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Corte Suprema cita Karen Abudinen por contrato entre MinTic y Centros Poblados
A exministra TIC Karen Abudinen, quien firmó el contrato con la empresa del corrupto empresario Emilio Tapia, Centros Poblados, ha sido llamada por la Corte Suprema de Justicia.
´Algo habrá´, dijeron expertos abogados.
La exfuncionaria entregará su versión en el marco del caso que se adelanta contra varios congresistas.
La Corte Suprema de Justicia programó para el próximo 3 de noviembre la diligencia en la que escuchará la versión de la exministra de las Tecnologías de la Información (Mintic) Karen Abudinem por las irregularidades que rodearon el billonario contrato con la Unión Temporal Centros Poblados.
La declaración exministra será anexada a la indagación preliminar que adelanta la Corte contra cuatro congresistas por su presunta implicación en la adjudicación del contrato.
Se espera que Abudinem explique el proceso licitatorio que se llevó a cabo para la adjudicación del contrato, también podría hablar sobre las supuestas conversaciones que sostuvo con el congresista Armando Benedetti cuando se iba a adelantar la revocatoria de ese contrato.
Sobre ese caso, la Corte también evalúa escuchar en declaración a Emilio Tapia y Juan Carlos Ángel, quienes enfrentan un proceso penal por esos hechos y supuestamente conocerían de la presunta relación de los congresistas con el proceso licitatorio.
En una audiencia pasada, la Red de Veedurías Ciudadana decidió retirar las denuncias contra tres de los congresistas Daira Galvis, Mauricio Gómez Amin y Antonio Zabarain
La denuncia que se mantiene es contra el senador Armando Benedetti, que también fue nombrado en la denuncia que elevó a la misma Corte.
El proceso se encuentra en el despacho del magistrado Misael Rodríguez de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia quien evalúa revisar como pruebas las audiencias grabadas del proceso de licitación pública FTIC- LP-038 de 2020, “sobre los centros digitales de las zonas rurales del país por más de 2 billones de pesos”.
La denuncia también se refiere al Contrato Estatal de Aportes No. 1043 de 2020 que está en manos del Ministerio y el expediente del contrato sobre su etapa precontractual y contractual. Además, habla de las garantías bancarias que presentó Centros Poblados para quedarse con el contrato.
Cabe recordar que el polémico contrato, de 2,1 billones de pesos, pretendía conectar a más de 10.000 centros educativos ubicados en zonas apartadas del país.
Sin embargo, y a pesar de que la entonces ministra había prometido garantizar la conectividad de 8.786 colegios para el mes de octubre, a la fecha de la caducidad del contrato se había reportado un avance de menos del 2 %.
El encargado de ejecutarlo, la UT Centros Poblados, incluso presentó pólizas y certificados bancarios falsos para quedarse con la licitación, por la cual recibió un anticipo de $ 70.000 millones.
Hasta el momento, tres personas han sido imputadas por las irregularidades en la adjudicación del convenio.
Se trata de Emilio Tapia, Luis Fernando Duque -representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados- y Juan José Laverde -integrante de Rave Agencia de Seguros-./Colprensa
