Procuraduría formula pliego de cargos a gobernador de Arauca, José F. Castillo

Los líos con la justicia que enfrenta el Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, por presuntamente haber entregado durante casi una década contratos estatales a personas vinculadas con la guerrilla del ELN, no paran.

Hace solo dos días la Fiscalía, solicitó ante el Tribunal Superior de Bogotá enviarlo a la cárcel, argumentando que durante sus dos períodos como gobernador (2012 – 2015 y 2020 – a la fecha), habría pactado un acuerdo financiero, a través de contratos estatales, con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz, para que continuaran con su actuar delincuencial, a cambio de logística y protección militar para su seguridad y desplazamientos por los municipios de la zona, para lo que se reunió con altos mandos del ELN en Arauca y Venezuela.

Ahora, la Procuraría anunció que también formuló un pliego de cargos en su contra y que tiene bajo la lupa al mandatario que permanece detenido en el Búnker de la Fiscalía.

El pliego de cargos de la entidad de control detalla que además de investigar a Castillo Cisneros, también formularon cargos contra el exsecretario de Educación del departamento, Temístocles Perea Pedroza; el supervisor del contrato, Óscar Iván Díaz Rodríguez, y la representante de la firma interventora Inar Group Ltda, Ligia Inés Ramírez Rodríguez.

De acuerdo con el Ministerio Público, lo anterior, por presuntas irregularidades en la liquidación del contrato firmado para la construcción del coliseo José Eustasio Rivera, en el municipio de Saravena, en hechos ocurridos entre 2012 – 2015.

“Aparentemente se habría suscrito el acta de liquidación bilateral y ordenado el pago del saldo final del contrato, sin que los trabajos se hubiesen ejecutado en su totalidad. Además, al parecer no se ejerció el debido seguimiento al desarrollo de la obra, la cual fue recibida a satisfacción sin que fuera terminada de acuerdo con las condiciones fijadas en el contrato”, señaló la Procuraduría.

Para el órgano de control, con la conducta de los funcionarios se habrían vulnerado los principios que rigen la contratación estatal.

Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta conducta del gobernador Castillo Cisneros como una falta gravísima cometida a título de culpa grave.

Por su parte, el exsecretario de Educación Perea Pedroza y el supervisor de la obra Díaz Rodríguez habrían incurrido en una falta grave a título de culpa grave.

Finalmente, el órgano de control calificó la aparente falta de la representante de la firma interventora, Ligia Inés Ramírez Rodríguez, como una falta gravísima cometida a título de dolo.

/Colprensa