DIARIO DEL MAGDALENA
Periódico de Santa Marta

Niegan suspensión de reglas para depurar archivos de inteligencia

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El Consejo de Estado negó la solicitud que buscaba suspender las reglas que impuso el Gobierno Nacional para depurar la información de inteligencia y contrainteligencia que acopiaran los organismos de seguridad estatales, mientras se emitía un juicio en torno a la legalidad de estos actos administrativos.

La decisión se dio tras estudiar una demanda que fue presentada con la intención de que el acto administrativo fuera retirado del ordenamiento jurídico. Además, los demandantes solicitaron que se suspendiera el Decreto, mientras el Consejo de Estado se pronunciaba de fondo sobre su legalidad.

A juicio del demandante, el acto nació a la vida jurídica sin competencia de la entidad; sostuvo que el acto demandado se fundamentó en la ley de inteligencia y contrainteligencia (Ley 1621 del 2013), cuyo artículo 30 establece la creación de la Comisión Asesora para la Depuración de Datos y Archivo de Inteligencia y Contrainteligencia (CAD); sin embargo, el demandante considera que el Gobierno ignoró las recomendaciones de ese organismo frente a la regulación de este tipo de actividades.

En la demanda, se aseguraba que no se tuvieron en cuenta las observaciones de la CAD sobre la necesidad de contar con un organismo de depuración de información de inteligencia y contrainteligencia de carácter civil e independiente del gobierno.

“i)suspender la eliminación de documentos durante, por lo menos, 10 años; ii) establecer criterios de legalidad para depurar, mantener o retirar archivos, especialmente los relacionados con derechos humanos que tengan un valor histórico, sin que sea posible destruir sus soportes; iii) remitir los documentos a la entidad de destino observando algunas recomendaciones”, se afirmaba en la demanda.

El Consejo de Estado negó la solicitud de la medida cautelar de suspensión provisional. Sostuvo que, para determinar si esta procede por el supuesto desconocimiento de normas superiores en las que se funda el decreto, es necesario examinar los antecedentes del acto administrativo, así como el informe de recomendaciones de la CAD.

Indicó que el demandante tenía la obligación de aportar este material probatorio y que las entidades accionadas tampoco lo hicieron. Dado que, cuando se examina una supuesta desviación de poder, como en este caso, es necesario exponer ante el juez, de manera incontrovertible, que los motivos de la administración no corresponden a los previstos en la ley y en esta oportunidad “no es posible verificar los antecedentes del acto, por cuanto el estudio deberá adelantarse en las siguientes etapas del proceso”.

Así las cosas, la corporación judicial negó la solicitud de suspensión de los efectos del mandato accionado.

/Colprensa

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