Acusan a gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo, de corrupción en el PAE

El Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco fue acusado formalmente ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por presuntas irregularidades en el contrato de alimentación escolar (PAE) durante su primer periodo, en el año 2015.

La Fiscalía lo acusó por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

Los hechos tienen relación con un contrato suscrito entre la Gobernación del Cesar y el Consorcio de Alimentación Escolar A Salvo, por un valor que alcanza los 17.140 millones de pesos, mismo que tuvo un plazo de ejecución de 59 días.

“En las verificaciones, la Fiscalía identificó, por lo menos, nueve inconsistencias como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación. Las investigaciones dan cuenta de que estas actuaciones habrían generado un peculado que asciende a $3.172.808.072″ señala la Fiscalía.

Según la Fiscalía General, para argumentar los sobrecostos, se facturó el kilo de hígado por 65.406 pesos pese a que en el mercado tiene un valor de $14.000.

En la ejecución del contrato también se presentaron graves irregularidades relacionadas con la entrega de alimentos en mal estado y a punto de pudrirse. Este fue el caso de la Institución Educativa Distrital Sagrado Corazón en Aguachica.

“Reiteradamente habían quejas de parte de familias y de estudiantes, porque se servían raciones pequeñas, porque se repetía el menú, en otro caso se informó que las raciones eran preparadas en las cocinas de las manipuladoras (de alimentos), o que las cocinas de los colegios no cumplían con las condiciones sanitarias adecuadas para la preparación de los alimentos. En algunas oportunidades, los estudiantes debían desplazarse hasta la casa de las manipuladoras para tomar sus alimentos, a pesar de haberse exigido las condiciones de disponibilidad entre los vehículos adecuados para el transporte de alimentos», señaló el fiscal.

En la diligencia realizada este lunes, el fiscal del caso señaló que a pesar de que el hoy gobernador en su momento delegó todo lo que tiene que ver con el contrato, ese hecho “no lo exime de responsabilidad”.

“Él era el llamado, en principio, a liquidar el contrato y el hecho que lo haya delegado no lo exime de responsabilidad por ser el representante de la entidad territorial y el ordenador del gasto”, dijo el fiscal.

Este mismo contrato, que hoy tiene el gobernador en detención domiciliaria, está en la mira de la Procuraduría y la Contraloría General.

/Colprensa