La JEP es prenda de garantía para que no intervenga la CPI: presidente de la JEP

La Corte Penal Internacional, CPI, decidió cerrar el examen preliminar que tenía sobre Colombia desde el año 2004 por delitos de lesa humanidad cometidos en el territorio nacional, por miembros de las Fuerzas Militares, paramilitares y militantes de las Farc y el ELN.

El acuerdo firmado este jueves por el fiscal e la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y el presidente Iván Duque, donde este último se comprometió a seguir apoyando a la JEP y garantizar que reciba el espacio que necesita para realizar su trabajo, apoyar el proceso del acuerdo de paz y asegurar que las entidades no tengan interferencias al realizar su trabajo.

Este espaldarazo fue agradecido por el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, quien dijo que es gracias a los avances innegables de la Jurisdicción y de otros organismos judiciales en la lucha contra la impunidad, que la Corte Penal Internacional alcanzó la tranquilidad y la confianza requeridos para tomar una determinación histórica como la que hoy fue anunciada.

“Este es un voto de confianza para la Jurisdicción Especial para la Paz, solamente bastó que se iniciara hace tres años el trabajo de la JEP y esta mostrará resultados, para que efectivamente se le pusiera término a esa investigación preliminar”, dijo el magistrado Cifuentes en el marco de una rueda de prensa.

Agregó que de ninguna manera debe entenderse esta decisión como el retiro de la CTI del país, porque por el contrario esta va a permanecer en estrecho contacto con la JEP, manteniendo una vigilancia distinta sobre lo que aquí suceda, basada, a partir de hoy, en una mayor confianza en la jurisdicción transicional colombiana y en las expectativas de justicia genuinas que esta genera.

“La JEP en diferentes planos mantendrá comunicación permanente con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y, por su parte, esta última estará presta a complementar su misión en caso de que el Estado colombiano incumpla sus obligaciones internacionales”, dijo la JEP por medio de un comunicado.

Por otra parte, la JEP agregó que el principal punto que se firmó en este acuerdo dice que para cumplir sus deberes bajo el Estatuto de Roma, Colombia debe, en primer lugar, garantizar el marco constitucional y legal de la JEP, y evitar cualquier interferencia en sus funciones.

De esta forma, la estructura prevista en el Acuerdo Final, la composición, funciones y las instituciones de la Jurisdicción ahora concretan el derecho penal internacional en nuestro país, por lo que según la JEP, no es posible alterarlas sin activar una competencia más decidida de la Fiscalía de la CIP.

“Si hay un cambio en esa circunstancia, que es precisamente el estatus constitucional y la actual estructura de la Jurisdicción Especial para la paz inmediatamente intervendrá el fiscal (…) y esta es la prenda de garantía para que no intervenga la Corte Penal internacional”, dijo el magistrado Cifuentes.

Este agregó que el proyecto que ha radicado el Centro Democrático en el congreso para alterar la estructura de la Jurisdicción Especial, “es una afrenta directa a este acuerdo, un proyecto de esos inmediatamente pondría en acción a la Corte Penal Internacional”, alertó.

La JEP agregó que otro punto plasmado en el acuerdo y que podría ordenar la reapertura del examen preliminar o incluso iniciar una investigación formal, es no garantizar la seguridad de las víctimas y de los comparecientes ante la JEP, por lo que se deben“implementar todos los puntos pendientes del Acuerdo de Paz. Especialmente, aquellos encaminados a ponerle fin a la violencia”, agregó la JEP.

La Jurisdicción también dijo que el estado colombiano contrajo la obligación de proveerle a la JEP el presupuesto que exige su implementación. Por consiguiente, el Gobierno nacional asume con este acuerdo la responsabilidad de proponer la asignación presupuestal que razonablemente le solicite la Jurisdicción en las sucesivas vigencias por venir, y el Congreso, de buena fe, ha de cumplir con su parte.

En lo acordado quedan, igualmente, las obligaciones de cooperación y coordinación plenas entre todas las ramas y órganos del poder público, especialmente de la Fiscalía General de la Nación, con la JEP, lo que quiere decir “que Colombia solo honrará sus compromisos con el derecho penal internacional, si el Estado como un todo ofrece a la JEP la cooperación que requiera el cumplimiento estricto de sus funciones, y en particular si la Fiscalía General de la Nación pone a su disposición sus capacidades investigativas sobre los crímenes más graves y representativos, y al servicio del esclarecimiento de la verdad de los hechos del conflicto”, añade el comunicado.

En el caso de las sanciones restaurativas, denominadas como propias, el referido compromiso consiste no sólo en evitar interferencias, sino también en proporcionar toda la infraestructura financiera e institucional requerida para implementar un novedoso esquema penitenciario, estrictamente ajustado a las exigencias del ordenamiento penal internacional.

Por último la JEP agregó que si durante el monitoreo estricto que la JEP va a adelantar sobre los compromisos suscritos entre el Estado colombiano y la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, observa el desconocimiento de cualquiera de ellos, hará uso inmediato de un canal de comunicación directo y eficaz, que creó dicho acuerdo, con el fin de alertar al Fiscal sobre esos graves hechos y solicitar, si es el caso, el ejercicio expedito de sus plenos poderes de persecución penal internacional.

/Colprensa