DIARIO DEL MAGDALENA
Periódico de Santa Marta

Reforma a la justicia se hundiría por ´micos y orangutanes´ que tiene  

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Gracias a lo que se llama la cortesía parlamentaria, fue que se aprobó en primer debate el acto legislativo con el cual se pretende cambiar la forma de elección de magistrados, su juzgamiento e incluso las condiciones para ser fiscal, procurador, defensor o registrador, pero en su inmediato futuro el proyecto parecería no tener apoyo en plenaria de Cámara.

El proyecto, que se discutió y aprobó en la Comisión Primera de la Cámara, fue suscrito como autores por senadores y representantes de los partidos de gobierno y de la oposición, entre ellos los representantes Julio César Triana Quintero, Jennifer Kristin Arias Falla, Oscar Hernán Sánchez León y los senadores Fabio Raúl Amin Saleme, Germán Varón Cotrino, Paloma Susana Valencia Laserna, Armando Alberto Benedetti Villaneda, Roy Leonardo Barreras Montealegre, Eduardo Emilio Pacheco Cuello y Miguel Ángel Pinto Hernández.

La polémica que suscita la reforma constitucional se centra en que se pretende cambiar los artículos referentes a la forma de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, para que en adelante la designación de estos togados que depende de la lista que presenta el Consejo Superior de la Judicatura, se elimine para que en adelante sea la propia Corte Suprema y el Consejo de Estado, los que elijan a sus magistrados a través de convocatoria pública de méritos.

Otro apartado que ha suscitado controversia es lo referente a cambiar los requisitos para quienes aspiren a ser fiscal general, defensor del Pueblo y el registrador nacional. Según el proyecto, ya no se les exigiría los mismos requisitos que tienen quienes son magistrado de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos haberse desempeñado durante quince años, como mínimo, en cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público.

Un tema más complejo en la discusión del proyecto es que el procurador, contralor y defensor del Pueblo ya no sean juzgados por la Corte Suprema de Justicia, sino que en adelante lo haga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Igualmente expresó su rechazo a la reforma el representante liberal Juan Carlos Losada, quien considera que la aprobación del proyecto es una clara ruptura del orden constitucional. Losada señaló que pensar en darle a la Comisión de Acusaciones funciones para juzgar a ese tipo de funcionarios es como dejar esos eventuales procesos sin juzgar. “¿Vamos a mandar a la señora procuradora a esa comisión, como si eso fueran mayores garantías que ir a la Corte Suprema de Justicia? Eso es una desinstitucionalización y orangután”, sostuvo.

Quien defendió el proyecto fue el representante de Cambio Radical César Lorduy, al asegurar que “alrededor de esos cargos debe ser válida la experiencia complementaria o la experiencia adicional que en otro tipo de actividades las personas que puedan aspirar a esos cargos tienen. Nada mal sería que el Contralor, por ejemplo, además de ser abogado pudiera tener experiencias relacionadas en materias contables o que el Defensor del Pueblo, además del requisito de ser abogado, pudiera tener una experiencia relacionada con la defensa de los derechos humanos”.

El proyecto por ser una reforma a la Constitución Política requiere de ocho debates, cuatro antes del 16 de diciembre y los otros cuatro entre marzo y junio del otro año. Su segundo debate, que es en la plenaria de la Cámara, se deberá estar dando antes de finalizar octubre y si logra ser aprobado de allí pasa al Senado./Colprensa

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