¿Ayuda a la reactivación o golpe a la oposición?

Es una controversia política que se vio venir y se quedó, en especial porque el gobierno de Iván Duque fue el que promovió que se quedara, la reforma a la ley de garantías, en pleno proceso preelectoral para permitir que los alcaldes y gobernadores del país puedan suscribir convenios interadministrativos que permitan seguir las obras durante los meses en que se está en las elecciones.

La controversia se enmarcó en el artículo 125, el cual habilita los convenios interadministrativos, el cual llegó a las plenarias no sólo con el rechazo de los partidos de la oposición, sino con varios de los congresistas de la bancada del Centro Democrático que acogieron la directriz del expresidente Álvaro Uribe, quien le indicó a sus congresistas que no lo apoyaran.

Pero pudo más el poder del gobierno Duque, que logró en una reunión de bancada de los senadores y representantes para que quedaran en libertad sobre ese tema, por lo que en la noche del martes fueron varios los senadores y representantes los que le dieron el sí al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, para votar acompañar esa reforma a la ley de garantías.

El artículo a la postre quedó en ambas corporaciones, indicando que “con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, a partir de la publicación de la presente ley y durante la vigencia fiscal 2022, la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación”.

Y precisó además que ese artículo sólo modifica únicamente la parte pertinente al inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, es decir, no desmonta o acaba la ley de garantías como se ha señalado.

Sobre el tema, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, manifestó que se blindó el tema para que no vayan a desviar el propósito de eso convenios. “Es un artículo que amplía las facultades de los entes territoriales para suscribir convenios con el Gobierno Nacional, en un aspecto que se quiso dejar enriquecido delegando una vigilancia especial por parte de la Contraloría General de la República a todos los convenios que se hayan firmado en la vigencia de esa norma por un año y que no tumba la Ley de Garantías, como muchos lo han dicho”.

El ministro Restrepo precisó que el artículo 55 de la ley de presupuesto indicará que las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación que celebren contratos y convenios interadministrativos con entidades del orden territorial, y en donde se ejecuten recursos de partidas que correspondan a inversión regional, exigirán que para la ejecución de dichos proyectos, la entidad territorial publique previamente el proceso de selección que adelante en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), y solo se podrán contratar con Pliegos Tipo establecidos por el Gobierno Nacional.

Según Gómez, “lo que se hace es que se permite la firma de los convenios interadministrativos con dos efectos puntuales, un efecto de reactivación económica para las regiones y una manera de aliviar las condiciones con unos alcaldes que todavía no han cumplido dos años de mandato y han tenido año y medio de pandemia”.

La reforma fue defendida por uno de los ponentes, el senador Efraín Cepeda, quien igualmente consideró que “tiene todos los blindajes, debe ser publicado en el Secop, tiene pliegos tipo y vigilancia especial de la Contraloría General de la República. Pero además debo decir que esa Ley de Garantías es anacrónica, porque se instituyó para la reelección presidencial, pero la reelección ya no existe”.

Incluso aseguró el congresista que prefiere “la plata invertida en la gente y no guardada en los bancos que abusan siempre con los créditos. Yo prefiero la reactivación económica que la recesión, yo prefiero la generación de empleo que el desempleo”.