DIARIO DEL MAGDALENA
Periódico de Santa Marta

¿Y todo fue a sus espaldas?

Todos los funcionarios amigos de la exministra TIC Karen Abudinen están en la ´mira´ de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, la que se debió dar cuenta de lo que estaba pasando, no.

Y como siempre: toco ocurrió a mis espaldas. Esa frase de cajón que esgrimen todos los funcionarios investigados por corrupción en este país no escapara de los labios de la exministra TIC Karen Abdudinen, la misma que le soltó al condenado contratista Emilio tapia un anticipo de 70 mil millones de pesos. Ya había celebrado con una de sus empresas, Centros Poblados, un contrato por un billón doscientos mil millones de pesos.

Y el entramado es sencillo. A la señora Karen Abudinen la lleva al MinTIC como cuota propia, es decir de su cosecha, el propio presidente Iván Duque. Eran viejos amigos del BID, o sea de la cuerda a la que perteneció el Jefe del Estado. Y Abudinen llevó al Ministerio la suya propia: todos los altos funcionarios que tienen que ver con el corrupto contrato de Emilio Tapia son gente de confianza de la exministra.

Pero en desarrollo de esta investigación contra quien quiso pasar de agache desde un principio y buscó atornillarse en el puesto, lo cual casi lo logra a no ser porque su Jefe se dio cuenta que ya resultaba un estorbo para el Gobierno; se han podido atar muchos cabos. Veamos:

Un día antes de que se acabara 2020, se suscribió el acta de inicio del contrato 1043 celebrado entre Mintic y la Unión Temporal Centros Poblados. Ese 30 de diciembre, por parte de la entidad gubernamental, firmó un funcionario a quien presentaban como una persona con amplia experiencia en el sector público, que “en su trayectoria ha demostrado un gran interés por el desarrollo de las regiones, a partir de la planificación de redes, gestión de espectro, regulación de los servicios de telecomunicaciones, y consolidación de estrategias que permitan generar un cambio social y satisfacer las necesidades de la población”.

Esa persona es Camilo Alberto Jiménez Santofimio, para entonces director de Infraestructura del Ministerio y hoy en la mira de la Procuraduría.

El Ministerio Público tiene listo el pliego de cargos en su contra. Bien puede llamarse un pliego de cargos conjunto, porque con Jiménez Santofimio figuran Adriana Vanessa Meza Consuegra y Sandra Orjuela Méndez, exsecretaría general de Mintic y subdirectora de gestión Contractual, respectivamente.

La procuradora delegada que asumió el expediente recalca que pese a la experiencia tanto académica (pregrado, posgrado y magíster) como laboral (le figuran cargos en el sector público y privado de más de 10 años), permitió “que fueran modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones dispuestas por el consultor consorcio Telbroad-Profi”.

La historia con el consorcio es que fue contratado para que diseñara los pliegos para escoger el mejor proponente, pero todo apunta a que los hoy involucrados hicieron modificaciones a los términos para, presuntamente, favorecer al combo de las firmas Omega Buildings, ICM ingenieros SAS, Intel de la Costa y Novotic, que conformaron la unión temporal y de la que surgió también el condenado Emilio Tapia.

En uno de los apartes del pliego se lee que “con esas variaciones, los señalados documentos quedaron elaborados de manera deficiente, con lo que el proceso de selección del contratista facilitó la participación de oferentes que no reunían la capacidad técnica jurídica y financiera capaz de garantizar las obligaciones nacidas del contrato”.

La tesis que persigue el ente de control es que se desatendió lo hecho por el consorcio para la estructuración del proyecto que pretendía cobertura de internet de acceso público para zonas rurales, en una época en la que la virtualidad era necesaria para la educación de la población más vulnerable, toda vez que la pandemia restringió las clases presenciales.

REUNIONES PRESENCIALES EN PLENA PANDEMIA

En ese orden de ideas, el principio de responsabilidad aparentemente fue pasado por alto por parte de Jiménez Santofimio. Este precepto, recuerda el Ministerio Público, se vulnera cuando un funcionario público abre licitaciones y los pliegos elaborados hayan sido elaborados de manera incompleta.

“Es evidente que en algunos aspectos, especialmente los que refieren a requisitos habilitantes, capacidad jurídica, financiera y organizacional, fueron introducidas modificaciones parciales sin que, luego de una lectura objetiva de las mismas, se encuentren las razones de estos cambios”, se lee en el pliego.

Pero el despacho fue más allá y en su argumentación sostiene que resulta cuestionable que luego de invertirse más de 2.000 millones de pesos en una consultoría que había sido recibida tres meses atrás, no se hubiera advertido de todos estos factores que, sin duda, llegaron a modificar las condiciones inicialmente señaladas por el consultor; especialmente cuando se sustentó en unas “nuevas condiciones”, que no son señaladas con claridad en el documento.

Bajo esa óptica, resulta curioso, además, que Jiménez Santofimio haya sostenido en su despacho 164 reuniones asociadas con el proyecto, siendo el funcionario del Ministerio que más encuentros tuvo para abordar temas relacionados con ese contrato. De hecho, la entonces ministra Karen Abudinen, apenas tuvo 25 comités.

Las reuniones fueron reveladas por el Instituto Anticorrupción, que documentó los registros de ingresos y reuniones dentro del MinTic relacionadas con Centros Poblados.

La primera reunión de Jiménez fue el 26 de febrero de 2020. La segunda fue el 5 de abril y la última de 2020 fue el 29 de diciembre. Esto quiere decir que entre la de abril y la de diciembre se hicieron reuniones cuando la orden de las autoridades sanitarias del Gobierno Duque era restringir el trabajo presencial y acudir a las nuevas tecnologías. El mensaje, al parecer, no le llegó al director de Infraestructura del MinTic.

“UN MÍNIMO DE DILIGENCIA”

La calificación que el ente de control disciplinario le da a la conducta por la que será investigado el exfuncionario es de “culpa gravísima”.

Para la Procuraduría, “queda demostrado que al disciplinado le asistían unos claros deberes funcionales (…) de verificar y controlar los proyectos bajo su responsabilidad para satisfacer esos criterios de calidad que deben imperar en las actuaciones de los funcionarios vinculados al Ministerio de las TIC, lo cual no hizo, defraudando esa confianza y esos deberes funcionales”.

A la par con su cargo como director de Infraestructura del Ministerio, Jiménez Santofimio fungió como supervisor del contrato. Es a partir de aquí que al ente de control le surgen muchas dudas sobre su accionar relacionado con el anticipo de los 70.000 millones de pesos que le giraron a Centros Poblados.

El rosario de reparos se condensa en una frase de la página 166 del pliego que enfrentará Jiménez Santofimio. “El investigado dejó pasar las presuntas irregularidades que claramente pudo detectar si hubiera analizado la documentación que presentó la UT Centros Poblados 2020”.

Lo que la Procuraduría busca probar es que, de haber hecho su trabajo, el exdirector de Infraestructura del Ministerio hubiera detectado la espuria garantía bancaria que presentaron las firmas que conformaron la Unión Temporal.

“Eso permitió que el Comité Fiduciario, incluido el supervisor contractual, autorizara el uso de los recursos entregados por FONTIC al contratista, sin ningún tipo de amparo, lo cual se pudo haber evitado con un mínimo de diligencia y eficiencia, toda vez que no verificaron que el Banco ITAÚ jamás había extendido tal garantía bancaria”, reseña el despacho.

Así las cosas, al parecer, Jiménez Santofimio le debe muchas respuestas a la Procuraduría.

Cabe mencionar, que Jiménez se fue del Ministerio en septiembre pasado. En su carta de renuncia le agradecía al equipo de trabajo que lo acompañó y del que dijo que “aportó fundamentalmente para que Colombia avance decididamente en el cierre de la brecha digital”.

SANDRA ORJUELA MÉNDEZ, TAMBIÉN EN LA MIRA

A la exsubdirectora de gestión contractual del Mintic, la Procuraduría también la señala de falta

gravísima, “por desatención” elemental, pues aparentemente desconoció los principios de selección  objetiva, economía y responsabilidad, por cuanto habilitó, mediante evaluación jurídica que suscribió  el 26 de noviembre de 2020, la propuesta presentada por la Unión Temporal.

El ente de control indica en el pliego que a pesar de que tiene una experiencia profesional de más de

20 años, en los que se ha desempeñado como asesora de contratación estatal, en diferentes entidades  de orden nacional, al parecer se le pasó la garantía bancaria presuntamente falsa.

“La habilitación que realizó la disciplinable se originó, presuntamente, por no verificar diligente y

oportunamente que la garantía de seriedad aportada por el oferente realmente hubiese sido expedida por la referida entidad financiera, con lo que actuó con ligereza y desdén”, asegura la Procuraduría.

Para la delegada llama la atención que Orjuela no hubiese advertido que la garantía no había sido

expedida por el banco Itaú, en tanto que, por ejemplo, otro oferente que participaba en la

licitación, la obtuvo de otra entidad financiera se hallada integrada por 17 folios, entre los que se

encontraban el documento de aseguramiento de la seriedad de la propuesta, el poder otorgado por el

presidente y representante de la entidad financiera, entre otros. “La garantía supuestamente emitida

por el banco Itaú no venía acompañada de tales documentos (…) esto ni siquiera llamó la atención de la disciplinada”.

La exministra TIC Karen Abdudinen es la única alta funcionaria de ese ministerio que quedó por fuera del radar de la Procuraduría en la investigación que inició por el escandaloso y corrupto contrato con la Unión Temporal Centros Poblados del condenado contratista Emilio Tapia.

¿Y todo fue a sus espaldas?

Todos los funcionarios amigos de la exministra TIC Karen Abudinen están en la ´mira´ de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, la que se debió dar cuenta de lo que estaba pasando, no.

Y como siempre: toco ocurrió a mis espaldas. Esa frase de cajón que esgrimen todos los funcionarios investigados por corrupción en este país no escapara de los labios de la exministra TIC Karen Abdudinen, la misma que le soltó al condenado contratista Emilio tapia un anticipo de 70 mil millones de pesos. Ya había celebrado con una de sus empresas, Centros Poblados, un contrato por un billón doscientos mil millones de pesos.

Y el entramado es sencillo. A la señora Karen Abudinen la lleva al MinTIC como cuota propia, es decir de su cosecha, el propio presidente Iván Duque. Eran viejos amigos del BID, o sea de la cuerda a la que perteneció el Jefe del Estado. Y Abudinen llevó al Ministerio la suya propia: todos los altos funcionarios que tienen que ver con el corrupto contrato de Emilio Tapia son gente de confianza de la exministra.

Pero en desarrollo de esta investigación contra quien quiso pasar de agache desde un principio y buscó atornillarse en el puesto, lo cual casi lo logra a no ser porque su Jefe se dio cuenta que ya resultaba un estorbo para el Gobierno; se han podido atar muchos cabos. Veamos:

Un día antes de que se acabara 2020, se suscribió el acta de inicio del contrato 1043 celebrado entre Mintic y la Unión Temporal Centros Poblados. Ese 30 de diciembre, por parte de la entidad gubernamental, firmó un funcionario a quien presentaban como una persona con amplia experiencia en el sector público, que “en su trayectoria ha demostrado un gran interés por el desarrollo de las regiones, a partir de la planificación de redes, gestión de espectro, regulación de los servicios de telecomunicaciones, y consolidación de estrategias que permitan generar un cambio social y satisfacer las necesidades de la población”.

Esa persona es Camilo Alberto Jiménez Santofimio, para entonces director de Infraestructura del Ministerio y hoy en la mira de la Procuraduría.

El Ministerio Público tiene listo el pliego de cargos en su contra. Bien puede llamarse un pliego de cargos conjunto, porque con Jiménez Santofimio figuran Adriana Vanessa Meza Consuegra y Sandra Orjuela Méndez, exsecretaría general de Mintic y subdirectora de gestión Contractual, respectivamente.

La procuradora delegada que asumió el expediente recalca que pese a la experiencia tanto académica (pregrado, posgrado y magíster) como laboral (le figuran cargos en el sector público y privado de más de 10 años), permitió “que fueran modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones dispuestas por el consultor consorcio Telbroad-Profi”.

La historia con el consorcio es que fue contratado para que diseñara los pliegos para escoger el mejor proponente, pero todo apunta a que los hoy involucrados hicieron modificaciones a los términos para, presuntamente, favorecer al combo de las firmas Omega Buildings, ICM ingenieros SAS, Intel de la Costa y Novotic, que conformaron la unión temporal y de la que surgió también el condenado Emilio Tapia.

En uno de los apartes del pliego se lee que “con esas variaciones, los señalados documentos quedaron elaborados de manera deficiente, con lo que el proceso de selección del contratista facilitó la participación de oferentes que no reunían la capacidad técnica jurídica y financiera capaz de garantizar las obligaciones nacidas del contrato”.

La tesis que persigue el ente de control es que se desatendió lo hecho por el consorcio para la estructuración del proyecto que pretendía cobertura de internet de acceso público para zonas rurales, en una época en la que la virtualidad era necesaria para la educación de la población más vulnerable, toda vez que la pandemia restringió las clases presenciales.

REUNIONES PRESENCIALES EN PLENA PANDEMIA

En ese orden de ideas, el principio de responsabilidad aparentemente fue pasado por alto por parte de Jiménez Santofimio. Este precepto, recuerda el Ministerio Público, se vulnera cuando un funcionario público abre licitaciones y los pliegos elaborados hayan sido elaborados de manera incompleta.

“Es evidente que en algunos aspectos, especialmente los que refieren a requisitos habilitantes, capacidad jurídica, financiera y organizacional, fueron introducidas modificaciones parciales sin que, luego de una lectura objetiva de las mismas, se encuentren las razones de estos cambios”, se lee en el pliego.

Pero el despacho fue más allá y en su argumentación sostiene que resulta cuestionable que luego de invertirse más de 2.000 millones de pesos en una consultoría que había sido recibida tres meses atrás, no se hubiera advertido de todos estos factores que, sin duda, llegaron a modificar las condiciones inicialmente señaladas por el consultor; especialmente cuando se sustentó en unas “nuevas condiciones”, que no son señaladas con claridad en el documento.

Bajo esa óptica, resulta curioso, además, que Jiménez Santofimio haya sostenido en su despacho 164 reuniones asociadas con el proyecto, siendo el funcionario del Ministerio que más encuentros tuvo para abordar temas relacionados con ese contrato. De hecho, la entonces ministra Karen Abudinen, apenas tuvo 25 comités.

Las reuniones fueron reveladas por el Instituto Anticorrupción, que documentó los registros de ingresos y reuniones dentro del MinTic relacionadas con Centros Poblados.

La primera reunión de Jiménez fue el 26 de febrero de 2020. La segunda fue el 5 de abril y la última de 2020 fue el 29 de diciembre. Esto quiere decir que entre la de abril y la de diciembre se hicieron reuniones cuando la orden de las autoridades sanitarias del Gobierno Duque era restringir el trabajo presencial y acudir a las nuevas tecnologías. El mensaje, al parecer, no le llegó al director de Infraestructura del MinTic.

“UN MÍNIMO DE DILIGENCIA”

La calificación que el ente de control disciplinario le da a la conducta por la que será investigado el exfuncionario es de “culpa gravísima”.

Para la Procuraduría, “queda demostrado que al disciplinado le asistían unos claros deberes funcionales (…) de verificar y controlar los proyectos bajo su responsabilidad para satisfacer esos criterios de calidad que deben imperar en las actuaciones de los funcionarios vinculados al Ministerio de las TIC, lo cual no hizo, defraudando esa confianza y esos deberes funcionales”.

A la par con su cargo como director de Infraestructura del Ministerio, Jiménez Santofimio fungió como supervisor del contrato. Es a partir de aquí que al ente de control le surgen muchas dudas sobre su accionar relacionado con el anticipo de los 70.000 millones de pesos que le giraron a Centros Poblados.

El rosario de reparos se condensa en una frase de la página 166 del pliego que enfrentará Jiménez Santofimio. “El investigado dejó pasar las presuntas irregularidades que claramente pudo detectar si hubiera analizado la documentación que presentó la UT Centros Poblados 2020”.

Lo que la Procuraduría busca probar es que, de haber hecho su trabajo, el exdirector de Infraestructura del Ministerio hubiera detectado la espuria garantía bancaria que presentaron las firmas que conformaron la Unión Temporal.

“Eso permitió que el Comité Fiduciario, incluido el supervisor contractual, autorizara el uso de los recursos entregados por FONTIC al contratista, sin ningún tipo de amparo, lo cual se pudo haber evitado con un mínimo de diligencia y eficiencia, toda vez que no verificaron que el Banco ITAÚ jamás había extendido tal garantía bancaria”, reseña el despacho.

Así las cosas, al parecer, Jiménez Santofimio le debe muchas respuestas a la Procuraduría.

Cabe mencionar, que Jiménez se fue del Ministerio en septiembre pasado. En su carta de renuncia le agradecía al equipo de trabajo que lo acompañó y del que dijo que “aportó fundamentalmente para que Colombia avance decididamente en el cierre de la brecha digital”.

SANDRA ORJUELA MÉNDEZ, TAMBIÉN EN LA MIRA

A la exsubdirectora de gestión contractual del Mintic, la Procuraduría también la señala de falta

gravísima, “por desatención” elemental, pues aparentemente desconoció los principios de selección  objetiva, economía y responsabilidad, por cuanto habilitó, mediante evaluación jurídica que suscribió  el 26 de noviembre de 2020, la propuesta presentada por la Unión Temporal.

El ente de control indica en el pliego que a pesar de que tiene una experiencia profesional de más de

20 años, en los que se ha desempeñado como asesora de contratación estatal, en diferentes entidades  de orden nacional, al parecer se le pasó la garantía bancaria presuntamente falsa.

“La habilitación que realizó la disciplinable se originó, presuntamente, por no verificar diligente y

oportunamente que la garantía de seriedad aportada por el oferente realmente hubiese sido expedida por la referida entidad financiera, con lo que actuó con ligereza y desdén”, asegura la Procuraduría.

Para la delegada llama la atención que Orjuela no hubiese advertido que la garantía no había sido

expedida por el banco Itaú, en tanto que, por ejemplo, otro oferente que participaba en la

licitación, la obtuvo de otra entidad financiera se hallada integrada por 17 folios, entre los que se

encontraban el documento de aseguramiento de la seriedad de la propuesta, el poder otorgado por el

presidente y representante de la entidad financiera, entre otros. “La garantía supuestamente emitida

por el banco Itaú no venía acompañada de tales documentos (…) esto ni siquiera llamó la atención de la disciplinada”.

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