DIARIO DEL MAGDALENA
Periódico de Santa Marta

Violencia y criminalidad ciudadanas: nula respuesta gubernamental

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Si los organismos del Estado manifiestan que la percepción de la inseguridad ciudadana está cercana al 70%, sumándole los márgenes de la precaria credibilidad que dichos organismos tienen frente a la sociedad (Dane, Icbf, Planeación Nacional, gobiernos descentralizados, fuerza pública, etc.), es fácil concluir entonces,  que la totalidad de la población civil, sin hacer mayores consultas o encuestas, siente hoy en peligro total sus derechos humanos, que son sus derechos mínimos,  entre ellos, el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a sus bienes, a su integridad física, a la conservación de la familia, la intimidad, etc.

No pueden disimularse o esconderse en los tiempos actuales, los desbordados índices de criminalidad y violencia que el ciudadano común enfrenta en la calle, en su hogar, en los medios de transporte, en los lugares de diversión o entretenimiento, hasta tal punto, que el clamor de la sociedad porque la autoridad estatal  -llámese municipio, distrito, departamento, ministerios, departamentos administrativos, organismos de salud,  le brinde amparo al ciudadano, porque está totalmente  desprotegido,  porque no encuentra destinatarios de apoyo o socorro y el delincuente lo sabe,  parece llegar a oídos sordos, pues ni se ven ni se sienten políticas serias  que enfrenten los desafíos que debe provocar este estado de alarmante inseguridad. En cualquier parte y a cualquier hora, te amenazan, te roban, te atracan, te asaltan tu vivienda, te quitan la vida por tonterías, te agreden, en fin, eres hoy una víctima permanente de la violencia y la criminalidad galopante.

Cada día sentimos, mucho más ahora en tiempos de pandemia, que la criminalidad organizada le gana abrumadoramente los espacios a la autoridad y por consiguiente a las insuficientes políticas de prevención, reducción y sanción del delito. Sabemos de los tenues esfuerzos que a nivel mundial se vienen haciendo por encontrarle a este estado de violación de los derechos mínimos del ser humano, una cura radical para proteger la vida, honra y bienes esenciales de los ciudadanos, como obligación mínima de cualquier gobierno democrático, a través de la promoción de programas de socialización, prevención, disuasión de los factores de criminalidad, pero es bueno decirlo en Cristiano:  Por ahí andan en papeles oficiales esos programas, o soñando en computadores estatales, o en manos de la corrupción, que es otra forma generadora de violencia.

Repetir, como desde hace algún tiempo lo venimos escuchando en los discursos políticos,  que mientras el Estado y la sociedad civil  no se comprometan en brindarles a los ciudadanos  reales políticas públicas  de una justicia atendida pero  eficiente, educación gratuita y empleo para los más necesitados, verdaderos programas sociales para combatir la discriminación social,  los ciudadanos no vamos a poder disfrutar de nuestros sagrados derechos a la vida, la libertad y bienes, porque estos derechos  serán perseguidos por los actores de la violencia y el delito, normalmente para satisfacer sus propias necesidades y en muchos casos para cubrir las desigualdades que  la sociedad les plantea.

Hace algunos días escuchamos que cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que procura eliminar de los textos legales los beneficios o subrogados penales a los delincuentes que reincidan,  y establecer  un registro o “lista negra de delincuentes reincidentes”, para que la sociedad los identifique,  confinándolos en las cárceles sin ningún tipo de libertad o beneficios,  remedio que considero peor que la enfermedad, en cuanto traslada a la justicia penal la solución del problema, afecta otros derechos fundamentales, y especialmente subroga o reemplaza la obligación del Estado y los organismos gubernamentales,  de promover y ejecutar, como hemos dicho, planes y  políticas efectivas  de empleo, educación integral y completa, servicios públicos accesibles,  igualdad,  seguridad en los barrios, en los corregimientos,  en todos los municipios y distritos de Colombia, para todos los indefensos ciudadanos.

Que la autoridad recuerde que nos encontramos a merced de la criminalidad y la violencia, como consecuencia de la fragilidad  y de la ineficacia de nuestras instituciones.

*Abogado y profesor universitario. 

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