Registraduría arranca compra de software para escrutinio de elecciones  

Con el objetivo de dar mayor transparencia en el proceso electoral del Congreso de la República en marzo y de Presidencia de la República en mayo y junio de 2022, la Registraduría Nacional abrió éste martes el proceso con el cual se adquirirá el software propio de la entidad para el escrutinio.

La compra del mismo se tomó con base en la sentencia que emitió el Consejo de Estado de hace dos años cuando ordenó a la organización electoral tener un propio software, con el cual se tenga una mayor transparencia en las elecciones y no se vuelvan a registrar situaciones como del pasado cuando partidos como Mira y Colombia Justa Libres, perdieron curules al Senado en el proceso de escrutinio.

El registrador nacional, Alexander Vega, señaló además que esto hace parte del cumplimiento de dar mayores garantías electorales a la oposición, “todas las garantías están dadas. La oposición pidió tres cosas: Misión de Observación Electoral, software propio de escrutinios y el plan de auditorías. Así que cuentan con todas las garantías”.

Precisamente Vega ya tuvo un encuentro con la misión de observación electoral que enviará la Unión Europea para acompañar todo el proceso electoral del 2022, con quienes determinó cómo será el trabajo de acompañamiento para las elecciones que se harán en 2022, los cuales están enfocados a brindar garantías a todos los sectores políticos. Ratificó además que las justas del 2022 contarán además con misiones de la OEA y el Centro Carter.

Según Vega, “hace unos meses se nos aceptó la Misión de Observación Electoral y el nuevo embajador de la Unión Europea ante Colombia se hizo presente porque se autorizó la misión de exploración de carácter técnico y político. Tenemos el trabajo organizado para que estén en las elecciones del Congreso y presidenciales”.

Frente a los cuestionamientos que se han hecho desde la oposición que considera en algunos de sus sectores que la organización no está suministrando las garantías mínimas para las elecciones, Vega la rechazó y les dijo que si así lo piensa, lo mejor es que se retiren. “Ese manto de duda del fraude electoral no es cierto. El que no sienta garantías o crea que le harán fraude, pues no debería presentarse”, indicó en declaraciones a los medios.

Un anunció más de transparencia electoral, es que se continuará con la depuración del censo electoral para evitar que haya suplantación u otro tipo de delitos electorales. Vega indicó que en un trabajo conjunto entre la Registraduría Nacional y la Superintendencia de Notariado iniciaron la revisión de posibles irregularidades en registros civiles de extranjeros en más de 100 notarías del país.

Esto se hace para identificar y posteriormente anular posibles documentos falsos de extranjeros que son parte del censo electoral en Colombia. Por estos hechos fueron abiertas investigaciones en contra de unos 100 notarios en todo el país por presuntas irregularidades en el trámite de documentos de identificación de extranjeros.

La investigación arrancó en la Notaría Primera del Distrito de Bogotá, donde se conocieron algunas denuncias por posibles trámites irregulares de registros civiles.

TAMBIÉN EL CNE 

La misión electoral de la UE también se reunió con el Consejo Nacional Electoral en cabeza de su

presidenta Doris Ruth Méndez Cubillos, con el fin de evaluar la posibilidad de llevar a cabo una misión de observación en el territorio colombiano, para los procesos electorales de Congreso y Presidencia en 2022.

Según la presidente Méndez, “para el CNE es fundamental unir esfuerzos con entidades tanto nacionales como internacionales, con el firme propósito de contribuir en la construcción de procesos electorales más eficientes, enmarcados en la transparencia y el fortalecimiento de la participación democrática, teniendo en cuenta que la misión del Órgano Electoral es promover la sostenibilidad democrática, a través del diseño e implementación de mecanismos eficientes y oportunos de control, inspección y vigilancia de la actividad electoral, el accionar de los actores que intervienen en los procesos electorales, así como la protección de los derechos de la oposición”.