vaya más allá y este procedimiento no tenga ninguna clase de barrera.

Julieth Gómez, integrante del Colectivo Provida, asegura que “lo que queremos es hacer cumplir la Constitución de Colombia. El artículo 11 prevé que no hay pena de muerte y que el derecho a la vida es inviolable y eso lo están negando los magistrados de la Corte Constitucional al querer fallar a favor del genocidio de los no nacidos”.

Gómez agrega que está a favor que una mujer termine en la cárcel si realiza un aborto porque, “no podemos en este sentido únicamente entender el aborto como la liberación femenina o como un derecho sexual y reproductivo. Realmente lo que se está buscando con esto es el cumplimiento de la ley, pues si nosotros vivimos en un país con normatividad jurídica que tipifican el aborto como delito, la mujer debe ser sancionada por eso”.

La integrante del Colectivo Provida asegura que no niega que la mujer debe tener una capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, sin embargo, considera que en el debate no se ha tenido en cuenta los postulados biológicos.

“El feto que se está gestando dentro de mi útero tiene un ADN diferente, un grupo sanguíneo diferente, un cerebro, un sistema nervioso diferente y aunque está en el vientre no es mi cuerpo. Por tanto, no es válido decir: mi cuerpo, mi decisión”, anotó.

A la posición se suma la postura del sacerdote Rafael Pérez, de la Sociedad Sacerdotal del Espíritu Santo, quien manifiesta que tienen un compromiso con la vida y por eso se opone al aborto. Sin embargo, va mucho más allá y asegura que no solamente la mujer debería ser castigada por realizar este procedimiento, “sino la persona que lo practique y todas las personas que estén involucradas en el crimen, porque esto es como cualquier otro delito”.

Dentro de los conceptos enviados al despacho del magistrado, para que resuelva la demanda del abogado Andrés Mateo Sánchez, se encuentra el de la Procuraduría que se suma a la postura del exprocurador Fernando Carrillo, asegurando que se deben mantener las tres causales, pero no despenalizar más allá de eso, puesto que dicen que la regulación frente a este tema le corresponde al Congreso.

“Para el Ministerio Público, en virtud del valor constitucional de la vida de quien está por nacer, el Congreso de la República puede optar por penalizar, por regla general, el aborto sin que dicha determinación sea per se contraria al ordenamiento superior, máxime cuando se trata de una decisión eminentemente política reservada al poder que cuenta con legitimidad democrática para adoptar este tipo de medidas», se lee en el concepto.

Sobre el tema del control de constitucionalidad de la norma que está haciendo la Corte Constitucional para determinar si una prohibición general del aborto viola derechos que están en la Constitución, la procuradora Cabello consideró que ese control no es decidir si se despenaliza o no el aborto.

«Desde los inicios de la discusión de la conformidad del delito de aborto con la Carta Política, el control de constitucionalidad no se trata, como algunos pretenden, de discutir la penalización o despenalización del aborto, pues ello no corresponde a la Corte Constitucional sino al Legislador», continúa el documento.

Por ello, la procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declararse inhibida frente a la demanda que pide la despenalización total de esta práctica.

POSTURAS A FAVOR

Laura Castro González, coordinadora de la mesa y salud de las mujeres y vocera del movimiento Causa Justa, aseguró a Colprensa que esperan que el fallo de la Corte sea a favor de la demanda.

«La despenalización del aborto es de particular importancia porque se trata de un delito que persigue especialmente a las mujeres y que además de que no todos y todas lo sepamos, persigue y criminaliza desde de 2008 a 400 mujeres de manera anual. La idea es poder avanzar en marcos normativos más acordes a un servicio de salud como lo es el aborto”.

Castro González agregó que uno de los cambios que traería en el país el hecho de que la Corte acceda a la despenalización, es que se tendrá más protección para la mujer, “cambiaría todos los riesgos para la vida y la salud de muchas mujeres que actualmente están procurando abortos y ante las múltiples barreras de acceder a un proceso de interrupción voluntaria de embarazo, acuden a condiciones inseguras o clandestinas que terminan poniendo en riesgo su vida”.

La percepción de Castro es apoyada por la Organización Médicos Sin Fronteras- España en Colombia, que dentro de los conceptos enviados al magistrado Rojas piden que se permita el aborto sin ninguna barrera, por cuanto recopilaron información de 428 mujeres que solicitaron en Colombia la interrupción de su embarazo y encontraron obstáculos como el estigma y falta de apoyo familiar, «por lo cual terminan realizando los procedimientos en lugares clandestinos».

“Con base en nuestra experiencia hemos podido constatar que cuando una mujer o niña está decidida a terminar su embarazo, generalmente lo hará, independientemente de la seguridad y legalidad del procedimiento. Si no dispone de los servicios de aborto seguir y un acompañamiento psicosocial adecuado, es probable que arriesgue su vida con un aborto por cualquier medio, siendo las formas más comunes consultar a alguien no cualificado o intentarlo por sí misma”, dice la organización.

Así mismo, Médicos sin Fronteras dice que actualmente en Colombia 400.412 mujeres y niñas se someten a un abordo inducido en Colombia y aproximadamente un tercio de ellas, es decir, 130.000, sufren alguna complicación. “Las mujeres más pobres y las que viven en zonas rurales son más vulnerables”, resaltan.

En la encuesta hecha por la firma consultora internacional IPSOS se evidenció que el 26% de los colombianos está de acuerdo con la legalización total del aborto, por debajo del promedio mundial (que está sobre el 50%).

En Colombia, el 36% de los encuestados apoyan la legalización del aborto en determinadas circunstancias, por ejemplo, si una mujer ha sido víctima de violencia sexual y decide terminar con ese embarazo; el 20 % asegura que el aborto no debe permitirse bajo ninguna circunstancia, excepto cuando la vida de la mujer esté en peligro y un 9 % de los colombianos encuestados considera que, sin importar las circunstancias, el aborto nunca debería permitirse.

/Colprensa