«No podemos acostumbrarnos a ver embarcaciones marítimas que naufragan»

95.000 migrantes, de los cuales cerca de 19.000 son menores de edad, han transitado por el cruce de la frontera entre Colombia y Panamá en lo que va corrido de este año. Una situación que tiene muy preocupadas a las autoridades pues algunos de ellos han fallecido, exponiendo su vida en un intento desesperado por llegar a sus destinos, y se presenta un represamiento de esta población en Necoclí (Antioquia).

Ante ese panorama, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo en entrevista con Colprensa habló sobre lo que está sucediendo y sobre el Encuentro Internacional de Defensores del Pueblo, que se realizará desde este miércoles en Cartagena, para intentar plantear soluciones a esta crisis.

También se refirió a la creciente violencia en el país y lo que se ha hecho frente al asesinato de dos jóvenes en Tibú (Norte de Santander).

-¿Cómo está la migración en Colombia?

Actualmente se presentan varias crisis de movimientos mixtos compuestos por migrantes, refugiados y otras personas con necesidad de protección internacional.  La venezolana, es una de ellas, e involucra a cerca de cinco millones de personas que cruzan en su mayoría por Colombia. Nuestro país alberga a más de 1.7 millones de ellos, de los cuales 759.584 son regulares y 983.343 están en situación de irregularidad.

Otra de estas crisis se presenta en el cruce de la frontera entre Colombia y Panamá, pues en lo corrido del año se registran aproximadamente 95.000 migrantes, de los cuales, según Unicef, casi 19.000 son menores de edad.  Ellos provienen de Asia, África, Europa y Latinoamérica y buscan llegar a los países del Norte. Estas personas, en un intento desesperado de llegar a su destino, también han atravesado la peligrosa selva del Darién, en donde han muerto al menos 50 migrantes entre enero y septiembre de este año.

– Ante este panorama usted ha anunciado que, desde el próximo miércoles en Cartagena, se realizará un Encuentro Internacional de Defensores del Pueblo, ¿De qué se trata?

Somos 22 defensores del Pueblo y directores de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente y algunos invitados de Europa, África y Asia, además de organizaciones internacionales y la cooperación internacional, todos con el objetivo de unir esfuerzos para hablar sobre migración y refugio.

Vamos a sentar unas bases sólidas, para que luego tomemos acciones entre todas las defensorías y nuestras decisiones sean globales a la hora de atender a las personas migrantes y refugiados, con un enfoque de derechos humanos. Asimismo, vamos a analizar situaciones como el represamiento de migrantes en Necoclí (Antioquia) en donde incluso estuvimos el pasado 4 de agosto con Zaida Elizabeth Rovira Jurado, Defensora del Pueblo de Ecuador; Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes Costa Rica, y Eduardo Leblanc González, Defensor del Pueblo de Panamá, para conocer en terreno lo que viven los migrantes en esa región.

-¿Qué resultados cree que traerá este encuentro para solucionar la crisis migratoria tanto en Colombia como en el Continente?

Una principal es que haya lo que he llamado una cruzada global, cuyo objetivo principal sea el respeto a la vida y a la dignidad humana. Este encuentro permitirá además afianzar los lazos ya construidos entre las Defensorías del Pueblo y la Defensa de los Derechos Humanos de los refugiados, migrantes y comunidades de acogida, ya que, al intercambiar información y experiencias, se hacen más efectivos los esfuerzos para que los procesos migratorios sean seguros, regulados y ordenados como centro de la misión defensorial.

Como lo dije en otra ocasión, no podemos acostumbrarnos a ver niños cuyos cuerpos quedan en las playas o camiones con seres humanos o embarcaciones marítimas que naufragan. Lo que queremos es que eso no se repita y que el Encuentro internacional repercuta en acciones y decisiones positivas por el respeto a la vida de los migrantes.

-Usted hablaba de la grave situación que se presenta en Necoclí ¿Qué reporte tienen en la actualidad sobre lo que está sucediendo allí?

Luego de la visita de varios Defensores del Pueblo a esta zona logramos que las cancillerías de Colombia y Panamá acordaran flexibilizar las medidas y dar más paso a embarcaciones, de manera controlada y segura para los migrantes.

Es un paso; pero sabemos que tenemos que trabajar en prevención y que las autoridades eviten que se abran rutas ilegales, para que no sucedan casos de naufragios como en el que fallecieron tres mujeres y hay cinco desaparecidos. Seguimos elevando el llamado a los gobiernos para una atención efectiva y humanitaria de esta crisis migratoria. Actualmente hay unos 10.000 migrantes en Necoclí y aunque el flujo ha disminuido un poco, porque llegan a diario unos 1.000 y salen unos 500, son muchos los frentes para trabajar en cuanto a atención humanitaria.

– Usted ha mencionado en repetidas ocasiones que las medidas adoptadas en Necoclí son insuficientes ¿Por qué? ¿Qué acciones se deben tomar?

Este año por esa zona del país han pasado al menos 95.000 migrantes que van hacia el norte del continente y de ellos, unos 19.000 son menores de edad. Por eso creemos que es prioritario que se abra un corredor humanitario para que puedan transitar en mejores condiciones y evitar que los criminales los maten o cometan más delitos en su contra.

También he dicho que este fenómeno no es solo una responsabilidad de nuestro país y que tenemos que trabajar entre todos los Estados para adoptar medidas urgentes que garanticen una migración legal y, ante todo, humana. Estoy seguro de que el encuentro internacional va a amplificar los llamados a los gobiernos y se podrán disminuir los riesgos y las dificultades que enfrentan los migrantes. No solo son los peligros por los difíciles terrenos que recorren paso a paso; sino por otros como la estigmatización, la discriminación, la exclusión y el abuso o explotación de las organizaciones criminales.

-¿Qué hacer cuando a pesar de sus esfuerzos los cancilleres parecen no escucharlos?

Insistir. Los derechos humanos no tienen fronteras. Con el respeto a la autonomía de los Estados, en las Defensorías del Pueblo seguimos trabajando para proteger a sus conciudadanos y a las familias que deben enfrentar tantos suplicios.

Queremos iniciar una cruzada global para garantizar una migración legal, ordenada y segura. Creemos que el respeto por la dignidad humana también es un objetivo común de los dirigentes y, en ese sentido, nos van a escuchar y más importante, van a actuar de manera coordinada para que los migrantes no sean vistos como un problema sino como seres humanos que un día tuvieron que tomar la decisión de llevar a sus familias a territorios desconocidos y difíciles, buscando un mejor futuro.

-Desde la Defensoría del Pueblo y con base en las alertas tempranas que han emitido ¿La violencia ha aumentado en el país?

Al preguntar sobre la violencia, esta tiene varias causas y desarrollos. En un balance que hicimos se informó que se han elaborado y emitido 218 alertas tempranas desde 2017 hasta la actualidad.

La Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas indicó que cuatro son de cobertura nacional y las otras 214 para 32 departamentos, una en el Distrito Capital, 313 para municipios y 11 en áreas no municipalizadas. La mayoría por hechos ocurridos en Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Bolívar y Norte de Santander. Los grupos armados ilegales más advertidos son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, que han sido incluidos en 125 alertas; luego el Ejército de Liberación Nacional (Eln) también en 125; las facciones disidentes de las antiguas Farc, 112; el Epl, 26, y otros grupos como Rastrojos, La Constru, Pachencas, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y el Bloque Virgilio Peralta Arenas, entre otros, en 13.

Estos grupos cometen delitos como homicidios, amenazas, extorsiones, lesiones personales, tortura, secuestro, desplazamiento, desaparición forzada, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes.

-Y en cuanto al desplazamiento y al confinamiento…

La Defensoría Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana entregó un informe para el trimestre de julio, agosto y septiembre pasados, en el que se indicó que ocurrieron 21 casos de desplazamiento forzado que obligaron a 15.644 personas a abandonar sus viviendas por acciones violentas de grupos armados ilegales. Además, en ese lapso fueron confinadas 10.065 personas por acciones violentas.

En total fueron 5.256 familias víctimas de desplazamiento forzado en doce municipios en Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. No pudieron movilizarse 10.065 personas en Caloto (Cauca); Acandí, Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Medio San Juan y Nuquí (Chocó); Tumaco (Nariño); Puerto Leguízamo (Putumayo) y Buenaventura (Valle del Cauca).

-¿Luego de varios días de lo ocurrido en Tibú que han sabido ustedes sobre lo que sucedió realmente?

Desde que se conocieron los hechos la Defensoría del Pueblo estuvo al frente del caso y ha acompañado a la familia del adolescente de 15 años que fue asesinado. Como era un joven proveniente de Maracaibo, en Venezuela, se hizo también una gestión para que la ONG Servicio Jesuita para el Refugiado, así como la ACNUR, puedan trasladar el cuerpo hacia ese país. También se realizó la gestión ante Medicina Legal para agilizar la entrega del cuerpo.

Se instó a la Fiscalía y a la Policía para desarrollar investigaciones que aclaren los hechos, teniendo en cuenta las versiones de la comunidad sobre la supuesta demora de las autoridades para detener y aprehender a los dos jóvenes, quienes habrían cometido un robo, y aquella que dice que quienes se los llevaron rápidamente fueron integrantes de grupos armados ilegales que luego los asesinaron.

/Colprensa