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Condenan a la nación por chuzadas al Cinep

 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Estado por las chuzadas que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), realizó al Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), y ordenó reparaciones.

Estos hechos vulneraron derechos como la intimidad, la seguridad personal, la inviolabilidad de documentos privados y correspondencia, y el buen nombre del Centro y de sus integrantes.

De acuerdo con un comunicado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), este organismo demandó al DAS, desde 2011, por considerar que las actividades de inteligencia ilegal que adelantaba dicha institución en contra del Cinep y sus integrantes atentaban contra sus derechos. Estas actividades incluyeron perfilamientos, interceptaciones ilegales de comunicación y actividades de seguimiento.

“Recibimos esta condena y posibilidad de reparación como un acto de justicia que, más de una década después, demuestra que los defensores de derechos humanos han sido históricamente estigmatizados y que sus derechos han sido violados”, asegura Martha Lucía Márquez, directora del Cinep en el comunicado.

Por su parte, Gustavo Gallón, director de la CCJ, en el documento expresó que “la presente sentencia constituye una enseñanza para la sociedad y el Estado, y se convierte en un logro significativo en la protección de los derechos humanos; además, configura un precedente sustancial en la protección de los derechos de las organizaciones sociales”.

El comunicado señala además que para ambas organizaciones, que el Estado colombiano sea condenado y obligado a reparar a una organización social por perseguirla y estigmatizarla permite recordar que los gobiernos deben respetar el Estado social de derecho y garantizar los derechos fundamentales a toda la ciudadanía, incluidos sus críticos y sus opositores.

«No obstante, persiste la preocupación por la ausencia de garantías para los derechos a la vida, a la movilización social y la paz en la actualidad, y por el respeto a las organizaciones sociales en el actual gobierno, del mismo grupo político de quienes hoy son declarados culpables, porque hechos como los que fueron objeto de la sentencia todavía se siguen presentando», señaló la organización.

/Colprensa

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