Contra la ‘pared’ dos directivos de Drummond y sus nexos con ‘paras’

La JEP ordenó su libertad luego de dar nombres de quienes, según él, estuvieron involucrados en el plan para irrigar dineros a paramilitares.

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió libertad condicionada al excontratista de la Drummond, Jaime Blanco Maya, por cuenta de sus aportes a la verdad, considerados satisfactorios para revelar el financiamiento de empresas como la Drummond a grupos paramilitares en Cesar.

De acuerdo con lo decidido por los magistrados y en la resolución, el compareciente en su explosiva declaración narró cómo con el jefe de seguridad de Drummond en Colombia el norteamericano James Atkins, según su versión, montaron una estructura de financiación a las Autodefensas por medio de su contrato, asignando una partida del mismo.

Según Blanco Maya, las AUC recibían 30 millones de pesos mensuales de su contrato con la Drummond: 5 millones que debía aportar él y el restante por medio de sobrecostos en otros convenios de la multinacional. Además, señaló que el dinero era entregado directamente a Jhon Jairo Esquivel «El Tigre», quien tenía ese encargo bajo la comandancia directa de Rodrigo Tovar «Jorge 40».

Asimismo, Blanco Maya relató la presunta participación que según él tuvieron el presidente de Drummond José Miguel Linares y el expresidente de la compañía Augusto Jiménez Mejía en ese entramado. Los dos fueron llamados a juicio por la Fiscalía el año pasado.

«…esa investigación se hizo con base al contrato que la Drummond tenía conmigo, como desenlace de esa investigación están vinculados a través de indagatoria todos los directivos de Drummond, el presidente actual, el expresidente, el vicepresidente, hay 8 personas vinculadas a indagatoria en ese proceso», dijo Blanco Maya en la JEP.

Sobre el asesinato de líderes sindicales, el excontratista reveló que el homicidio de los trabajadores de la Drummond Valmore Locarno y Víctor Orcasita no tuvo como motivo proteger su contrato de alimentación, sino que se adelantó en una «operación antisubversiva» derivada de información relacionada con que supuestamente eran cercanos a las Farc y el Eln.

Asimismo, confesó que las investigaciones por el asesinato de otros seis sindicalistas a partir del año 2000 fueron desviadas para proteger los intereses de la multinacional. Según Blanco, los crímenes fueron perpetrados por orden de Rodrigo Tovar «Jorge 40» y en un «pacto de contribución» de la multinacional con las Autodefensas en la «lucha antisubversiva».

Pero todo no termina ahí; de acuerdo con lo expresado por Blanco Maya, del contrato con la empresa Secolda que prestaba seguridad a la Drummond, también salían dineros para financiar a los paramilitares.

En sus distintas comparecencias ante el tribunal, Blanco Maya, adicionalmente, dio nombres de parapolíticos beneficiados durante las elecciones de 2000 a 2010 al Congreso de la república y la gobernación del Cesar.

Además, a juicio de la sala superó el umbral de lo fijado en su plan de verdad revelando que fungió de intermediario con los frentes Francisco Javier Castaño y Domingo Berrío de las Farc que exigían 5.000 dólares mensuales para «dejar trabajar» en la construcción de la vía de la mina hasta el puerto de la Drummond en Santa Marta. Lo anterior cuando era contratista de la empresa Gecolsa en la obra adelantada por la multinacional Odebrecht.

Todo lo anterior, a juicio de la Sala, permitió establecer que sus contribuciones con la JEP hasta el momento han sido satisfactorias y además no fue contradictorio, porque sus confesiones influyeron incluso en que el actual presidente de la compañía esté ad portas de ir a juicio.

«…el relato de verdad que ofrece el compareciente no solo reafirmó situaciones que sirvieron para que la Fiscalía profiriera el escrito de acusación contra directivos de la Drummond, sino que aportó nueva información sobre asuntos que no se conocían o no habían sido desarrollados ante la jurisdicción penal ordinaria», indicaron los magistrados.

Asimismo, el compareciente entregó información sobre la concesión del título de la mina ‘El Hatillo’ a la empresa público-privada ‘El Carbón’, señalando la injerencia que las AUC habrían tenido en esos hechos y el favorecimiento posterior que la venta de esas acciones representó (según él con intervención de los paramilitares) para el Sindicato Antioqueño./ Con apoyo de la Wradio